Ceder la gestión de las pensiones al País Vasco puede espolear su desconexión, según los expertos

El País Vasco no puede pagar sus pensiones sin el paraguas del Estado

Los Inspectores de Trabajo critican la transferencia de la gestión de las pensiones

El Gobierno vasco defiende la transferencia de la Seguridad Social contra la opinión de los expertos

Los pensionistas vascos temen "retrocesos y recortes" por parte del Pacto de Toledo

 

A pocas horas de iniciarse la campaña electoral vasca, el Gobierno de Pedro Sánchez transfería este jueves al País Vasco tres de las 32 competencias pendientes (recogidas en el Estatuto de Gernika aprobado hace más de 40 años), valoradas en 7,5 millones de euros. De esta forma, nada más finalizar el estado de alarma, el Ejecutivo central se ha apresurado a cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno de Iñigo Urkullu (@iurkullu), de forma que este pasa a gestionar el primer bloque de medidas, que incluye las ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos y los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del seguro escolar.

Se retoma así el calendario de transferencias a Euskadi, acordado en febrero pasado por los gobiernos central y autonómico, que la crisis del coronavirus ha retrasado. La celeridad en reemprender los traspasos interesa a ambos gobiernos: por una parte, el PNV de Urkullu acude a las elecciones con el éxito de haber acelerado las transferencias, y por otra parte, Pedro Sánchez trata de amarrar el apoyo vasco ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que siguen en el alero.

Con todo, el próximo Gobierno vasco tendrá que negociar los siguientes bloques de competencias, incluida la polémica cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, que es la materia que levanta más ampollas. Este traspaso se empezará a estudiar en junio-diciembre de 2021, según el acuerdo ratificado este jueves en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, celebrada por videoconferencia y presidida por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias (@CarolinaDarias), y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka (@jerkoreka).

En principio, y a corto plazo, esta cesión de competencias, que ha desatado las críticas de la oposición, los sindicatos, colectivos de pensionistas, expertos y técnicos de la propia Seguridad Social, no debería introducir diferencias estructurales respecto a lo que ocurre ahora. Los pensionistas seguirán cobrando las cuantías de las pensiones que les correspondan, con las mismas revalorizaciones que en el resto del país; y los cotizantes tendrán que seguir con las mismas normas que en el resto de comunidades autónomas.

Ahora bien, expertos consultados por 65Ymás advierten de que, a medio y largo plazo, cederle la gestión económica de las pensiones puede acabar espoleando la desconexión del País Vasco del resto de España, esto es, animando y acelerando el adelgazamiento de la presencia del Estado en la autonomía que preside Urkullu.

Para Emilio José González, profesor de Economía de Comillas-Icade (@UCOMILLAS), uno de los peligros de esta transferencia es que “la cesión es un elemento más que puede facilitar en el futuro la independencia del País Vasco del resto de España”, aunque de momento, según lo anunciado, “no significará nada para los pensionistas vascos, ya que las instituciones autonómicas sólo serán un intermediario entre la Seguridad Social y el pensionista. No hay transferencia de capacidad normativa y, por tanto, el Gobierno vasco no podrá alterar la cuantía de la pensión, el método de cálculo o las condiciones que dan derecho a ella”. Con los escasos datos oficiales que se conocen, González entiende que “la caja única no se romperá, pero sí serán cedidos los medios materiales y humanos, que el País Vasco tendrá que gestionar y pagar a partir del momento en que se realice el traspaso”.

Asimismo, el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) advierte de que el problema de fondo es que “el PNV nunca pide una cosa en balde, siempre tiene una intencionalidad, y esa es una desconexión lenta pero irrefrenable de España. De hecho, ya quedan muy pocos signos de presencia del Estado en el País Vasco, y ahora mismo el más importante es la Seguridad Social”. Para este experto, tomando en cuenta la información oficial, el Gobierno vasco simplemente llevaría a cabo “la gestión del dinero que entra y del que sale, fundamentalmente la gestión bancaria de cobros y pagos y probablemente racionalizar muchos de los gastos/procesos”. Es decir, “un traspaso de gestión que en teoría no debería afectar al modelo de pensiones y a las reformas que éste necesita a largo plazo, ya que este tema sí sería materia del Pacto de Toledo”. Pero sin perder de vista el riesgo que representa la posible doble intencionalidad del PNV ya apuntada.

Oposición total es la que anuncia Anatolio Díez, secretario general de UJP-UGT (@UJP_UGT) y miembro del Comité Asesor de 65Ymás. “Bajo ningún concepto permitiremos que estas negociaciones sean a futuro el principio que se utilice por parte del nacionalismo, vasco en este caso, para acabar con la caja única de las pensiones y legislar de forma unilateral el futuro de las mismas”, avisa Díez, cuya organización considera "peligrosas" este tipo de negociaciones bilaterales (gobiernos central y vasco) sobre elementos tan sensibles de las políticas sociales del país como son las pensiones públicas y su gestión. “Sería bueno y exigible que este debate se produjera en el lugar que le corresponde, el Pacto de Toledo, y contara con el mayor consenso posible entre todos los agentes”, reclama el secretario general de UJP-UGT.

