Este lunes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mantenido un nuevo encuentro con sindicatos y patronal en la Mesa de Diálogo sobre Pensiones, al término de la cual, el departamento que dirige Elma Saiz se ha comprometido a enviar en unos días a los agentes sociales un texto, con sus diferentes aportaciones, en relación con la implicación de las mutuas en la incapacidad temporal (IT) y a la regulación de los coeficientes reductores a establecer en la jubilación anticipada.
A su vez, el próximo lunes, día 4 de marzo, todas las partes volverán a reunirse, y está previsto que se produzca un "intercambio" de borradores entre las partes.
¿Qué es lo que se negocia en estos momentos?
Por un parte, existe un diálogo sobre las mutuas, y se trata de desarrollar lo pactado por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En dicho acuerdo, sindicatos y empresarios instan a aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria de los trabajadores y reducir las listas de esperas en el sistema público. Con este fin, se pedía a las administraciones con competencias en la materia desarrollar convenios con las mutuas para que estas pudieran realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico.
En este sentido, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha señalado que existen algunos puntos de consenso, pero también otros de "grandes discrepancias" entre las partes. "Mientras los sindicatos pensamos que el AENC establece esa colaboración exclusivamente para ayudar a los trabajadores a poder ser atendidos con la premura que necesitan en muchas ocasiones, en el caso de la CEOE, van más allá. Pretenden que se haga una transferencia de prestaciones de lo que es hoy el servicio público de sanidad al médico de la mutua", ha denunciado.
Estévez espera que esas discrepancias con la patronal sean "subsanables", porque el AENC deja "muy claro" que el objetivo de la medida propuesta es ayudar a la pronta recuperación de los trabajadores ante determinadas patologías derivadas de enfermedades comunes de origen traumatológico.
Coeficientes reductores para anticipar la jubilación
Otro de los puntos tratados en la reunión, a la que han asistido el Ministerio, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme, se refiere a la regulación del procedimiento general establecer coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación, en función de los requerimientos físicos o psíquicos en el desempeño de una actividad, que experimenten un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales. En este punto, el Ministerio también procederá a incorporar las recomendaciones de los interlocutores sociales.
La reforma de pensiones de 2021 establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá rebajarse en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo un mínimo de actividad.
A tales efectos, la reforma emplazaba a un reglamento posterior, el que ahora se negocia, para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.
Sin acuerdo en los ratios de penosidad
Para los sindicatos, la nueva regulación de la penosidad debe quedar establecida en unos indicadores objetivos, así como la edad a la que se puedan aplicar. En relación con este asunto, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha argumentado que no todo el mundo podrá jubilarse a los 67 años cuando se despliegue por completo la subida progresiva de la edad legal de retiro establecida en la reforma de 2011.
"Por tanto, debemos de ser muy exhaustivos a la hora de establecer quiénes pueden o quiénes no pueden llegar a esa edad ordinaria de jubilación", según la representante sindical, quien resalta que hay "bastante acuerdo en la parte de peligrosidad", pero no en los ratios de penosidad.
Para UGT, es fundamental que la penosidad quede establecida en unos indicadores objetivos, así como la edad. "No pueden darse casos como los de personas de la dependencia, mujeres en la mayoría de los casos, que son ancianas atendiendo a ancianas. Aquí sí que existe bastante controversia y por parte del Ministerio bastante cerrazón.Parece que lo que pretenden es que los coeficientes reductores los tengan las profesiones o las actividades masculinas y dejar la jubilación parcial para las femeninas, con lo cual estaríamos ante una desigualdad de trato inasumible por parte de nuestra organización", ha denunciado Estévez.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).