Guerra abierta entre Iglesias y Escrivá por las pensiones: medidas con las que saltan chispas

 

La tensión entre los socios del Gobierno es cada vez más evidente. La polémica no solo gira en torno a la ley Trans o el Ingreso Mínimo Vital sino que una de las reformas de futuro para los pensionistas, no para de generar puntos de fricción. ​Nuevas medidas que no estaban incluidas en los acuerdos del Pacto de Toledo y han saltado a la palestra mediática han terminado por revelar el enfrentamiento interno entre socialistas y Unidas Podemos (@PODEMOS). Entre ellos se encuentran la prolongación de la vida laboral, la polémica sobre la ampliación del periodo de cómputo o el destope de las pensiones. La última bronca con Jose Luis Escrivá ha sido en torno a las jubilaciones anticipadas con largos periodos de cotización. El partido de Pablo Iglesias está presionando para que se despenalicen, mientras que un borrador filtrado del ministerio de la Seguridad Social, lo descarta.

Uno de los debates más recientes gira en torno a las despenalización de las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con carreras laborales de 40 o más años cotizados, que defienden asociaciones como ASJUBI40 (@asjubi40). El ministro José Luis Escrivá parece dispuesto a frenar las prejubilaciones y rechaza eliminar los coeficientes reductores con carácter retroactivo de estos pensionistas por su elevado coste en un borrador filtrado a medios, por lo que Unidas Podemos ha pedido que el ministro comparezca para explicar su decisión. Además exige, igual que los sindicatos como UGT, que se tengan en cuenta estas excepciones que provocan que los jubilados con largas carreras de cotización no puedan acceder al 100% de su prestación si se retiran antes de mercado laboral.

La Comisión del Pacto de Toledo consideraba esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad de los coeficientes reductores, dando al Gobierno 3 meses para tomar una resolución, plazo que ya se ha cumplido. La duda gira principalmente alrededor del coste que tendría dicha medida para la Seguridad Social. En un informe preliminar filtrado a medios, el Ejecutivo sitúa el volumen de posibles beneficiarios de esta medida en las 2,1 millones de personas, mientras que desde la asociación Asjubi40 cifran este colectivo en unas 530.000 personas. La diferencia supondría un coste cuatro veces mayor, en torno a los 8.000 millones de euros al año. Aún así, el ministerio defiende que está haciendo todavía cálculos y aún no tiene un documento cerrado. 

Elevar la edad de jubilación

Otro de los caballos de batalla gira en torno a elevar la edad de jubilación. El ministro Escrivá quiere acercar la edad real de acceso a la pensión a los 67 años, e incluso ampliarla en función de la esperanza de vida, mientras que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, lo considera un freno para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral. El Gobierno pretende a través de un sistema de penalizaciones a las anticipadas e incentivos a las demoradas, endurecer las condiciones de jubilación para que la edad real de retiro, –situada en los 64,6 años–, se aproxime a la real, –actualmente en 66 años y que se irá retrasando hasta los 67 años–. El ministro ha apuntado que según sus encuestas, "los ciudadanos aceptarían retrasar la edad de jubilación a cambio de un pago único”, en vez de aumentar la nómina mes a mes como pasa con el cobro de la pensión de jubilación. "La idea es mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo hasta la edad mínima de acceso a cobrar la pensión contributiva legal".

Sin embargo, Unidas Podemos considera un error retrasar la edad de jubilación. “Penalizar las carreras profesionales, que limpiadoras, albañiles, gente que está en el comercio trabajen más allá de esa edad creo que no es el camino correcto”, ha advertido en más de una ocasión la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Podemos ha defendida en varias ocasiones un regreso a la edad legal de jubilación a los 65 años, una petición que vetaron los socialistas cuando ambos partidos presentaron una hoja de ruta económica común al formar Gobierno. La duda, según los expertos, sería también el efecto que esto tendrá en la sostenibilidad del sistema de pensiones, con trabajadores que tienen nóminas más elevadas trabajando durante más tiempo.

Ampliar el periodo de cómputo

Sin duda la medida más polémica. El Gobierno ha planteado a Bruselas su intención de ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde 2023 sin especificar, por ahora, si lo alargará de 25 a 35 años. Según el documento, el Gobierno se pretende "ampliar y adecuar la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo de para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar por encima de los actuales" y de manera progresiva. 

Pero desde Unidas Podemos ya advirtieron en la comparecencia del ministro Escrivá ante el Congreso sobre una huelga general en caso de que se llevase a acabo, alegando que esta medida podría suponer un recorte de hasta un 6% en las futuras pensiones. "Un recorte en las pensiones sería inaceptable e iría en contra de los pactos de coalición" ha declarado Pablo Iglesias en una reciente entrevista en la Sexta. Sin embargo Escrivá, niega que vaya a a bajar las pensiones y defiende que con ello pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema la vida laboral del trabajador e incluye la posibilidad de tener el cuenta la temporalidad y las lagunas de cotización. Los expertos por su parte considera que sería bueno para el sistema y malo para los pensionistas.

Bases máximas de cotización y destope de las pensiones

Tal como se refleja en el documento enviado a Bruselas, Escrivá plantea la adecuación gradual de las bases de cotización máxima fruto de los cambios en el mercado laboral, que "deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". Eso supone que los que ganen más de la base máxima, 4.070 euros brutos al mes actualmente, ya no tendrán un tope y deberán cotizar más, tanto ellos como sus empresas. En paralelo, para no romper la contributividad del sistema, se prevé incrementar la pensión máxima, fijada en 2.707 euros mensuales.

Pero desde Podemos proponen el "destope de cotizaciones más altas" con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del sistema, aunque sin elevar las pensiones máximas como sí plantea Escrivá. Con el destope, el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez calcula un aumento de ingresos del 0,6% del PIB, a lo que sumaría la reforma del régimen de autónomos y el traspaso de los llamados "gastos impropios" a los Presupuestos Generales del Estado para "equilibrar y clarificar el sistema". Estas dos últimas propuestas coinciden con el planteamiento del ministro de Seguridad Social.