Fernández Palacios (Mapfre Vida): "No conocemos la letra pequeña del fondo público de pensiones"

Juan Fernández Palacios (Talavera de la Reina, Toledo, 1957) es desde hace casi una década el consejero delegado de Mapfre Vida, división de la aseguradora española con presencia en los cinco continentes y con cerca de 26 millones de clientes en todo el mundo. Licenciado en Ciencias Económicas y Actuario de Seguros por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), empezó su andadura profesional como Inspector de Seguros, para incorporarse en el año 2000 a Mapfre, donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad. Desde 2014 es también vicepresidente del Comité de Seguros Personales de Insurance Europe.

Fernández Palacios lleva la cultura del ahorro en su ADN, algo que trata de inculcar a sus hijas, tal y como reconoce en esta entrevista con Fernando Ónega, presidente del Comité Editorial de 65Ymás. Y es que considera fundamental "hacer un esfuerzo mucho mayor por sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de ahorrar para la jubilación, porque vamos a vivir mucho más y vamos a necesitar recursos para mantener cierto nivel de vida". Igualmente, reclama "reformas de calado" para que el sistema público de pensiones sea "sólido y sostenible a largo plazo", pide fijarse en el modelo británico de planes de pensiones de empresa y espera impaciente conocer la "letra pequeña" del fondo público de pensiones de empleo que prepara el Gobierno.

FERNANDO ÓNEGA.- Acaban de ser aprobadas en el Congreso las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. ¿Cuál es su impresión? ¿Afrontan debidamente el tema de la sostenibilidad de las pensiones o se han quedado un poco cortas?

JUAN FERNÁNDEZ PALACIOS.- El Pacto de Toledo fue una magnífica idea de mediados de los 90 que tenía por objeto sacar el debate de las pensiones de la lucha partidista y la confrontación política, Y en ese sentido ha funcionado durante muchos años, generando recomendaciones que han permitido tomar medidas en la dirección adecuada para el reforzamiento del sistema público de pensiones. ¿Se ha quedado un poco corto? Yo creo que ese objetivo inicial que se consiguió, ahora está costando más mantener porque los participantes, los miembros del Congreso que están en el Pacto de Toledo, tienen miedo a verse señalados como detractores de un sistema que, siendo uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar, necesita reformas de calado. Las recomendaciones que han aprobado y que tiene que ratificar el Congreso van en la buena dirección, pero están un poco influidas por esta circunstancia.

F.O.- Cuando dice que se necesitan reformas en el sistema público de pensiones, ¿en cuáles está pensando?

J.F.P.- Dejando a salvo el contar con un sistema público de pensiones que sea potente, sólido y sostenible a largo plazo, hay una realidad, que es el envejecimiento poblacional y el hecho de que está cambiando de forma importante la relación entre pensionistas y trabajadores en activo. Estamos hablando de un pensionista por cada 3,4 trabajadores en activo. Las proyecciones nos dicen que en torno a 2050, que es pasado mañana prácticamente, habrá una relación de uno a 1,4. Eso hace complicado que este sistema, que es de reparto, donde las pensiones de cada año se pagan con las contribuciones que hacen los trabajadores, pueda seguir funcionando con las mismas bases. Hay que adaptarlo a esa realidad y para eso hay que tomar medidas de calado. Y hay una que es importante, que es dar cabida a la responsabilidad individual, el ahorro de los individuos y las familias para complementar esas pensiones que en su día nos ofrezca el sistema público, que siempre tendrán que ser las mayores en importe que nos pueda pagar.

F.O.- Las últimas noticias en ese sentido son que el Gobierno pretende eliminar las facilidades fiscales que se dan a los planes de pensiones individuales. ¿En qué medida va afectar este hecho al entusiasmo de la gente por hacerse planes de pensiones si no tienen ese atractivo fiscal y en qué medida puede perjudicar a las empresas aseguradoras?

J.F.P.- Respecto a lo segundo, a mí me parece lo menos importante. Y lo digo desde la perspectiva de responsable de una empresa aseguradora muy comprometida con las pensiones en España. Estamos evaluando el impacto que puede tener y creo que no va a ser significativo. En ningún caso nos va a obligar a reducir la capacidad instalada. El problema es el impacto que puede tener en los planes de ahorro para la jubilación de los particulares. Hay una intención declarada del Gobierno de pasar progresivamente los incentivos fiscales desde los planes individuales a los planes de empleo. Puede tener sentido, pero hay un problema, que hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a planes de empleo; y otros que, aunque tienen acceso, sus empresas no están ahora mismo en condiciones de suplantar las aportaciones que ellos pueden hacer individualmente. Ese es el problema y ese es el impacto. Además, el mensaje es contradictorio con lo que se está planteando en Europa, donde hay un proyecto impulsado por la Comisión Europea de creación de un Plan de Pensiones Paneuropeo para precisamente desarrollar lo que conocemos como el tercer pilar, que son los planes y productos aseguradores individuales. Cuando la Comisión Europea está impulsando esto y está pidiendo a los Estados miembros que apliquen a ese nuevo producto la misma fiscalidad que tengan los productos similares en los distintos Estados miembros, resulta paradójico que en España lo que se haga sea cercenar o reducir drásticamente las posibilidades de aportación a este instrumento.

F.O.- Cuando habla de las dificultades de las empresas para estos planes, ¿está pensando en las dificultades del Covid o en dificultades estructurales más amplias?

J.P.F.- Ambas cosas. Hay un problema estructural de las empresas. Los costes que soportan en términos de contribución al sistema de pensiones son muy elevados en España, más que en otros países de nuestro entorno, pero ahora se suman los problemas derivados del Covid. Cuando hablamos de las empresas tenemos que pensar no en las grandes empresas, sino en las pequeñas y medianas empresas, que es donde está el grueso del tejido productivo de nuestro país. El Covid ha venido a agravar esa dificultad estructural. No parece, por tanto, que este sea el mejor momento para adoptar medidas que puedan empeorar todavía más esta situación.

