España puede estar discriminando a los prejubilados que han trabajado en el extranjero

La Seguridad Social lleva años impidiendo que muchos españoles que han trabajado en el extranjero, incluso en la propia Unión Europea, puedan utilizar sus años cotizados allí para acceder a una jubilación anticipada. El Tribunal de Justicia de la UE, según los juristas consultados, va a desautorizar su posición.

La situación podía bordear el absurdo. Por ejemplo, un español de 60 años que ha cotizado veinte años en Francia y 15 en España, y que cumpla todos los demás requisitos legales, no puede disfrutar de la jubilación anticipada en nuestro país, porque se le va a computar solo su experiencia laboral española… y con ella no llegará, seguramente, a la pensión mínima.

Como recuerda Jesús Ramírez, responsable del Departamento Laboral de Reclamador.es (@reclamador), esto no solo afecta a los nacionales que hayan desarrollado parte de su trayectoria profesional fuera de nuestras fronteras pero dentro de la UE. También hay que incluir a los que se hayan desempeñado laboralmente en los otros 23 estados – casi todos los miembros del continente americano (Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, etc.) entre ellos– con los que España ha firmado un acuerdo bilateral en materia de cotización a la Seguridad Social.

Arantxa Jaén (@jaenpedrero), abogada directora del bufete Jaén Pedrero y miembro de la red ABAFI, recuerda cómo ha saltado la liebre. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pedido que el tribunal europeo se pronuncie sobre el caso de dos españoles que trabajaron durante años en Alemania y que ahora han demandado a la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social, porque no les dejan jubilarse anticipadamente. Como respuesta a los magistrados gallegos, el TJUE empezó a estudiar el pasado 11 de julio si la Ley General de la Seguridad Social contradecía el derecho comunitario y, por lo tanto, era ilegal.

Lo más chocante es que la ley, en sí misma, no dice nada de las jubilaciones anticipadas de los profesionales que trabajan fuera. María José Lunas, socia directora de Lunas y Asociados Estudio Jurídico Internacional (@LunasAsociados), asegura que “la norma es correcta” y que  “la interpretación de la administración española restringe derechos erróneamente”. La experta lo atribuye más “a un escasa formación internacional por parte de los funcionarios”. No tuvieron en cuenta que nos encontramos en la Unión Europea, que ésta garantiza la libre circulación de trabajadores y que las restricciones sobre la jubilación anticipada limitan rotundamente esa libertad.

¿Y no podría ser que la Seguridad Social hubiera interpretado la norma con la intención, como es habitual, de pagar lo mínimo imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema? Ningún experto descarta la posibilidad, pero lo cierto es que, según Lunas, “la administración se ha equivocado negándoles la jubilación anticipada diciendo que no llegaban a la pensión mínima”. Esto se suele hacer, sigue la experta, para animar a la gente a que siga trabajando y para reducir los casos en los que el estado se ve obligado a intervenir para complementar unas pensiones mínimas que no dan para vivir.

Jesús Ramírez, de Reclamador.es, recuerda que no había necesidad. Los profesionales llegaban seguramente a la pensión mínima con sus cotizaciones en Alemania y España y una parte de su pensión la iba a pagar el estado alemán. Al fin y al cabo, advierte, “dos de los principios básicos del marco de las pensiones europeas son que cada estado se hace cargo de los años cotizados que le correspondan y que se tienen que sumar las cotizaciones de todos los países para calcular las prestaciones”.

 

Graves consecuencias

Esa interpretación errónea y restrictiva de la Seguridad Social ha podido provocar importantes consecuencias en los últimos años en toda España. Karen Santarrufina, directora del área de Derecho Laboral en Durán & Durán Abogados (@DDuranabogados), admite que “se habría limitado la protección social ligada al estado del bienestar y, además, se habría discriminado y penalizado a los trabajadores emigrantes”. Y esto después de una crisis donde miles de personas se han visto obligadas a hacer las maletas.

En paralelo, añade la experta, “los que se fiaron del criterio de la Seguridad Social y no denunciaron, si han pasado determinados plazos, puede que hayan perdido la oportunidad de acceder a la jubilación anticipada a la que, probablemente, tenían derecho”. Por si esto fuera poco, en caso de que sigan dentro del plazo para reclamarla, la Seguridad Social no está obligada a informarles de que su interpretación anterior era ilegal.

De todos modos, la abogada, añade un punto de precaución. “No sabemos con seguridad lo que va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque lo más probable es que les dé la razón a los trabajadores gallegos”. Ciertamente, todos los juristas consultados en este reportaje coinciden en que su decisión debe ser favorable, pero los jueces a veces dan sorpresas. Jesús Ramírez, de Reclamador.es, explica que podrían fundamentar una decisión negativa para los trabajadores “diciendo, por ejemplo, que no cumplen este o aquel requisito de la jubilación anticipada en Alemania”.

Al margen del caso concreto de los trabajadores gallegos, existen otras incógnitas para los próximos años. Por ejemplo, recuerda Ramírez, “hay países donde las jubilaciones anticipadas no existen y en los que, por lo tanto, los estados podrían poner pegas para pagar a los cotizantes que quieran acogerse a una de ellas en España”. Y como colofón, queda la incertidumbre sobre lo que acontecerá con el Brexit. ¿Se hará cargo Reino Unido de los años cotizados de los españoles que trabajaron allí incluso si el divorcio se produce unilateralmente y sin acuerdo entre Londres y los socios europeos? Los juristas consultados, nuevamente, creen que es lo más probable, pero nadie está totalmente seguro. Las dudas, en consecuencia, planean sobre las cabezas de miles de españoles como una espada de Damocles.