Pensiones
Las grandes reivindicaciones de los pensionistas que no recoge el Pacto de Toledo
Pensión mínima de 1.080€, blindaje constitucional y auditoría, exigencias de los pensionistas
Lo que se sabe de la reforma de las pensiones que el Pacto de Toledo está a punto de cerrar
Los pensionistas suman ya más de 141.000 firmas para exigir una auditoría de la Seguridad Social
La penalización por jubilación anticipada tendrá excepciones
El trabajador podrá elegir los años de cotización para cobrar más pensión de jubilación
Este viernes se celebra una reunión decisiva para rematar el informe sobre la reforma de las pensiones que el Pacto de Toledo está preparando. Los grupos políticos llevan semanas trabajando a puerta cerrada y, si terminan de redactar sus recomendaciones, el informe será votado en Comisión el martes próximo.
Según fuentes cercanas a la negociación, existe consenso en aprobar la revalorización de las pensiones según el IPC real, así como poder elegir los mejores años de cotización para calcular la pensión, incluir excepciones en la penalización por jubilación anticipada, eliminar gastos impropios o limpiar el déficit en 2023.
Sin embargo, por ahora, existen algunas grandes reivindicaciones de las organizaciones de pensionistas que por ahora no se recogen en el borrador de recomendaciones que está ultimando el Pacto de Toledo.
Blindar las pensiones en la Constitución
Hace unos días, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP @MayoresUDP), que preside Paca Tricio, se sumaba a la campaña El candado de las pensiones lanzada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), para lograr el blindaje de las pensiones públicas en la Constitución, que es una reivindicación constante de las asociaciones de pensionistas.
Aunque el Pacto de Toledo y el Gobierno han avanzado que las pensiones se volverán a revalorizar de acuerdo al IPC, los pensionistas exigen mucho más de la reforma de las pensiones que está en marcha. Tanto la MERP como UDP consideran que "blindar las pensiones en la Constitución es una cuestión de razón social y humanitaria". Y aseguran que "prohibir de forma explícita la privatización de las pensiones en la Carta Magna es un seguro de futuro, una garantía de estabilidad, equilibrio social y económico".
Tener voz en todos los foros de reforma del sistema
“Las asociaciones de pensionistas deberíamos de estar presentes en la negociación del Pacto de Toledo, y es preciso que nos den voz en todos los ámbitos en los que se debatan o decidan medidas de reforma de las pensiones que nos afecten como colectivo", reclama el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA @CEOMA_ong), Juan Manuel Martínez Gómez.
Tanto CEOMA como UDP consideran imprescindible que el Gobierno y los partidos políticos tengan en cuenta la voz y la opinión de los pensionistas. "A través de nuestras asociaciones mayoritarias, reivindicamos participar de manera activa en las reuniones para defender los intereses de todo el colectivo de personas mayores y pensionistas”, exige Paca Tricio, quien lamenta que siempre se deje de lado a este colectivo, cuando "son sus derechos los que están en juego".
Auditoría de la Seguridad Social
La Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE @CoespeOficial) exige una auditoría pública para conocer la situación financiera de la Seguridad Social, las políticas fiscales y de préstamos que han ido aplicando los distintos gobiernos y que "generan cada día más inseguridad. Es una situación de déficit provocado para que se adopten medidas contra uno de los garantes del Estado de derecho, que ha demostrado ser el mejor sostén de la sociedad civil", denuncian en un comunicado.
Hace unos días, la Coordinadora abrió una petición en la plataforma Change.org, que suma ya casi 145.000 firmas, para reforzar su reclamación y dar los pasos necesarios para esclarecer, por ejemplo, "a dónde han ido a parar los más de 103.690 millones de euros que entre 1989 y 2013 pertenecían a la hucha de las pensiones y que se destinaron a otras cuestiones. Fue una práctica aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que hoy vivimos", argumenta Coespe.
Subir la pensión mínima a 1.080 euros
Los pensionistas vascos se manifiestan todos los lunes de cada semana en defensa del sistema público de pensiones. Una de sus constantes es pedir la derogación de las reformas de 2011 y 2013, que en su opinión están recortando las pensiones y erosionando el sistema público de reparto, según denuncia Víctor Etayo, de la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Otra de sus reclamaciones es que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros y se mejoren de forma sustancial las pensiones no contributivas y la pensión de viudedad, entre otras reivindicaciones.
"Las pensiones mínimas deben aumentar como dicta la Carta Social Europea, es decir, hasta los 1.084 euros", exige asimismo María Ángeles Poveda, portavoz estatal de Jóvenes Pensionistas (@JovenPensionist), una organización de pensionistas por incapacidad que no han cumplido la edad de jubilación. Este colectivo critica la proyectada subida del 0,9% de las pensiones para 2021, y remarca que las pensiones de viudedad y orfandad son contributivas, ya que "el Gobierno las quiere catalogar como gastos impropios de la Seguridad Social, al igual que las no contributivas, que las quiere integrar como ingreso mínimo vital".
Derogar la reforma de 2013
La derogación de la reforma de las pensiones de 2013 es una prioridad para los colectivos de pensionistas, y así lo han recordado recientemente a 65Ymás tanto Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), cuyo secretario general es Julián Gutiérrez del Pozo, como el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensiones de UGT (@UJP_UGT), Anatolio Díez Merino, quienes insisten en que "urge corregir la reforma laboral y de las pensiones, que han bajado los salarios y congelado la capacidad adquisitiva de los pensionistas".
Según ha trascendido de las negociaciones del Pacto de Toledo, entre sus recomendaciones figurará la vuelta al IPC para revalorizar las pensiones, descartando así el índice IRP que impuso la reforma de 2013, aunque aún no es seguro que se vaya a derogar el Factor de Sostenibilidad (también introducido en 2013), que actualmente se halla suspendido.
Defienden asimismo que no se penalice la jubilación anticipada de aquellos trabajadores con carreras de cotización muy largas, ni tampoco la de quienes acceden antes de tiempo a la jubilación desde el desempleo, porque entienden que en la mayoría de los casos, no son en realidad jubilaciones anticipadas voluntarias, sino forzadas por la necesidad.
Limpieza y compensación del déficit "impropio"
El Pacto de Toledo, la AIREF, el Tribunal de Cuentas y el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, han reconocido que la Seguridad Social soporta gastos impropios que hay que traspasar al Estado, con lo cual el déficit del sistema se reduciría radicalmente. Es decir, que durante años se habrían estado utilizando parte de las cotizaciones sociales (destinadas a pagar pensiones contributivas) para financiar gastos no contributivos (los cuales debería haber abonado el Estado). El ministro Escrivá se propone eliminar estos gastos impropios en el plazo de cinco años, aunque podría adelantarse, ya que el Pacto de Toledo recomienda sanear el déficit en 2023.
Las asociaciones de pensionistas van más allá, y piden que se reintegren en las cuentas de la Seguridad Social, o que el sistema sea compensado, por los más de 100.000 millones de euros en gastos impropios generados durante años, debido a que el Estado recurrió a la Seguridad Social para poder hacer frente a gastos que no le correspondía atender, tal y como el Tribunal de Cuentas indicó en agosto, en su Informe de Fiscalización sobre la Evolución económico-financiera de la Seguridad Social.
Otra de las reclamaciones de las asociaciones de pensionistas es que las aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias, y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la Seguridad Social, que entienden que en realidad debería de asumir el Estado. En este sentido, desde la Coordinadora Estatal recuerdan que la propia Ley General de la Seguridad Social (art. 109) establece que, si para atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las aportaciones que sean necesarias.
