El Gobierno vasco vuelve a reclamar la transferencia de la Seguridad Social

Ceder la gestión de las pensiones al País Vasco es un "riesgo y tiene consecuencias imprevisibles"

Una de las medidas que formaba parte del acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno (noviembre de 2023), era la transferencia en el plazo de dos años de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi; un aspecto incluido en el Estatuto de Guernica, de 1979, pero que nunca se ha materializado.

Esta cesión ya se le prometió al PNV en la anterior investidura de Sánchez, en 2019, sin que entonces llegara a concretarse más allá de una reunión de la entonces ministra Carolina Darias con el consejero vasco Josu Erkoreka, en febrero de 2020.

Sin embargo, la transferencia de la gestión de las pensiones sigue encima de la mesa de negociación, según ha recordado este miércoles la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, al asegurar que continúan "trabajando discretamente en el seno de la Comisión Bilateral Euskadi-Estado".

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que el lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado a los consejeros la necesidad de trabajar para "reforzar el sentido de comunidad y muy especialmente fortalecer institucionalmente Euskadi". En este sentido, ha señalado que ambos gobiernos están "cerrando los detalles de la transferencia de los permisos de trabajo para personas extranjeras" y también que "el Gobierno vasco ha planteado y planteará la transferencia correspondiente a la Seguridad Social en todas las reuniones" que mantiene.

"Es nuestra obligación cumplir los compromisos y llegar a un acuerdo y, además, creemos que ese acuerdo será posible y beneficioso para ambas partes", advierte Ubarretxena.

Una cesión criticada por los expertos 

Desde que saltara la liebre de esta posible cesión al País Vasco, numerosos políticos, economistas y asociaciones de funcionarios han dado la voz de alerta, asegurando que dicho traspaso invadiría competencias constitucionales y pondría en riesgo, incluso llegar a romper, la caja única de las pensiones. 

Hay que recordar que en la Seguridad Social española no existen cuentas individuales que recojan las cuotas pagadas por los trabajadores y sus empleadores, por un lado, y los derechos de pensión adquiridos por estas cuotas. 

Además, numerosos expertos advierten de que, con la transferencia, la igualdad de todos los españoles estaría en juego, recordando  que ni el País Vasco ni ninguna CCAA puede pagar sus pensiones con las cotizaciones de los trabajadores.

Existe además el riesgo de una erosión de la solidaridad entre autonomías: el peligro de sentar un precedente y que otras comunidades autónomas reclamen gestionar sus propias cuentas; e incluso introducir más ineficacia en la administración de los recursos del Estado.

"Medida sin sentido para la eficiencia y solidaridad"

El traspaso es una medida sin sentido desde el punto de vista de la eficiencia y la solidaridad, "introduce un riesgo innecesario y sus consecuencias son imprevisibles", advertía hace meses Miguel Ángel García, investigador asociado de FEDEA, para quien el peligro está en qué se interpreta por gestión de la Seguridad Social. "Puede consistir en ceder los datos sobre prestaciones, y que la carta anual o la nómina de la pensión diga que, en vez de pagarla la Seguridad Social, lo hace la Hacienda vasca, en cuyo caso no se produciría rotura de la caja única, pero sí una importante pérdida de transparencia, porque el País Vasco no puede hacer frente al pago de sus pensiones con las cotizaciones de los trabajadores ocupados. Por tanto, en ese supuesto, se produciría una utilización política, ya que las pensiones las seguirían pagando la Seguridad Social y el Estado, mientras que el mérito nominal se lo atribuiría la Comunidad Autónoma Vasca".

En parecido sentido, 5 asociaciones de funcionarios de la Seguridad Social, entre ellas Atass, han denunciado que "la cesión o transferencia a las comunidades autónomas de cualquier aspecto relativo a la gestión o ejecución en materia de Seguridad Social vulneraría las garantías constitucionales y los principios de caja única y solidaridad financiera, así como el de igualdad todos los españoles, con independencia del territorio donde residan".

Para estos funcionarios, la sostenibilidad y garantía de nuestro sistema "no se consigue mediante la renuncia del Estado a sus competencias atribuidas constitucionalmente, sino, todo lo contrario, con el refuerzo y garantía de las mismas mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional".

A su parte, José Antonio Herce, doctor en Economía, patrono de la Fundación AGE y socio fundador de LoRIS Retirement, subrayaba a 65YMÁS que "es incomprensible que una comunidad autónoma quiera hacerse cargo de una parte de la Seguridad Social, segmentada por un perímetro administrativo", advirtiendo de que traspasar la gestión de cobros y pagos de las pensiones contributivas se puede hacer, pero hacerlo sin que sufra la unidad de caja es complicado".