Herce: "Elegir los mejores años de cotización para cobrar más pensión perjudicaría al sistema"

José Antonio Herce: "No descarto que alguna extra de las pensiones no se pague"

Herce: "Las pensiones son mejores que las cotizaciones que las han causado”

 

José Antonio Herce (@_Herce) es una autoridad en materia de pensiones y de longevidad. Doctor en Economía, conferenciante y escritor, asegura en esta entrevista con 65YMás que "es irresponsable actualizar las pensiones con el IPC cuando no se tienen los recursos para ello”, y defiende que para avanzar hacia la estabilización del sistema público de pensiones sería preciso "indiciar la edad de jubilación a la esperanza de vida, antes que las pensiones al IPC”.

Con más de treinta años de experiencia en la docencia como profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Herce ha pertenecido al Cuerpo de Titulados de la Comisión de la Unión Europea entre 1987 y 1991. También ha dirigido la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y ha sido socio director del área de economía aplicada de Analistas Financieros Internacionales (Afi). Es socio fundador de LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions). 

En la actualidad, forma parte del Foro de Expertos del Instituto Santalucía de Ahorro y Pensiones, preside el Consejo de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y es miembro del Global Advisory Board del Center for Financial Education and Capabilities de BBVA. También es el corresponsal español del informe Pensions Report: The Real Return de Better Finance y experto nacional del grupo de colaboradores de #SelfiesForAll de los profesores Robert C. Merton y Arun Muralidhar.

Partidario de aumentar la edad legal de jubilación, considera que con el trasvase de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado, que planea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, "no se logrará casi nada, ya que, en el fondo, lo que existe es una caja única. Se las ingeniarán para definir un perímetro de 15.000-20.000 millones de euros en gastos impropios, pero, aunque la Seguridad Social no tenga que pagarlos, alguien deberá asumirlos". Respecto a la posibilidad de que el Pacto de Toledo recomiende permitir al trabajador elegir los mejores años cotizados, Herce es categórico: “Sería una irresponsabilidad” que beneficiaría al pensionista, pero perjudicaría al sistema.

"Sin IRP ni Factor de Sostenibilidad, solo queda un mecanismo que estabilice el sistema sin reducir las prestaciones: retrasar la edad legal de jubilación"

PREGUNTA.- El Gobierno volverá a actualizar las pensiones con el IPC. Buena noticia para los pensionistas, ¿peor noticia para la Seguridad Social?

R.- Actualizar la masa de pensiones actual (un coste superior a los 140.000 millones de euros anuales) con un punto de inflación, supone unos 1.400 millones de euros al año que se van acumulando anualmente a la tasa de inflación de cada año. Y si la inflación fuera del 2%, tendría un coste de 2.800 millones. En una pensión de 20.000 euros al año, la subida de un punto de IPC equivale a 200 euros. ¿Es mucho o poco? Depende. Lo que yo sostengo es que es irresponsable actualizar las pensiones con el IPC si no se tienen los recursos para ello.

P.- El Pacto de Toledo prevé eliminar el índice de revalorización del IRP y quizá también el Factor de Sostenibilidad, que se halla suspendido.

R. Si se elimina el índice IRP y el Factor de Sostenibilidad, ya solo queda un mecanismo que de verdad consigue estabilizar el sistema sin tener que reducir las prestaciones para lograrlo, que es el retraso de la edad legal de jubilación. Se ha estimado que, por cada año que aumenta la edad efectiva de jubilación, el déficit del sistema de reduce casi un punto porcentual del PIB.

"Suecia, Nueva Zelanda y Australia tienen la edad de jubilación más alta, con 68 años"

P.- España tendría que subir la edad de jubilación?

R.- Sí. Habría que indiciar la edad legal de jubilación a la esperanza de vida y lograr que esta y la edad efectiva coincidiesen. Así lo están planeando países como Suecia o Nueva Zelanda, que tienen la edad legal de jubilación en los 68 años; la más alta junto con Australia.

P.- El Pacto de Toledo podría recomendar que el trabajador elija los mejores años de cotización, para conseguir una mejor pensión. ¿Qué le parecería, de concretarse así?

R. Una completa irresponsabilidad. Permitir que el pensionista elija los mejores años de cotización para tener una mejor pensión beneficiaría al pensionista, pero el sistema saldría muy perjudicado. Me cuesta creer que el ministro José Luis Escrivá pueda aceptar esa medida, salvo que se trate de computar toda la vida laboral y escoger los 40 mejores años de ella. Elegir los mejores años, aunque sea condicionado, no camina en la dirección de estabilizar el sistema.

"Me cuesta creer que Escrivá pueda aceptar que se elijan los mejores años de cotización"

P.- El Gobierno va a estudiar posibles excepciones en la penalización de la jubilación anticipada…

R.- Esto suena a otra cláusula UGT, que es como llamo a la excepción mediante la cual, pueden seguir jubilándose sin penalización los trabajadores de 65 años que tengan 37 o más años cotizados. Y, todavía hoy, casi la mitad de las nuevas altas de pensiones se producen por esta cláusula UGT. Yo creo que es pernicioso introducir este tipo de excepciones, porque el sistema público es universal.

