Las reformas que desde 2011 se vienen acometiendo para garantizar la sostenibilidad del sistema conllevan, en la mayoría de los casos, una disminución de las expectativas del importe de la pensión.
En el futuro, tal y como recuerda el Banco de España, el sistema público de pensiones se enfrentará a presiones adicionales por el lado del gasto causadas por un aumento esperado y significativo tanto de la población en edad de jubilación en relación con la población en edad de trabajar como, de la longevidad.
La elevación progresiva de la edad de jubilación, mayor exigencia de años cotizados, la ampliación de las bases de cotización, o la concreción de un factor de equidad intergeneracional son medidas encaminadas a afrontar estas presiones, y que podrían reducir en los próximos años el importe de las pensiones.
La base de cotización (artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social) es la remuneración mensual bruta que recibe un trabajador, incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas, las horas extra y las vacaciones retribuidas y no disfrutadas, si las hubiera.
Para determinar la pensión, la reforma iniciada en 2011 amplió el período de cómputo de las bases de cotización de 15 a 25 años. Un cambio que se ha estado aplicando de forma gradual hasta este año 2022 en que ha quedado fijado ese máximo de 25 años. Tal y como detalla la ‘Guía para tu jubilación 2022’ editada por Fundación Mapfre.
Con base en el compromiso adquirido con la Comisión Europea en el Programa Nacional de Reformas, el gobierno quiere negociar en la segunda mitad del año con los agentes sociales modificaciones en el sistema de cómputo para calcular la cuantía de la pensión. “Hay que repensar el sistema de cómputo de la pensión para tener en cuenta las nuevas realidades laborales, por ejemplo, de aquellas personas cuyos últimos años no son precisamente los mejores en cuanto a ingresos” ha dicho el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriva. “A lo mejor, para esas personas, conviene extender el periodo de cálculo de la base reguladora, o trabajar en las lagunas de cotización que pueden tener en esos años, o permitir que la persona excluya del cómputo los peores años. Hay distintas soluciones que llevaremos en los próximos meses a la discusión con los agentes sociales”, ha reconocido.
La base reguladora se verá corregida por tres factores, tal y como recoge la guía de la Fundación Mapfre:
Por el número de años cotizados, teniendo en cuenta que, a partir del año 2027, para poder jubilarse a los 65 años, serán necesarios 38 años y 6 meses de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora. Desde los 35 años que se exigían 2012, hasta ese que se exigirá en 2027, se aplica un período transitorio gradual. Si no se acredita esa “carrera de cotización completa” a los 65 años, a partir de 2027 la edad ordinaria de jubilación será a los 67 años, y serán necesarios al menos 37 años cotizados para recibir el 100% de la base reguladora.
En segundo lugar, la base reguladora se verá corregida por la edad de acceso a la jubilación, aplicando las reducciones que correspondan en función de los meses de anticipo sobre la edad ordinaria y de si el acceso anticipado es voluntario o no; y siempre que se tengan cotizados los años exigidos en cada caso.
Y en tercer lugar, por el factor de sostenibilidad, dirigido inicialmente a ajustar las pensiones según la esperanza de vida de cada beneficiario. Nunca se ha llegado a implementar (estaba prevista su aplicación en 2023, pero ha sido eliminado antes). Ahora, se está negociando con los agentes sociales su sustitución por el factor de equidad intergeneracional.
La tasa de sustitución o de reemplazo indica la pérdida de poder adquisitivo que supondrá acceder a la jubilación. Es el porcentaje de la pensión de jubilación respecto al importe del último salario recibido, el porcentaje de ingresos que se verán reducidos cuando se deja de trabajar.
La fórmula para calcular la tasa de reemplazo es muy sencilla. Basta con dividir la pensión de jubilación entre el último salario y multiplicarlo por 100 para dar con el porcentaje. A modo de ejemplo, si el último salario era de 1.000 euros y la pensión es de 800 euros, la tasa de sustitución será del 80%. [(Pensión de jubilación / último sueldo percibido) x 100% = tasa de sustitución].
En España la tasa de sustitución o de reemplazo es elevada en comparación con la que presentan otros países de nuestro entorno. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en España la tasa de sustitución, neta de impuestos, se encuentra en un 80% frente al 62% de media que tienen los países de la OCDE (74% en Francia, 53% en Alemania, 82% en Italia, etc.), teniendo en cuenta que la pensión de jubilación máxima en España en 2022 asciende a 2.819,19 euros mensuales por catorce pagas.
