"España tendrá que pagar con impuestos el desequilibrio de las pensiones", advierten expertos

Crece el agujero de las pensiones, con un déficit contributivo anual de 28.401 millones

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Desde el 1 de enero de 2022 estará en vigor la ley de reforma de las pensiones, y con ella el nuevo método de revalorización de las pagas de los jubilados, que de ahora en adelante se actualizarán en función de la tasa de IPC medio anual. Esto supone un cambio de paradigma, ya que hasta la fecha, el instrumento para equilibrar el sistema era el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), y en adelante "pasará a ser la aportación del Estado vía transferencias, lo que supone simplemente un cambio interno de localización del déficit, pasando de la Seguridad Social a la Administración General del Estado", advierte un informe del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson (@WTWesp).

Los expertos explican que en el futuro iremos viendo cómo va desapareciendo el déficit por operaciones no financieras (el dato oficial, que ofrece el Ministerio, y donde incluye las transferencias internas del Estado), ya que está previsto que el Estado absorba todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023. "Esto supone financiar el déficit contributivo mediante préstamos o transferencias extraordinarias del Estado, trasladando el déficit de la Seguridad Social al Estado", critica el informe de Willis Towers Watson.

En cambio, no ocurrirá lo mismo con el déficit contributivo (en su cómputo solo se incluyen los ingresos por cotizaciones y los gastos contributivos), cuyo cálculo se hace muy necesario para "saber realmente cuál es la situación del sistema de pensiones contributivo". Tal y como explica Rafael Villanueva, consultor senior de Willis Towers Watson, “la ciudadanía debe conocer los efectos de esta práctica, que consiste en trasladar el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones (afiliados y pensionistas) a toda la sociedad, la cual, en la parte que se recurra al endeudamiento, deberá hacer frente con impuestos, presentes o futuros, al desequilibrio del sistema.” 

El 'agujero' contributivo no baja de 28.000 millones

El déficit contributivo de la Seguridad Social se mantiene en una cifra muy elevada, de 28.000 millones de euros, pese a que continúa corrigiéndose y muestra un descenso con respecto al segundo trimestre de 2021. En cualquier caso, como aclara Enrique Devesa (@DevesaCarpio), coordinador del estudio y miembro del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, “la corrección del déficit no será completa porque una parte de la mejoría será absorbida por la salida de los ERTE y no por la creación de nuevo empleo, siendo ya imposible bajar del 2% del PIB a finales de 2021 (y era del 1,59% a finales de 2019, antes de la pandemia)”.

Pese a estas nuevas maniobras contables vía transferencias del Estado, y a la desaparición del IRP como instrumento de control y estabilización del sistema de pensiones público, estos expertos seguirán calculando el déficit contributivo. Tal y como explica Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de la consultora, “seguiremos calculando el déficit contributivo ya que creemos que los impuestos deberían servir para pagar gastos no contributivos, ligados a la solidaridad o justicia social, y no a pagar gastos contributivos, lo que llevaría, en última instancia, a un sistema fiscal menos progresivo”.

Balance del recién derogado IRP

Los expertos de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura, han realizado asimismo un balance del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que queda formalmente derogado tras la publicación en el BOE de la ley de reforma de las pensiones. Este indicador ya extinto se sitúa en el 0,34% tras la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2021.

"La cifra es notablemente mejor que la de 2021, cuando se situó en el -1,36%, e indica una mejor situación financiera del sistema de pensiones español debido a las transferencias extraordinarias del Estado, primero para compensar los efectos económicos asociados a la Covid-19 y, en 2021, como mandato del Pacto de Toledo", detalla el informe. "También influye el que la media de 11 años que se contabiliza empiece en 2017, dejando atrás los años anteriores de bajo crecimiento asociados a la crisis financiera de 2008".