El gasto en pensiones de las clases pasivas se dispara el 7,6% y supone ya 1.309 millones al mes

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El gasto del Estado para pagar las pensiones de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas (aquellos nombrados antes del 1 de enero de 2011) supone ya 1.309,3 millones de euros al mes, con cifras de marzo de 2022, último dato disponible, lo que significa que sufragar las nóminas de los funcionarios pensionistas pertenecientes a este cuerpo cuesta hoy un 7,6% más que hace un año. 


Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la cifra total de esta clase de pensiones en vigor asciende a 682.599, es decir, 13.840 pensiones más que en el mismo mes del año anterior. Esto supone un incremento del 2% en tasa de variación interanual.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El gasto anual en este tipo de pensiones ascendió a 17.127 millones de euros en 2021, según refleja el Portal de Clases Pasivas, que muestra un desembolso trimestral en torno a los 3.600 millones, excepto en el segundo y cuarto del año, donde el abono de sendas pagas extraodinarias elevó el gasto hasta unos 4.900 millones al trimestre. 

Gasto de casi 4.200 millones al trimestre

Por lo que se refiere a 2022, entre enero y marzo, el gasto acumulado en nóminas de las clases pasivas ha aumentado hasta los 4.185,4 millones de euros, debido a las nuevas jubilaciones (suelen entrar al sistema con pensiones medias de mayor cuantía que las preexistentes) y también a la revalorización del 2,5% experimentada por todas las pensiones, más el 1,6% por compensación del IPC del año precedente. En total, las nóminas de estos funcionarios se han incrementado este año el 4,1%, igual que las contributivas de la Seguridad Social. 

Las mayores facilidades para jubilarse de estos funcionarios (la ley les permite acceder a la jubilación anticipada a los 60 años, si acreditan 30 años de servicios al Estado) junto con la elevada edad media que registra el personal al servicio de las Administraciones Públicas (AAPP) son las razones que explican este mayor ritmo de crecimiento del número de jubilados y del gasto para abonar sus nóminas, frente a las pensiones de la Seguridad Social, que también aumentan con respecto al año pasado, pero lo hacen a menor ritmo. 

Así, frente al 2% interanual que engorda el número de pensiones de clases pasivas, la cifra de nóminas contributivas de los regímenes de la Seguridad Social (régimen general, autónomos, mar, carbón, etc.) tan solo crecen un 1,06%, a tenor de los últimos datos conocidos (ver gráfico inferior), que corresponden a abril y en comparación con el mismo mes de 2021 (en total, existen 9.929.502 nóminas contributivas).

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ABRIL 2022)

Del mismo modo, el gasto en nóminas de clases pasivas se ha disparado el 7,6% frente al que representaban hace un año, mientras que las pensiones de la Seguridad Social cuestan hoy el 6,5% más (en cifras absolutas, 10.798 millones de euros el pasado mes de abril), a tenor de las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social.   

El propio sindicato de funcionarios CSIF (@CSIFnacional) alertaba hace meses de que, coincidiendo con la negociación de la reforma de las pensiones, entre junio y diciembre de 2020 se produjo una oleada de retiros anticipados: 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2% más que en el mismo período de 2019. Esa aceleración de jubilados de clases pasivas continuó siendo la tendencia en 2021, y se comprueba que sigue siendo el panorama en el inicio de 2022, con el citado 2% más de pensiones de funcionarios de las que se abonaban hace 12 meses. 

De hecho, CSIF calcula que, en menos de diez años, se habrá jubilado un 60% de la plantilla de la Administración General del Estado. La escasez de personal y la pérdida de poder adquisitivo, que cifran en el 15% desde 2010, ha llevado al sindicato a iniciar una campaña de movilizaciones en toda España, que se iniciará este próximo 25 de mayo.

Plantillas muy envejecidas y retiro del 'baby boom'

La Administración General del Estado ha perdido un total de 54.661 efectivos a lo largo de los últimos diez años, como consecuencia de las políticas de recorte. Una realidad a la que se añade el hecho de las plantillas se encuentran muy envejecidas, de tal manera que el 20,31% del personal de los ministerios tiene más de 60 años, por tanto a las puertas de la jubilación, mientras que un 61,98% tiene más de 50 años.

Esta circunstancia, según avisan los sindicatos, coloca en una situación muy crítica la Seguridad Social o el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), cuyo funcionamiento "se encuentra tensionado como consecuencia del volumen de prestaciones que deben atender y la merma en sus plantillas", afirma CSIF.