Los expertos avisan: dejar al País Vasco gestionar sus pensiones rompe la unidad de caja del sistema

Solo Madrid, Baleares, Murcia y Canarias podrían pagar las pensiones con sus cotizaciones

En España hay tan solo 2,14 trabajadores por cada pensionista

¿Sabes cuáles son los derechos de los pensionistas?

 

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministra de Política Territorial y Función Pública (@territorialgob), Carolina Darias (@CarolinaDarias), se ha comprometido a responder, el día 20 de febrero, si ve posible ceder al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; una materia que desde Euskadi reivindican desde hace años y que figura dentro de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika, del año 1979. 

En efecto, la ministra Darias insinuó hace unos días que no cierra la puerta a dicho traspaso, tras la reunión mantenida con el consejero vasco de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka (@jerkoreka). El apoyo prestado por el PNV al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha reforzado la posición negociadora de los vascos. 

Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cuyo frente se halla José Luis Escrivá (@joseluisescriva), ha declinado ofrecer su posición oficial a este respecto, fuentes oficiosas cercanas al ministerio han apuntado a 65Ymás que “no va a haber ninguna novedad sustancial en este tema. Trabajamos desde la más absoluta tranquilidad y la prioridad es que eche a andar el Pacto de Toledo para debatir allí las medidas y reformas que necesita el sistema de pensiones”.

Sin embargo, el debate, y aun la polémica, están sobre la mesa. De materializarse la mencionada cesión de competencias, los expertos consultados por 65Ymás advierten de varios riesgos: la ruptura de la caja única de la Seguridad Social; la posible erosión de la solidaridad entre automonías; el peligro de sentar un precedente y que otras comunidades autónomas reclamen gestionar sus propias cuentas; e incluso introducir más ineficacia en la administración de los recursos del Estado.

¿Qué significaría ceder la gestión económica de las pensiones?

Si el Gobierno accediera a traspasar la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, ello supondría dejarles administrar unos 9.600 millones de euros al año, que es el gasto de la Seguridad Social en Euskadi (datos de 2018). De esos casi 10.000 millones, prácticamente 9.000 millones se dedican a pagar las pensiones de sus ciudadanos. También podría suponer traspasar la competencia sobre los funcionarios, que ahora están bajo el régimen del Estado. Siempre hablando de posibilidades, ya que nada se ha señalado de modo oficial, la comunidad se podría hacer cargo asimismo de la afiliación, las altas y bajas de los trabajadores, además de la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de las cuotas. 

El agarre legal para esta reivindicacion vasca es el artículo 18 del Estatuto de Gernika, que establece que corresponderá al País Vasco:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

El consejero autonómico Josu Erkoreka esgrime no solo este artículo 18 y la disposición transitoria quinta del Estatuto, sino una sentencia del Tribunal Constitucional, que ve posible el traspaso de esta competencia, pero haciendo hincapié en que ello, siempre y cuando no se comprometa la unidad del sistema o se cuestione la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social.

El País Vasco no puede pagar sus pensiones con sus cotizaciones

Al economista José Antonio Herce (@_Herce), vocal del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst), la posibilidad de traspasar esta competencia le parece “una mala idea, sin paliativos”, ya que no solo significaría “cargarse el principio de unidad de caja sobre el que se sustenta el sistema público de pensiones español”, sino que plantearía otros muchos problemas.

“Ni financiera ni funcionalmente es una medida aconsejable”, asegura este especialista en pensiones, ya que “el activo más valioso que tiene la Seguridad Social es el principio de solidaridad y de unidad de caja”. Además, Herce pone de relieve que el País Vasco no es una CCAA que pueda pagarse sus propias pensiones, que son de las más altas de España junto con las que cobran los asturianos. “Las pensiones vascas presentan unos 4.000 millones de euros de déficit”, asegura Herce, quien también elucubra sobre qué sucedería “si un pensionista vasco se va a Burgos a vivir, ¿quién le paga la pensión? Y si en un momento dado llega a Euskadi una avalancha de gente a registrarse como pensionista, ¿quién se hace cargo de él?”

Otro asunto a debatir sería "el pago de las pensiones de las clases pasivas (unos 650.000 pensionistas), que son carísimas y que ahora las sufraga el Estado con dinero de los Presupuestos Generales", y no de lo que la Seguridad Social recauda mediante cotizaciones.

Para el también economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a), “por el momento la cesión de la que se habla es solo una cesión de la gestión, cosa que no me parece mal”, aunque advierte de que, en su opinión, “el problema es que detrás de esto puede encontrarse una transferencia programada a medio plazo, donde se produciría la ruptura de la caja única de las pensiones”.

Muy crítico se muestra Anatolio Díez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, UJP-UGT (@UJP_UGT), para quien "todo lo que sea romper el sistema de caja única va en detrimento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Un sistema cuya situación es deficitaria de entrada, y medidas como esta únicamente empeorarían las cuentas y añadirían más problemas".

Díez afirma con rotundidad que trasladar competencias al País Vasco sería "el principio del fin del sistema de reparto actual; tendría sin duda repercusión en el resto del país; y daría pie a especulaciones sobre los sistemas de pensiones alternativos que algunos quieren adoptar aquí. Hay gente dentro y fuera del Gobierno interesada en que desaparezca el sistema vigente, para sustituirlo por otros de cuentas nocionales, sistema sueco, mochila austriaca... Sinceramente, espero que el Gobierno no se deje llevar por los cantos de sirenas de los votos que el PNV pueda darle".