F.O.- Eso en cuanto a las empresas, pero en cuanto a los particulares, tal y como está la situación, con reducción de salarios, ERTEs y demás, ¿tienen dinero para ahorrar pensando en la vejez?

J.F.P.- La mayoría de la gente vive con lo justo y pedir un esfuerzo de ahorro parece algo excesivamente voluntarista. Sin embargo, yo diferenciaría entre lo que es el ahorro como aplicación de los excedentes del consumo a una determinada finalidad y lo que es el ahorro para la jubilación, que es una distribución temporal de los ingresos del salario que uno recibe. Cuando hablo del ahorro para la jubilación, hablo de una partida que cualquier ciudadano, sea cual sea su salario, debería detraer de su renta mensual para dejarla para su jubilación. Yo le digo a mis hijas, que se están incorporando ahora al mundo laboral, que viven igual de mal con 1.000 euros que con 900. Si le preguntas a una persona si con 1.000 euros puede ahorrar, su respuesta va a ser que apenas llega a fin de mes. Pero lo que hay que decirle es que se discipline en retirar de esos 1.000 euros, 100 euros; o de 900 euros, 50, y llevarlos todos los meses a una cuenta o seguro de ahorro de pensiones. Te adaptarás a vivir con ese nivel de renta disponible y te encontrarás que cuando termine tu vida activa tendrás un complemento de rentas muy necesario para poder mantener tu nivel de vida.

F.O.- Yo que soy padre y abuelo, cuando les diga al llegar a casa que me ha dicho el consejero delegado de Mapfre Vida que procuren apartar 100 euros pensando en su futuro... ¿qué les digo que hagan con ese dinero?

J.F.P.- Hay una variedad de instrumentos financieros de ahorro bastante amplios. Uno de ellos son los planes de pensiones, y luego infinidad de modalidades de seguros a largo plazo, incluso otro tipo de vehículos de ahorro. Cuando pensamos en un ahorro finalista para la jubilación, lo ideal es coger vehículos especializados para ese ahorro, y están los seguros de vida ahorro a largo plazo y los planes de pensiones. Son productos que están diseñados para, de forma sencilla, permitir ese ahorro recurrente y sistemático. Uno no tiene que estar pensando todos los días qué hago con estos 100 euros, sino que podemos dar la instrucción a una aseguradora o entidad gestora de fondos de pensiones para que se ocupe de hacer esa colecta, por así decirlo, y vaya gestionando, invirtiendo y optimizando la evolución de esos recursos en el tiempo. Somos muy partidarios del ahorro sistemático y recurrente. No hace falta que sean grandes cantidades, pequeñas cantidades pueden generar capitales significativos si se da el tiempo necesario. Por eso es importante que yo conciencie a mis hijas y usted a las suyas de que empiecen cuanto antes estos procesos de ahorro. Es muy importante la educación financiera, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor del que estamos haciendo por sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de ahorrar para el futuro, porque vamos a vivir mucho más y vamos a necesitar recursos para mantener cierto nivel de vida.

F.O.- ¿Qué opinión le merece el fondo de pensiones público de empleo que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos del Estado?

J.F.P.- Hay todavía una letra pequeña que no conocemos. La intención declarada del Gobierno es aumentar la competencia en este campo, pero ya es muy fuerte. Por otro lado, para la gestión de esos fondos público de empleo el propio proyecto de ley de Presupuestos contempla que el Gobierno lleve a cabo concursos públicos para seleccionar las gestoras y depositarias, lo que puede ser un ejemplo de colaboración pública-privada, donde hay un fondo promovido por las instituciones públicas, pero gestionado por empresas privadas. A mí eso no me suena mal. Hay otro objetivo entendible por parte del Gobierno, que es reducir los costes, poner un tope a lo que las empresas gestoras y depositarias puedan percibir en compensación por la gestión de ese fondo. Siendo loable el objetivo, hay que tener cuidado de no pasarse de frenada, no vaya a ser que por poner unos límites tan estrictos desincentivemos la participación de las entidades gestoras y aseguradoras en la gestión de esos fondos. Sería una pena porque estas entidades tenemos ya nuestras estructuras productivas preparadas y testadas desde hace muchos años para llevar a cabo esa función de forma adecuada.

F.O.- Me suena a intervencionista por parte del Gobierno...

J.F.P.- Existe ese riesgo, pero si no he entendido mal al ministro Escrivá en alguna comparecencia en la que sacó a colación este tema, me dio la impresión de que está pensando en un sistema parecido al británico, con lo cual me sonó bien. Porque en el sistema británico, los trabajadores se adscriben automáticamente a un plan de pensiones privadas al incorporarse a la empresa y eso obliga a que las empresas tengan un plan de empleo al que incorporar a esos trabajadores. Para no dejar a las empresas sin posibilidades de atender esa obligación, en Reino Unido se crea un fondo público que cumple este papel. Aquí de momento se habla de este fondo público, pero no del sistema de adscripción automática. Por eso hay que esperar a la letra pequeña. Ojalá el Gobierno esté pensando en ese sistema de adscripción automática y estemos ante un mecanismo de colaboración público-privada, que es deseable desarrollar en este y otros ámbitos, y no tanto en un afán intervencionista. Insisto, hay que medir muy bien los parámetros que se fijan y procurar que esa colaboración sea también interesante para las entidades privadas, que tienen que desarrollar siempre sus actividades sobre un principio de equilibrio económico y financiero.