La Comisión Europea ha amenazado este jueves con denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a España y otros siete países por incumplir su obligación de trasladar a sus marcos legislativos nacionales las normas comunitarias sobre fondos de pensiones de empleo (FPE).
Los FPE son planes privados impulsados por una empresa para completar la pensión pública. La citada directiva establece un marco "completo" sobre las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo, según ha explicado el Ejecutivo comunitario, y los Estados miembros estaban obligados a transponerla como muy tarde el 13 de enero de este año.
Sin embargo, España, Chipre, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía y Suecia todavía no han comunicado su transposición a los servicios de la Comisión Europea, que ha dado un plazo de dos meses a todos estos países para hacerlo.
El ultimátum toma la forma de dictamen motivado, el segundo paso de los procedimientos comunitarios de infracción, que en última instancia puede acabar en una denuncia por incumplimiento ante el tribunal de Luxemburgo.
Más advertencias
Por otra parte, la Comisión Europea ha lanzado otras dos últimas advertencias a España para que aplique todas las disposiciones de las directivas europeas sobre distribución de riesgos y servicios de pago o, de lo contrario, denunciará al Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), según ha informado en dos comunicados.
En ambos casos, Bruselas da a España un plazo de dos meses para cumplir con lo estipulado en las normativas. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha enviado al Gobierno dos dictámenes motivados, el último paso en los procedimientos de infracción antes de llevar el caso al tribunal con sede en Luxemburgo.
En el caso de la directiva sobre distribución de seguros, la Comisión reclama a España que aplique los nuevos requisitos sobre la información que debe facilitarse a los consumidores antes de firmar contratos de seguro, como las nuevas reglas de protección de los clientes en la venta de productos de inversión con componentes de seguro.
Se trata de la segunda advertencia que las autoridades comunitarias remiten a las españolas en este asunto, después de una primera que fue enviada en marzo de este año. "Si en el plazo de dos meses no se notifican las medidas para dar cumplimiento a esta directiva, la Comisión podría optar por llevar a España ante el TUE", dice la institución europea en un comunicado.
Con respecto a la directiva de servicios de pago, el Ejecutivo comunitario ya había enviado una primera carta en marzo de 2018 y España sigue sin transponer totalmente esta normativa a su ordenamiento jurídico, a pesar de que debería haberlo antes del 13 de enero del pasado año.
Al igual que en el caso anterior, el Gobierno tiene dos meses para comunicar a Bruselas el cumplimiento de una directiva cuyo objetivo es modernizar las reglas de pagos en la UE a través, por ejemplo, de requisitos de seguridad para los pagos electrónicos y para la protección de los datos financieros de los consumidores.
Además, la directiva prohíbe los recargos, es decir, los gastos adicionales por pagos efectuados con tarjetas de crédito o débito personales, tanto en tiendas físicas como en ventas 'online'.