"Me parece un despropósito retirar la deducción de los planes de pensiones individuales"

P.- ¿Cómo valora la intención del ministro Escrivá de rediseñar la deducción fiscal de los planes de pensiones?

R.- Creo que el ministro va a impulsar la previsión social empresarial, en la línea del sistema Auto Enrolment británico, pero a cambio se va a cobrar el peaje de eliminar o reducir sustancialmente la deducción fiscal a los planes individuales. A mí me parece un despropósito retirar la deducción de los planes de pensiones individuales. Si finalmente se hace, habría colectivos que saldrían especialmente perjudicados, como los autónomos, que cuando se jubilan tienen una pensión mínima porque cotizan por el mínimo. El 44% de los autónomos contrata planes de pensiones individuales; si se suprime el diferimiento fiscal o las deducciones en la base de que disfrutan hoy los planes individuales, estos trabajadores saldrían muy perjudicados.

"No tiene sentido pedir una auditoría de la Seguridad Social. La liquidación presupuestaria anual es equivalente a una auditoría"

P.- Los pensionistas están recogiendo firmas y manifestándose para exigir una auditoría de la Seguridad Social, para saber dónde se han ido las reservas de cotizaciones de los años de bonanza.

R.- No tiene sentido. Aun en el caso estrambótico de que la Seguridad Social hubiera sido expropiada de esos excedentes de cotizaciones para contribuir a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los trabajadores, que son en teoría los dueños de ese salario diferido, ya han recibido prestaciones sanitarias y educativas que valen mucho más de lo que la Seguridad Social haya podido trasladar a los Presupuestos. Y, por si fuera poco, todos los pensionistas de los últimos años y los actuales han recibido una tasa interna de rendimiento descomunal sobre sus cotizaciones (lo demuestran los estudios del Banco de España y del Instituto de Actuarios Españoles), que supera con creces esos excedentes que se hubieran podido traspasar al Estado. Además, la liquidación presupuestaria que se hace cada año es el equivalente a una auditoría. Así que ya se sabe en qué se ha gastado el dinero, tanto de las cotizaciones como de los impuestos.

P.- El Pacto de Toledo y el ministro Escrivá parecen decididos a que retrasemos la edad de jubilación de forma voluntaria. Y una de las fórmulas para retrasar la jubilación puede ser impulsar la jubilación activa

R.- Sin duda. La jubilación activa está funcionando muy bien en muchos países y aquí se promociona muy poco. Permite cobrar el 50% de la pensión y seguir trabajando y recibiendo ingresos sin límite. Para acogerse a ella, es preciso tener derecho al 100% de la pensión y pagar una cotización de solidaridad del 8%. Si quien la solicita es un autónomo con al menos un asalariado, cobra el 100% de la pensión que le corresponda. La Seguridad Social debería publicitar más activamente esta figura, con ella ganan todos.

P.- ¿Cómo de grave será el aumento del déficit de la Seguridad Social en 2020 y 2021?

R.- La crisis del COVID-19 está destrozando la economía. Las afiliaciones al sistema, tanto de autónomos como del régimen general, están cayendo severamente. Al déficit estructural que veníamos observando en los últimos años, de unos 18.000 o 20.000 millones de euros, se va a sumar la caída estrepitosa de las cotizaciones, por lo que el déficit de este año se podría duplicar y alcanzar los 35.000 o 40.000 millones de euros.

"La pensión de viudedad es contributiva, y debería seguir financiándose vía cotizaciones"

P.- El traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social al Estado, que planean el Pacto de Toledo y el ministro Escrivá, ¿solucionará los apuros económicos del sistema?

R.- Con el traspaso de los gastos impropios de la Seguridad Social no se logrará casi nada, ya que en el fondo lo que existe es una caja única. Se las ingeniarán para definir un perímetro de 15.000-20.000 millones de euros en gastos impropios, pero aunque la Seguridad Social no tenga que pagar esos gastos, alguien los tendrá que asumir. El horno presupuestario está al rojo vivo, y poco cambiará si sacamos el bollo del horno caliente de la Seguridad Social y lo llevamos al horno ardiente de los Presupuestos Generales del Estado.

P.- A medio y largo plazo, ¿habría que reformar la pensión de viudedad, en qué sentido?

R.- Sí, habría que reformarla para adaptar esta clase de pensión a la nueva realidad. Las mujeres por debajo de los 50 años ya generan su propia pensión, por lo que ha desaparecido el motivo fundamental por el que se instituyó la pensión de viudedad, que era el proteger a la mujer en el caso de fallecimiento del marido, que era quien proveía los recursos económicos del hogar. Éste es un debate que debemos abordar en el futuro. Otro asunto diferente es que, en la definición de gastos impropios que se propone, la pensión de viudedad pueda pasarse a gastos impropios y financiarse con el Presupuesto del Estado, algo que no comparto, ya que la pensión de viudedad es contributiva, y como tal, debería financiarse vía cotizaciones.