Los expertos piden que las pensiones suban menos que el IPC en 2023

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Funcas avisa: revalorizar las pensiones con la inflación costará 10.000 millones de euros

La próxima subida de las pensiones, en enero de 2023, debería realizarse en función de la tasa del IPC medio del año que se registre en noviembre de 2022, tal como establece la Ley de reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado enero. Sin embargo, la inflación desbocada, que en marzo alcanza cotas inéditas con un incremento del 9,8% respecto al año anterior, hace que resurja la preocupación por el impacto que la revalorización de las pensiones tendrá sobre las cuentas de la Seguridad Social y por ende, en las finanzas del Estado.

La inaudita tasa de casi un 10% de IPC en marzo se debe al fuerte encarecimiento de los productos energéticos tras la invasión de Ucrania y a una intensificación del traslado hacia los precios finales al consumo de las subidas de costes de producción, que ya se venían produciendo desde el verano pasado.

Analistas como Funcas confían en que este haya sido el máximo y a partir de abril-mayo la inflación se reduzca (su previsión de inflación para el conjunto del año ronda el 6,8%), y esa es también la previsión del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE), cuyo vicepresidente, Luis de Guindos, augura que la inflación tocará techo "en dos o tres meses". 

Antes este panorama de IPC disparado, una gran mayoría de expertos pide que las pensiones no se revaloricen con la inflación general en 2023, sino en menor proporción, o quizá tomando como referencia el dato de la inflación subyacente, o bien incrementando solo las pagas mínimas y no contributivas, sin perjuicio de establecer un mecanismo para restituir, cuando sea posible, parte o todo el poder adquisitivo que los jubilados pierdan en 2022. De hecho, hace solo unos días, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, proponía que las pensiones mínimas sí se revaloricen en sintonía con la subida de la inflación, pero sin referirse al resto de pensiones.

No ligar pagas e IPC, o usar la inflación subyacente

En 2022, la subida final de las pensiones ha sido del 4,1%, porque se han revalorizado el 2,5% (la inflación media del año registrada en noviembre, como marca la ley) más el 1,6% por la desviación del IPC respecto al año precedente. Aunque no es lo que dictaba la ley, el Gobierno decidió actualizar ese 1,6% extra a modo de periodo transitorio. "De cara a 2023, considero que las pensiones no se deberían aumentar con la media anual de noviembre, porque la inflación está rozando el 10%, e incluso si acabara en el umbral del 7%-8%, supondría un alza espectacular de las pensiones. Recordemos, por ejemplo, que si al año siguiente el IPC se rebajara a niveles normales, medios del 2021, las pensiones no bajarían, porque la ley está topada hacia abajo; solo es posible incrementar las pagas, nunca disminuirlas aunque la inflación sea negativa", explica José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático en la Complutense y subdirector de Fedea.

A su juicio, lo que habría que hacer es "una subida en función de la inflación subyacente, que ahora ronda el 3,4% y con un compromiso quizás de subida de algunas pensiones, las más bajas, a largo de los años dependiendo de cómo evolucione el IPC. Pero en la próxima revalorización no se debería recuperar todo el poder adquisitivo. Además, es imprescindible buscar un pacto de rentas que incluya a pensionistas, trabajadores, empresarios, alquileres".

En el mismo sentido, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas (@FUNCASES), afirma que "las pensiones no deberían estar ligadas al IPC. Ningún otro grupo social tiene sus rentas indexadas al IPC: ni trabajadores, ni autónomos, ni accionistas de empresas (solo los rentistas de pisos de alquiler). Las pensiones deben estar ligadas a cómo evolucione la actividad económica, mediante por ejemplo, su vinculación al crecimiento de la recaudación por cotizaciones sociales. Si la economía va bien, se crea empleo, sube la recaudación por cotizaciones, y se pueden subir las pensiones, porque la economía puede sostenerlo. Y si no, no se pueden subir". Funcas calcula que habrá que destinar 10.000 millones de euros más en 2023 para pagar la revalorización de las pensiones, por la desviación del IPC.