No podrían subir las pensiones contributivas, sí las asistenciales

A la Organización de Consultores de Pensiones (@OCOPEN_), le tranquiliza que esta cesión de competencias al País Vasco “se haya retrasado hasta finales de 2021 y a expensas de lo que el Pacto de Toledo diga al respecto”. Según su presidente, Mariano Jiménez Lasheras (@MjimenezLash), “sí es verdad que introduce cierta preocupación, porque aunque se habla de que lo único que se transfiere es la gestión económica (no la capacidad normativa y por tanto no se rompería la caja única), puede entrañar cierto peligro de que al final desemboque en algo más sustancial que haga peligrar el principio de solidaridad territorial”. Existe además el riesgo de contagio a otras autonomías, y en este sentido, Jiménez explica que, por ejemplo, el Estatuto de Canarias “también recoge la posibilidad de que le sea transferida la gestión económica de la Seguridad Social, pero en este caso el texto establece explícitamente que siempre debe mantenerse el principio de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera de la Seguridad Social”; una limitación que no recoge el Estatuto de Gernika.

Entre las consecuencias prácticas de la cesión a Euskadi, Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia y actuario por la Universidad Complutense de Madrid, detalla que la transferencia “va a afectar a los empleados encargados de la gestión porque pasarán a depender del Gobierno vasco. ¿Esto puede dar pie a que en el futuro el sistema de pensiones en Euskadi dependa del Gobierno vasco? En el corto plazo lo veo poco probable porque para eso habría que cambiar el sistema de caja única que actualmente está en vigor y su modificación legislativa implicaría cambios de gran calado, siendo necesaria la aprobación por parte de un número elevado de diputados y senadores".

Para Devesa, que ha formado parte del Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, a propuesta del Consejo de Ministros, la cesión “no va a implicar un aumento de la cuantía de la pensión contributiva, y entiendo que tampoco de las no contributivas, porque esto sigue en manos de la Administración central”. En cambio, sí se podría aumentar el importe de las pensiones asistenciales,”pero eso ya ocurre ahora porque este tipo de prestaciones las tienen transferidas las autonomías desde hace tiempo”.

A José Antonio Herce (@_Herce), consultor en longevidad y pensiones, la pactada cesión de competencias le parece “una mala idea, sin paliativos. Ni financiera ni funcionalmente es una medida aconsejable”. Aunque este economista no teme por ahora una desconexión del Estado, considera que “avanzarán lo que puedan, prudentemente en esa dirección”, pese a que “el País Vasco no es una autonomía que pueda pagar sus pensiones con las cotizaciones que generan en su territorio. Las pensiones vascas presentan unos 4.000 millones de déficit”.

¿Se transferirá al País Vasco el reconocimiento de prestaciones?

La cesión del régimen económico de la Seguridad Social “supone el control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas, la organización de ingresos y gastos, así como las posibles sanciones que se puedan llevar a cabo”, detalla la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe @pensionazo_no), que esgrime como una reivindicación fundamental la de “recoger las pensiones como un derecho constitucional, e incluir las mismas en los Presupuestos Generales del Estado”.

Entre los numerosos interrogantes que plantea el principio de acuerdo con el País Vasco, Mariano Jiménez Lasheras, presidente de OCOPEN, plantea éste: ¿se transferirá también la facultad de reconocer determinadas prestaciones? Una de las partidas afectadas podría ser "el reconocimiento de la prestación de incapacidad. ¿Quién tendría competencia para dicho reconocimiento? Esto ahora es potestad de unos tribunales médicos que están integrados en la propia estructura de la Seguridad Social. Si se traspasara tal competencia, ¿podría darse el caso de que existieran criterios diferentes a la hora de admitir una prestación de incapacidad en el País Vasco, en Canarias o en Castilla y León?", plantea Jiménez.

La propia Seguridad Social recela de la cesión

Las críticas y el cuestionamiento de la transferencia del régimen económico de las pensiones al País Vasco llega incluso desde la propia Seguridad Social. En primer lugar, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social criticaba en febrero que la decisión se haya tomado sin la "indispensable" intervención del Pacto de Toledo. En un comunicado, reclama que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social "quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, que se adoptan bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única. Lo contrario (...) abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional".

Por su parte, el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (@instrabajoyss) ha alertado de que dar transferencias a las comunidades autónomas de la gestión económica de la Seguridad Social puede tener graves consecuencias. "La igualdad de todos los españoles y la propia caja única pueden verse afectados como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar, y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco, y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo".