Los funcionarios reclaman jubilación parcial y mejoras en la anticipada y demorada

Los sindicatos denuncian las "bajas pensiones" que reciben los funcionarios de clases pasivas

Presupuestos 2023: gasto de 3.000 millones en pensiones no contributivas y 20.500 en clases pasivas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en las administraciones públicas, exige al nuevo gobierno "que las clases pasivas reciban el mismo tratamiento económico que las del Régimen General", por lo que reclaman una serie de medidas, entre ellas, "el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica o peligrosa (sanidad, agentes forestales, entre otros)".

Piden asimismo la regulación de la "jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario" (actualmente no disponen de esta posibilidad), así como el "incremento de los haberes reguladores de las pensiones de las clases pasivas y un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral".

Así lo ha demandado el sindicato este lunes, advirtiendo al nuevo gobierno de que es necesario que proceda a la "aplicación del complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias; y que las clases pasivas también se beneficien del refuerzo de la cobertura del periodo de excedencia por cuidados familiares". 

Estas reivindicaciones forman parte del decálogo de exigencias para la Función Pública, entre las que se incluyen la implantación de la jornada laboral de 35 horas y volver a negociar un nuevo acuerdo salarial. Recuerdan, además, que el sistema público de pensiones "ha tenido tres grandes reformas desde 2011 (todas con apoyo de los sindicatos de clase): primero se amplió la edad de jubilación de 65 a 67 años; posteriormente la reforma de 2021 penalizó las jubilaciones voluntarias; y por último, en 2023 se aumentaron los años de cotización a efectos del cálculo de la pensión y se regularon nuevos gravámenes para las personas trabajadoras".

Para CSIF, España necesita reformas estructurales urgentes, ante el deterioro de los servicios públicos. "La Administración del Estado ha destruido 64.400 empleos en los últimos 10 años. Los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20% desde los recortes de 2010 y del 5,5% solo en los últimos dos años (...) Es preciso rejuvenecer y reforzar las plantillas, revisión salarial y regular el teletrabajo".

De no entablar una pronta negociación, el sindicato alerta de que "reactivará las movilizaciones en cuanto haya nuevo Gobierno si no se atienden las exigencias del conjunto de empleadas y empleados públicos".

Urge "solucionar la temporalidad"

Según detalla el presidente de CSIF, Miguel Borra, es necesario "suprimir la tasa de reposición" para contribuir a la creación de empleo neto y el diseño de unas plantillas "adecuadas" a las necesidades de la ciudadanía, para lo que es necesario "una planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público".

.@CSIFnacional pedirá esta legislatura jornada laboral de 35 horas para funcionarios y un nuevo acuerdo salarialhttps://t.co/nigDaH3uJQ pic.twitter.com/BxMW79wXs0

— Europa Press TV (@europapress_tv) September 25, 2023

Asimismo, insta a la Administración a agilizar los procesos selectivos, ya que puede pasar más de tres años desde que se convoca la plaza hasta que finalmente los aspirantes se incorporan a sus puestos, y encontrar una "solución a la temporalidad", una cuestión que Borra ha recordado que debe ser solucionada antes del 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad tiene que pasar del 31% de la actualidad al 8% para cumplir los requerimientos de la Unión Europea.

Los empleados públicos reivindican también renegociar un nuevo acuerdo salarial que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, y la derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras, así como una habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre territorios.

CSIF denuncia que faltan 400.000 empleados 

Durante la presentación de los datos, Borra puso el foco en los 400.000 empleados que "hacen falta" en el sector público para acercarse a niveles europeos de empleados públicos. Así, ha recordado que, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nivel de empleados públicos en España es dos puntos porcentuales inferior a la media de la OCDE; cinco puntos porcentuales menor a la de Francia; y 14 puntos más pequeña que la de los países del norte de Europa.

"No somos muchos empleados públicos, faltan empleados públicos en España". El presidente de CSIF ha exigido igualar el nivel de empleo público a los estándares europeos, ya que ha alertado de que las últimas dos promociones de médicos se han ido a trabajar al extranjero, por las mejores condiciones laborales. Asimismo, ha pedido que las condiciones laborales se "igualen" entre comunidades autónomas, por el hecho de que existe "mucha competencia" entre comunidades autónomas, y siempre son dos las que ofrecen mejores condiciones: País Vasco y Navarra.

Mayor financiación para Muface y Mugeju

Otras exigencias de CSIF se refieren al desarrollo de la carrera profesional en la Administración General del Estado y "vincular" al resto de las administraciones que no la han desarrollado, favorecer la promoción interna, el desarrollo del teletrabajo en el conjunto del Estado; la homologación de los permisos y condiciones laborales entre administraciones; la adecuación de los grupos profesionales y la regulación de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito.

Asimismo, piden que el Gobierno incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo en Muface y Mugeju correspondiente al periodo 2022-2024, ante un sistema que han tachado de "infrafinanciado" y para evitar recortes en la asistencia ante la situación económica y el incremento de los precios.

Y reclaman al Gobierno que haga valer el acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado firmado en abril de 2021 y elabore un Real Decreto que lo regule.

Podrían volver a hacer huelga 

"Hay médicos de La Rioja que aceptan contratos en Navarra porque el precio de las guardias es bastante superior y les ofrecen contratos de más larga duración. (...) También estamos viendo en lugares como Castilla y León donde se está ofreciendo a sus empleados públicos trabajar hasta los 72 años, y compatibilizar el sueldo íntegro y el 75% de la jubilación, porque no hay personal", advierte la central sindical.

Todas estas reivindicaciones serán trasladas al próximo Gobierno "en cuanto se forme", aunque tampoco descartan "en absoluto" volver a la huelga, debido a que existe, según ellos, "cero interlocución" con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.