A juicio de la esta economista, vincular las pensiones a la inflación, pase lo que pase en la economía, aunque esta se desplome, supone que, "a la carga que ya soportan trabajadores y empresarios como consecuencia de la caída de sus rentas y de su actividad, se añade la carga de pagar más impuestos o cotizaciones. La vinculación de pensiones e inflación la van pagar muy cara los jóvenes, que como consecuencia de las elevadas cotizaciones sociales u otros impuestos que van a ser necesarios, van a tener más dificultades para encontrar trabajo y sus sueldos van a ser más bajos".

Aumentar las mínimas y compensar cuando se pueda

Para José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y previsión social y socio fundador de LoRIS, "las altas cotas de inflación anual previstas para todo el año 2022 añaden presión a la próxima revalorización de las pensiones, ya que una subida conforme marca la ley (dato del IPC medio del año) disparará el gasto en pensiones hasta cotas aún impredecibles. Con vistas a la próxima revalorización, tomar en cuenta el dato de la inflación subyacente como referencia puede ser un buen ancla, mientras no se contamine con una escala móvil”.

La preocupación, incluso el susto, por las altísimas cotas de inflación que experimenta España son generalizados entre los analistas. Tal y como admite Eva Blázquez Agudo (@emblazq), profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, "todos estamos un poco asustados ante una inflación de casi el 10%. Y en este contexto, no se puede revalorizar las pensiones con el IPC general porque el sistema no lo aguantaría. Todos estamos perdiendo poder adquisitivo y hay que repartir esa pérdida".

Blázquez, experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, argumenta que quizá "habría que pensar en subir las pensiones más bajas, porque los problemas del encarecimiento de la energía golpean aún más a esas pensiones, sufren un estrés adicional, y sería preciso incrementar su cuantía. Pero el resto de las pensiones, sobre todo las más altas, sería preciso revalorizarlas un término medio, de forma que no cedan demasiado poder adquisitivo, pero que tampoco el sistema se colapse". 

Por su parte, Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, asegura que, ante el panorama de la inflación disparada, “en un país razonable, se debería aplazar la revalorización de las pensiones con el IPC en estas circunstancias. Y cuando sea posible, llevar a cabo el reajuste de la pérdida de poder adquisitivo, tal como se contempla en la reforma de las pensiones de 2021". Este economista advierte de que, por cada punto de revalorización de las pensiones, el gasto de la Seguridad Social por este concepto en 2023 subirá en más de 1.500 millones de euros.

Subir las nóminas menos que el IPC anual

El dato de inflación de marzo, cercano a los dos dígitos, supone una cifra muy preocupante, y en concreto, respecto a las pensiones, por dos motivos: la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y el agujero que puede hacer en el déficit de la Seguridad Social.

En opinión de Miguel Ángel Bernal Alonso, economista y socio de Bernal & Sanz Bujanda, "las pensiones genéricamente (quizá habría que exceptuar las más bajas) jamás deberían indexarse al IPC, más en la situación actual, ya que pone en jaque la viabilidad de las mismas, algo a lo que el gobernador del Banco de España se ha referido en multitud de ocasiones”. Este economista alerta del "tremendo empobrecimiento, por la enorme caída del poder adquisitivo, que estamos sufriendo en España. Incluso la inflación subyacente, que no tiene en cuenta alimentos elaborados ni energía, ha aumentado hasta el 3,4%. Ante esta situación, el Gobierno ha lanzado una serie de medidas tardías, insuficientes, ineficaces e insensatas. ¿Dónde están el necesario control del enorme gasto público y la revisión de los Presupuestos Generales del Estado? Ni están ni se les espera".

Del mismo modo, el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) advierte que con la inflación en las tasas actuales, "las pensiones se deberían subir en menor medida que lo que marca la ley, por ejemplo, tomando como referencia la inflación subyacente, para que la factura del gasto en pensiones no sea tan descomunal. Esto sería lo razonable, porque revalorizarlas en 2023 en función del IPC medio anual que resulte de este 2022 es una locura".