Atrasar la jubilación un año sube el riesgo de muerte temprana entre los 60 y 69 años, según Fedea

Objetivo del Gobierno con la 'revolución' en pensiones: trabajar más años y jubilarse más tarde

Así queda la jubilación activa con la nueva reforma de las pensiones

España, al igual que otros países europeos, ha ido reformando el sistema público de pensiones para apuntalar la solvencia financiera frente al envejecimiento de la población y el retiro masivo de la generación del baby boom en las próximas dos décadas. Entre las medidas, se ha elevado la edad legal de jubilación general (en la actualidad, 66 años y 6 meses, y regirán los 67 desde 2027) y se ha endurecido la jubilación anticipada, mediante el aumento de la edad mínima de acceso a la pensión, y la reforma de los coeficientes reductores.

La última reforma de pensiones, acordada por el Gobierno y los agentes sociales a finales de julio de 2024 (aún debe superar el trámite del Pacto de Toledo y del Congreso), consiste en incentivar más la jubilación demorada, mejorar la activa y ampliar la parcial; todo ello, para animar a los trabajadores a que, voluntariamente, retrasen su jubilación.

Frente a los beneficios que algunos expertos atribuyen a la prolongación de la vida laboral, un estudio recién publicado por Fedea (@socialfedea), Fundación de Estudios de Economía Aplicada, concluye que "retrasar la edad de jubilación aumenta el riesgo de mortalidad temprana", de forma que aplazar un año la salida del mercado laboral eleva "significativamente" el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, en particular, en sectores y ocupaciones físicamente más exigentes y sujetas a mayor estrés emocional y mental.

Las conclusiones del informe reflejan que esta probabilidad de mortalidad temprana es "mucho menor" entre quienes tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

Jubilarse más tarde, muy arriesgado en trabajos físicos

A la vista de estos resultados, los expertos del think tank reclaman que, a la hora de diseñar las políticas de jubilación, se debe cuidar al detalle sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. "Es importante, en particular, tener en cuenta el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de retiro, que no pueden ser iguales para todos", alegan.

Otras medidas claves son los "mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial", para que se permita a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.

Las muertes tempranas no compensan al sistema

El informe de Fedea, publicado este miércoles, es una actualización del estudio de Sergi Jimenez (UPF y Fedea), Cristina Bellés (Universidad de Barcelona) y Han Ye (Universidad de Mannheim), basado en un experimento generado por una reforma de 1967, mediante la cual se modificó la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en que los individuos comenzaron a cotizar a la Seguridad Social, endureciendo el acceso a la misma para un subconjunto de cohortes de cotizantes.

En particular, dicha reforma establecía que quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a los 60 años, pero el resto (con alguna excepción) tenía que esperar a los 65. Los autores del estudio investigan los efectos de esa reforma sobre la edad de salida del mercado de trabajo y los de esta última sobre la mortalidad en edades próximas a la jubilación. Y detalla cómo varían los efectos sobre la mortalidad según las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada.

Sobre la base de estos resultados, los autores del estudio calculan el coste o beneficio social de restringir la jubilación anticipada y muestran que "el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales". Explican que, utilizando el valor de un año de vida ajustado por calidad a los 60 años en España, un aumento de 0,46 años en la edad al morir se traduce en una pérdida social valorable en 8.564 euros por cada individuo.

Por otro lado, Fedea sostiene que dicha reforma supone un retraso en la salida del mercado laboral que genera, en promedio, una aportación adicional al sistema de pensiones e ingresos fiscales de 1.925 euros por persona

Además, debido a que tal reforma conduce a una mortalidad temprana, la Seguridad Social ahorra 3.228 euros por jubilado en beneficios de pensión. Como resultado, defiende Fedea, la Seguridad Social obtiene una ganancia fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma.

"En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social", concluyen los expertos de Fedea en este estudio.

Más jubilación demorada y menos anticipada hasta julio 

Las últimas estadísticas de la Seguridad Social muestran que, de las nuevas altas de jubilación entre enero y julio de 2024 (total de 201.260), el 71,5% se hizo con la edad ordinaria (143.835 jubilaciones), mientras que un 9,9% se corresponde con la modalidad de jubilación demorada, lo que muestra un fuerte crecimiento, si se compara con el 4,8% que suponían en el año 2019.

El auge del retraso voluntario del retiro y la caída del adelantado se nota asimismo en que, hasta julio, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido, puesto que el 28,5% de las nuevas altas (57.374) fueron jubilaciones anticipadas, cuando en 2019 eran el 40%.