Expertos analizan la reforma de las pensiones enviada a Bruselas: "La UE exigirá más"

Reforma de las pensiones: Las 9 medidas clave enviadas a Bruselas

El clima que rodea a la reforma de las pensiones se ha enrarecido estos días después de las polémicas generadas por la posibilidad de que se ampliase el cómputo del periodo de cálculo de las nuevas pensiones a 35 años, que finalmente el Gobierno no ha incluido explícitamente en el documento enviado a Bruselas. Un texto, que según los expertos, parece "coherente" porque recoge gran parte de las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, pero que refleja las dos almas del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, e introduce nuevos elementos que deberán todavía debatirse en la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos antes de su aprobación en el Congreso. 

En el texto remitido finalmente a Europa se incluyen las líneas generales de los proyectos de reforma del mercado laboral y de las pensiones que incluye como punto central "la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas" y la "mejora de la contributividad del sistema". Además, incluyen los nueve puntos sin demasiado detalle que van desde la derogación del factor de sostenibilidad, los incentivos para el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal, la creación de un nuevo sistema complementario de pensiones o cambios en la cotización de los autónomos, tal como se refleja en el documento al que ha tenido acceso 65ymás, y cuyas principales propuestas ha desgranado este miércoles el ministro de Seguridad Social Jose Luis Escrivá.

"Probablemente la UE pida reformas más ambiciosas"

Una vez revisadas, los expertos llaman a esperar a ver en qué se materializan estas propuestas. "Aún es pronto pronto para saber en qué quedarán. No debemos olvidar que lo enviado a Bruselas se trata de un documento programático, con gran componente político", señala Pablo Sanz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE (@UCOMILLAS). "Las medidas que se han avanzado a Bruselas, no se han aprobado todavía en el Congreso, y por tanto son una declaración de intenciones que habrá que ver qué recorrido tienen y cómo contesta la UE, que probablemente pida reformas más ambiciosas". 

Sanz considera un acierto que se haya retirado en el último momento la mención específica a ampliar el periodo de cómputo a 35 años ya que suponía un gran escollo que se debe debatir debido a que mejoraría la sostenibilidad pero supondría un mazazo para muchos pensionistas, sobre todo mujeres. Para Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia e investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (@Ivie_news), "lo más probable es que la ampliación de 25 a 35 años produjese una disminución de la base reguladora y, por lo tanto, de la pensión inicial. Esta disminución se podría cuantificar en una bajada promedio del 5% de las nuevas pensiones de jubilación para el total de los 10 años de ampliación, con lo cual también mejoraría la sostenibilidad financiera del sistema".

Los sindicatos rechazan las medidas que no estaban en los acuerdos

Por su parte, los sindicatos recuerdan que no van a aceptar medidas que no estén en los acuerdos y acusan al Gobierno de lanzar a la opinión pública nuevas propuestas en forma de "globos sonda". "Hay medidas que se han hablado en los medios, pero no con nosotros y eso no lo vamos a aceptar", señala Anatolio Díez, secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionsitas de UGT (@UJP_UGT).  

Un punto sobre el que coincide Julian Gutiérrez, portavoz de la Federación de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), quien recuerda que los sindicatos mayoritarios no van a aceptar "ni una ampliación del periodo de cálculo de la pensión, ni propuestas concretas para alargar más de la cuenta la edad de jubilación", ha advertido.

 “Nosotros vemos urgente aumentar los ingresos al sistema y derogar la reforma de las pensiones de 2013, que sigue vigente”, asegura. Para aumentar los ingresos defienden el destope de las pensiones y la redistribución de gastos impropios, presente en el documento a Bruselas, pero insiste en un acuerdo a largo plazo que garantice el poder adquisitivo y la revalorización de las pensiones en función del IPC siempre debatido previamente en la Mesa.

"Parches" ante un problema estructural

En opinión del profesor de ICADE, Pablo Sanz, el documento enviado a Bruselas contiene medidas "en la buena dirección", como sacar los gastos impropios de la Seguridad Social, pero que deberán superar los escollos polémicos con sus socios de Gobierno, sindicatos y patronal. El experto considera además que las medidas que se plantean, se quedan todavía cortas para lograr reducir el déficit estructural del sistema. "Más que una reforma estructural, que es la que necesita el sistema debido al grave problema demográfico que se avecina, las propuestas remitidas por el Gobierno son parches".

Además destaca algunas medidas con "lados oscuros". En concreto el profesor de Comillas se refiere a los problemas que pueden generar las medidas que endurezcan la jubilación anticipada y fomenten la jubilación demorada, que tanto menciona Escrivá en sus comparecencias. "Aunque puede ser positivo modificar el coeficiente reductor de las anticipadas, al mismo tiempo supone un obstáculo para la inserción de jóvenes en el mercado laboral", por lo que considera que algunas propuestas son contradictorias. Respecto a la polémica sobre los 35 años para el cálculo de las pensiones, Pablo Sanz cree que será Bruselas quien se imponga.

Los pensionistas llaman a la movilización

Mientras tanto, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones (@CoespeOficial) deja patente su “rechazo frontal a la sustitución complementaria del sistema público por medio de los planes privados de empresa –presente en el documento de Bruselas–, vía convenios, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social”. Lo que, denuncian, debilita “seriamente la caja única de las pensiones”.

“Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el sistema público de pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados”, afirman.Por eso una colectivos de pensionistas de toda España han anunciado que el próximo 25 de enero saldrán a la calle con “una gran movilización” contra las propuestas del Pacto de Toledo y el “desarrollo que de las mismas pretende hacer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá”. A ellas se suman las manifestaciones convocadas el 11 de febrero por los sindicatos mayoritarios para exigir más salario mínimo y derogar la reforma laboral y de pensiones.