Pensiones
El Gobierno reduce incentivos a los planes de pensiones individuales para impulsar los de empleo
Baja de 8.000 a 2.000 euros la aportación máxima a planes individuales con derecho a deducción
Escrivá llevará a los PGE la creación de un fondo de pensiones de empleo con garantía pública
José Luis Escrivá: "Haremos una reforma integral de la fiscalidad de los planes de pensiones"
Era una medida anunciada, y este martes, los Presupuestos Generales del Estado la han corroborado: el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez reducirá las desgravaciones de los planes de pensiones individuales privados. Unos incentivos fiscales que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) había criticado con dureza recientemente, y que el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calificó como "un producto muy caro, regresivo y que no cumple el objetivo de generar un aumento de ahorro neto, que es el objetivo de la desgravación fiscal", en su reciente entrevista con 65Ymás.
En concreto, se recortará hasta 2.000 euros la aportación máxima de los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF, desde los 8.000 euros actuales, mientras que en el caso de los planes de empresa se eleva la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros. Una medida con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 580 millones de euros en 2022, según ha cuantificado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La intención del Gobierno es reformar por completo el tratamiento fiscal del que gozan actualmente los planes de pensiones, por una parte, mediante la disminución de la desgravación a los planes individuales, y por otra parte, impulsando los planes de pensiones de empleo, vinvulados a la negociación colectiva, y que hasta la fecha solo ofrecen las grandes empresas y en ciertos sectores, como banca, seguros, telecomunicaciones, o multinacionales.
Precisamente, la última noticia sobre esta reforma integral de los planes de pnesiones se conocía este mismo lunes, cuando el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social confimaba que su titular, José Luis Escrivá, ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado "la creación desde la Administración de un fondo de pensiones de empleo público de carácter abierto"; una medida que había anunciado durante su intervención en el Pacto de Toledo.
De aprobarse finalmente, este nuevo instrumento de previsión social complementaria (con supervisón y garantía pública) podría ser de gestión privada (modelo NEST británico). En España, el único sistema parecido que existe es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), que funcionan con éxito en el País Vasco desde hace años. En las EPSV, los planes de empresa están vinculados a los convenios colectivos sectoriales, gozan de ventajas fiscales y el trabajador aporta el 1% y la empresa otro 1% al plan de pensiones.
Unespa e Inverco, contra el recorte de incentivos
"La reducción de los límites de aportación que se pretende aplicar a los sistemas de previsión social no va a conseguir los efectos deseados. En cambio, las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado sí van a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la sociedad y la economía nacional", señalan en un comunicado conjunto la patronal aseguradora, Unespa, que preside Pilar González de Frutos, y la de inversión colectiva, Inverco, a cuyo frente se halla Ángel Martínez-Aldama.
"Hoy en día, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida", cuantifican ambas patronales, que resaltan además que "en España existe un significativo déficit de ahorro para la jubilación en comparación con la situación existente en el resto de países de su entorno. Este desajuste no puede dejarse exclusivamente a cargo de las empresas. Hace falta que los trabajadores, a título particular, tomen conciencia de la necesidad de ahorrar para su jubilación".
Reducción en cuota y diferimiento fiscal
El tratamiento fiscal en España de los planes de pensiones no es una deducción pura, sino un diferimiento fiscal: se deducen las aportaciones, pero tributan las prestaciones.
Hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda permitía descontar en la declaración de la renta de manera directa las aportaciones a un plan de pensiones individual, hasta un importe máximo de 8.000 euros anuales, o del 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.
El declarante se podía restar directamente el dinero invertido de la base imponible y disfrutar de beneficios fiscales, de cara a acumular dinero para el momento de la jubilación. Es decir, el ahorro fiscal que genera un plan de pensiones va más allá de ser una mera deducción, ya que el beneficio se aplica en forma de reducción directa sobre la base imponible.
Por su parte, a la hora de rescatar el plan de pensiones, el dinero que se retire del plan y de otros productos con la misma fiscalidad (PPA) tendrán que tributar como rendimiento del trabajo, a unos tipos actuales de entre el 19 % y el 23%.
