El Gobierno acota a la AIReF los criterios para examinar las pensiones: ojo a las transferencias

La AIReF cifra el déficit de la Seguridad Social en el 0,5% del PIB en 2024

La 'hucha' de pensiones engorda en 2024 hasta 9.300 millones, mayor cuantía desde 2016

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero, por el que se desarrollan la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los informes de evaluación de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

En esta norma, el Gobierno precisa qué debe considerar la AIReF, organismo presidido por Cristina Herrero, a la hora de realizar su primer chequeo a la reforma de pensiones, donde examinará las medidas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones adoptadas desde 2020.

Un informe que el organismo fiscalizador independiente habrá de emitir antes del próximo 1 de abril y que debe realizar cada tres años.

Este real decreto ha creado sorpresa, porque su aprobación no se mencionó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, y solo se ha conocido al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y porque esta primera evaluación de la AIReF es decisiva, ya que de la nota que ponga a la reforma dependerá que el Gobierno deba aprobar nuevas medidas de ingresos, de gastos, o una combinación de ambas. Lo que es seguro es que, de certificar la AIREF que el gasto se dispara por encima de las proyecciones, podría haber una subida automática de cotizaciones ligadas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Las transferencias, quid del inminente examen 

Este Real Decreto es, según el Gobierno, una forma de especificar conceptos a considerar en la 'cláusula de cierre', establecida en la reforma de pensiones, y que es el mecanismo que concede a la AIReF el poder de monitorizar la evolución del gasto en pensiones.

"Razones de seguridad jurídica, así como la exigencia de que las evaluaciones e informes (de la AIReF) presenten una estimación fiel de los ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social y adaptada a la fecha de su realización para que se puedan adoptar las medidas adecuadas, determinan la necesidad de precisar determinados contenidos", alega el Ejecutivo. Así, el real decreto precisa que se entenderán comprendidos en el sistema público de pensiones tanto la Seguridad Social como las Clases Pasivas, al tiempo que se identifican los conceptos a considera como ingresos del sistema público de pensiones, mencionando de forma expresa las transferencias del Estado a la Seguridad Social. 

La norma publicada por el BOE también dicta que la AIReF debe considerar como ingresos las aportaciones progresivas del Estado, las cotizaciones, los recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga; las rentas o intereses y cualquier otro producto de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social, y los recursos para la financiación de las Clases Pasivas.

El texto determina que el organismo presidido por Cristina Herrero habrá de cuantificar de forma conjunta el impacto de las medidas adoptadas sobre los ingresos del sistema para 2022-2050 en porcentaje del PIB para este periodo, y puntualiza que deberán tomarse en consideración las medidas que tienen impacto directo en los ingresos del sistema público de pensiones, como la subida de bases máximas y mínimas de cotización, el aumento de los tipos de cotización y las cotizaciones adicionales, como el MEI y la cuota de solidaridad.

Evaluar con datos, no hacer un ejercicio teórico

"Para garantizar una estimación fiel de los gastos del sistema de la Seguridad Social" adaptada a la fecha de su realización, el Gobierno determina que la proyección de la AIReF habrá de partir de los datos observados", puesto que, de lo contrario, "se apartaría de la realidad presente y actual y se entraría en un ejercicio de carácter teórico, que no reflejaría la realidad del sistema", advierte el Ejecutivo.

Asimismo, el real decreto establece que el informe de la AIReF utilizará los supuestos macroeconómicos y demográficos del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea, cuando no se disponga de datos observados que haya publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), o las fuentes oficiales oportunas. Y habrá ciertos datos que deberá proporcionar el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Si los ingresos no bastan: más cuotas o ajustes

El informe de la AIREF debe poner blanco sobre negro si el nivel de gasto en pensiones (2022-2050) y el impacto de las medidas de ingresos cumplen con los umbrales legales.

- Si el exceso de gasto neto estimado en pensiones supera el 13,3% del PIB, el Gobierno deberá proponer medidas, que serán objeto de un informe de impacto de la AIReF. 

- Las eventuales nuevas medidas deberían ser negociadas con los interlocutores sociales, y podrán incluir un aumento de las cotizaciones sociales u otra forma de incrementar los ingresos, una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB, o una combinación de ambas.

- La propuesta del Gobierno se remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo, y se aprobará un proyecto de ley para su remisión a las Cortes.

- Si este proyecto no está vigente el 1 de enero del año siguiente, se incrementará la cotización del MEI para compensar el exceso de gasto neto estimado, hasta que se adopten nuevas medidas o se corrija el exceso de gasto neto

Fondo de Reserva: solo para pensiones contributivas

En el citado real decreto, el Gobierno también regula los valores en los que podrá invertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, precisando que esta hucha de las pensiones podrá invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas nacionales y extranjeras, "de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de liquidez, es decir, negociados en mercados regulados o sistemas organizados de negociación".

Asimismo, el Fondo podrá invertir en otros valores "de calidad crediticia elevada" emitidos por personas jurídicas públicas cuando así se acuerde por el Consejo de Ministros y a propuesta conjunta de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda.

"La composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se configura como una reserva de carácter patrimonial con reflejo en el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social a partir del patrimonio generado por las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, junto con la cotización adicional finalista derivada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)", apunta el Gobierno en la exposición de motivos del Real Decreto.

El real decreto aclara que la disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará "con carácter exclusivo" a la financiación de las pensiones de carácter contributivo para reforzar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada ejercicio económico, desde 2033, el desembolso anual a efectuar por el Fondo de Reserva, que consistirá en el porcentaje del Producto Interior Bruto que se determine cada año, con el límite máximo establecido en cada año del periodo 2033-2050 en la Ley General de la Seguridad Social.

El Gobierno recuerda que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización finalista, destinada a nutrir el Fondo de Reserva, que partiendo del 0,6% de 2023 se irá incrementando anualmente hasta 1,2 puntos porcentuales en 2029, manteniéndose dicha cotización hasta 2050.