La cesión haría peligrar la solidaridad del sistema

El profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas-Icade (@UCOMILLAS), Emilio J. González, advierte de que la cesión de la Seguridad Social al País Vasco rompería la caja única. "Hasta ahora en España, todos los trabajadores y todas las empresas han venido cotizando a la Seguridad Social nacional, fueran de la autonomía que fueran. Con esos recursos, la Seguridad Social nacional ha pagado las pensiones a todos los que tenían derecho a esta prestación, con independencia de su lugar de residencia", explica. Por ahora, no existe por tanto vinculación de los ingresos del sistema público en un territorio con las prestaciones que paga en el mismo, porque la caja única permite la igualdad de prestaciones a igualdad de contribuciones en todo el territorio nacional, con independencia de que unas regiones sean más ricas y otras más pobres.

Hasta el momento, "no había pensiones mejores, para igualdad de cotizaciones, en unas autonomías por el hecho de que fueran más ricas mientras que otras, para las mismas cotizaciones, no tenían pensiones más bajas por ser territorios más pobres o con menos recaudación por cotizaciones sociales. El problema que suscita la cesión al País Vasco es que pueden empezar a producirse desigualdades entre regiones en materia de pensiones si las autonomías más ricas ingresan más y pagan cotizaciones más altas", apunta el experto de Comillas-Icade.  

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá.

Además, esto plantea un doble problema. Por un lado, "que otras autonomías ricas presionen para conseguir esa cesión. Por otro, que con ello se rompa el principio de solidaridad, con lo que habría regiones con dificultades para mantener el nivel de pensiones, o bien porque su renta per cápita es menor (Andalucía, Extremadura), o bien porque son regiones con un pero mayor de la población mayor de 65 años (Castilla y León)", advierte González.

Por su parte, Eduardo Bandrés, director de Economía Pública de Funcas (@FUNCASES), resalta que la legislación en materia de cotizaciones y pensiones no permite diferencias por comunidades autónomas. El régimen económico de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado y no solo en la regulación jurídica. "El Tribunal Constitucional ha dejado claro que no puede haber políticas territoriales de Seguridad Social en las comunidades autónomas", recuerda.

Bandrés señala que, desde el punto de vista económico y de eficiencia, "no tiene ningún sentido que el País Vasco pueda abonar las prestaciones. La Seguridad Social funciona con un alto nivel de eficiencia y los costes de administración del sistema de protección social en España respecto al volumen de gasto gestionado se encuentran entre los más bajos de Europa. Y una de las razones está en las economías de escala del sistema de Seguridad Social", detalla el experto de Funcas.

Grandes diferencias entre autonomías

En general, en materia de pensiones, los economistas abogan por implantar una relación más directa entre lo que se cotiza y lo que se percibe en forma de pensión, la llamada contributividad. Es una de las medidas que defiende Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas (@EconomistasOrg), para quien en este asunto de una hipotética cesión de gestión económica de pensiones, "habría que distinguir el componente puramente económico y de gestión, del componente político, en el que no entro. Y siempre, recordando que el Constitucional afirma que se puede traspasar la gestión, pero preservando la unidad de caja, sin cambiar las reglas ni el sistema de pago; sin subir ni bajar las prestaciones de modo unilateral".

Para Pich, "se puede discutir si descentralizar una competencia será más eficiente o no, pero siempre que se haga, ha de ser desde el principio de la lealtad instituciona". El problema de fondo, según Pich, es que España es un Estado autonómico que en realidad es un Estado federal, y son muy lógicas las tensiones entre unos territorios y otros. 

El número de cotizantes que respalda cada pensión varía mucho de unas autonomías a otras, así como la cuantía de las cotizaciones y las pensiones medias de cada pensionista.

El informe Las pensiones en las comunidades autónomas, realizado por José Antonio Herce para BBVA Mi Jubilación, constata cómo funciona la solidaridad territorial que el sistema practica y muestra cómo el País Vasco presentaba en 2017 un desfase de 2.200 millones de euros entre lo que ingresaba por cotizaciones y lo que pagaba por pensiones (un déficit del 25,2% de su gasto en pensiones). Así, los 17.700 millones de euros de déficit en 2017 se descomponen en un total, para las autonomías deficitarias, de 20.600 millones menos 2.900 millones en los territorios superavitarios.

Entre las primeras (por orden de magnitud de su déficit) figuran Galicia (3.000 millones de déficit, un 36,3% de su gasto en pensiones), Castilla y León (2.900 millones, 37,2%), Cataluña (2.800 millones, 12,4%), Asturias (2.500 millones, 54,6%), País Vasco (2.200 millones, 25,2%), C. Valenciana (-2,1 millardos, 18,5%) y Andalucía (-1,8 millardos, 10,1%.

Por el contrario, las autonomías con superávit son: Madrid (+2.100 millones de euros, 12,0%), Baleares (507 millones de euros, 22,6%), Murcia (232 millones, 22,6%) y Canarias (165 millones, 4,4%).

“Claramente, las regiones con mejores tasas de soporte (de los flujos de afiliados y pensiones) son las que financian en parte a las regiones con las peores tasas de soporte, que son la mayoría. En proporción a sus ingresos por cotizaciones, la comunidad autónoma que tiene la peor situación es Asturias, cuyo “subsistema” de pensiones, con ingresos manifiestamente insuficientes para afrontar el pago de pensiones desproporcionadamente elevadas en relación a su estructura laboral actual, y que traen causa de un pasado industrial de altos salarios, exhibe un déficit estimado de 2.500 millones, es decir, más de la mitad de los gastos por pensiones y claramente mayor que los ingresos por cotizaciones captados en la región, según señala el profesor Herce.