La reforma de las pensiones, cuya primera parte acaban de firmar Gobierno, patronal y sindicatos, va a tener importantes efectos que empeorarán la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ni el ahorro en gasto en pensiones será el esperado, aunque aumente un año la edad de jubilación efectiva, ni el incentivo para alargar la vida laboral es suficiente para que los trabajadores opten por hacerlo, ni el cálculo de las prejubilaciones es simétrico y, además, la transferencia de parte de los gastos de la Seguridad Social al Estado solo supone cambiar el déficit de sitio. Son algunas de las conclusiones a las que llega el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson de lo que sabemos hasta ahora de la reforma de las pensiones. Un estudio elaborado por Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE; Mar Devesa, de la Universidad de Valencia; Inmaculada Domínguez y Borja encinas, profesores de la Universidad de Extremadura y Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Según el estudio, el objetivo de “garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” en España muestra importantes efectos que empeorarán la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El Anteproyecto introduce una importante asimetría respecto al cálculo de la pensión de las jubilaciones anticipadas, difícil de entender si el objetivo es reducir la regresividad del actual sistema ya que la fórmula de cálculo que incluye penaliza a las jubilaciones voluntarias, dejando sin cambios el cálculo de las no voluntarias.
“En el borrador del Anteproyecto de ley se modifican los coeficientes reductores por anticipar la jubilación, los coeficientes aumentadores por retrasar la jubilación y la forma de cálculo de las pensiones anticipadas voluntarias, pero no las correspondientes a no voluntarias”, explica Enrique Devesa. “Además, alguna de las medidas en las que se está trabajando persigue también un efecto redistributivo por considerar que el cálculo de la pensión en el caso de la jubilación anticipada, en su configuración actual, es regresivo. Es fundamental que se eviten asimetrías y se introduzcan coeficientes reductores actuarialmente justos”, añade.
La reforma actuarialmente más justa de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad, debería situarse en el entorno del 0,5% mensual. Otras propuestas, como la de eliminar los coeficientes reductores con más de 40 años cotizados, la propuesta de coeficientes reductores variables del Anteproyecto o la de aplicarlos tras limitar la pensión máxima, se alejan -aún más- de lo que sería un tratamiento actuarialmente más justo.
Por otro lado, los expertos del Observatorio de Pensiones de WTW consideran que el Gobierno sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones ya que un aumento generalizado de la edad efectiva de un año sólo supone un ahorro estimado del 1,8% del gasto en pensiones. Si el aumento sólo afectara a las jubilaciones anticipadas, como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto. Según este grupo de expertos, un aumento motu proprio de la edad efectiva sin aumentar la edad legal no tendría efectos relevantes sobre el gasto en pensiones medido en valor actual actuarial. Para que ese ahorro fuera relevante, el incremento de edad debería darse sobre la edad legal y no sobre la edad efectiva de jubilación. De ser así, el ahorro de gasto sería de un 5,66%.
En cuanto a la jubilación demorada, el estudio del bróker de seguros considera que aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año), en paralelo a la anterior propuesta de coeficientes reductores mensuales del 0,5% para la anticipada. La propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la demorada, al elevar la bonificación al 4% por año y hacerla independiente de los años cotizados, pero se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses. Y esto supone que hay otra asimetría importante entre la normativa de la jubilación anticipada y demorada, algo que debería corregirse.
Los últimos análisis del Observatorio de pensiones de Willis Towers Watson muestran que el déficit contributivo anual de la Seguridad Social sobre el PIB ha seguido empeorando en el primer trimestre de 2021, respecto al trimestre anterior, debido a la lenta recuperación de los efectos de la crisis de la COVID-19.
“De cara a los próximos trimestres se espera que empiece a corregirse parcialmente si no se producen rebrotes importantes en la crisis sanitaria. Con todo, la corrección del déficit no será completa porque una parte de la mejoría será absorbida por la salida de los ERTE y no por la creación de empleo nuevo, siendo difícil bajar del 2% a final de año” asegura Rafael Villanueva, Manager del área de Retirement de Willis Towers Watson
El déficit por operaciones no financieras también ha empeorado, aunque está previsto que las transferencias del Estado aumenten durante el año, dando respuesta a la primera recomendación del Pacto de Toledo, trasladando el déficit de la Seguridad Social al Estado. En este sentido, está previsto que el Estado absorba todo el déficit de la Seguridad Social en el horizonte de 2023. “La ciudadanía debe conocer los efectos de esta recomendación, que consiste en trasladar el esfuerzo que deberían hacer los participantes en el sistema de pensiones a toda la sociedad, la cual deberá hacer frente con impuestos presentes o futuros (en la parte que se recurra al endeudamiento) al desequilibrio del sistema” destaca Rafael Villanueva.
“Seguiremos calculando el déficit contributivo ya que creemos que los impuestos deberían servir para pagar gastos no contributivos, ligados a la solidaridad o justicia social, y no a pagar gastos contributivos, lo que llevaría, en última instancia, a un sistema fiscal más regresivo” aclara Enrique Devesa.
