"A lo mejor el año que viene no podemos actualizar las pensiones con el IPC, esto ya se ha hecho otros años cuando no ha habido recursos", e incluso podría suceder que "alguna de las pagas extras no se pudiera abonar", como consecuencia del fuerte aumento del gasto público, del déficit y de la deuda de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19. Del mismo modo, es posible que "haya que detener el crecimiento de una buena parte de las pensiones cuyos importes superan la media, para preservar las pensiones de quienes más lo necesitan. Las mínimas y no contributivas ni se pueden congelar ni bajar, ya que algunas son obscenamente bajas".
Estas son dos de las principales conclusiones del webinar organizado por 65YMás (@65ymuchomas) y Santalucía (@santalucia_seg), en el que José Antonio Herce (@_Herce), miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst), ha analizado la sostenibilidad del sistema de pensiones y sus principales retos.
El encuentro online, conducido por Fernando Ónega, presidente del Comité Editorial de 65Ymás, ha certificado que la crisis pilla a España con algunos deberes sin hacer y tratando de deshacer "otros deberes del pasado como, por ejemplo, pensar en si revertíamos la reforma laboral", en palabras de Herce, quien asegura con rotundidad que "será imprescindible mutualizar el daño que estamos sufriendo; estamos minusvalorando la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos".
Un ejemplo de esta mutualización del daño sería el hipotético caso de que la falta de recursos obligara al Gobierno a dejar de pagar alguna de las extras a los pensionistas, "una posibilidad que se comenta en círculos sociales", y que significaría que los pensionistas tendrían un 7% menos de ingresos; pero más aún han perdido otros colectivos, como los autónomos, que han visto reducidos sus ingresos en un 70%; o quienes han perdido su empleo o están en un ERE; o las numerosas empresas que han quebrado o han experimentado desmesuradas pérdidas económicas por culpa del estado de alarma y el impacto de la pandemia.
Subir impuestos, pero no los "raros", sino IRPF, IVA...
En este sentido, será necesario subir los impuestos (el propio Banco de España reclamaba este martes aumentar el IVA y los impuestos especiales), pero no los impuestos raros o minoritarios, sino "los de base impositiva amplia, ancha, como son el IRPF y el IVA, que son los que pagamos la mayor parte de los españoles", recalca José Antonio Herce, ya que el enorme gasto en el que España está incurriendo con los ERTE derivados de la pandemia, o el nuevo Ingreso Mínimo Vital, abren un agujero de proporciones enormes en las arcas públicas.
Por si esto fuera poco, "la Seguridad Social está dejando de recaudar cotizaciones por unos 18.000-20.000 millones de euros. Y el déficit de este año será de entre 35.000 y 40.000 millones de euros", detalla Herce a preguntas de Ónega, demostrando por qué es preciso aumentar los impuestos, "generar recursos de base ancha, quizá por la vía de un recargo en el IRPF, una fuente de ingresos que sea obligatoria y difícilmente eludible.
¿Impondrá Europa subidas de impuestos o recortes? En principio, los eventuales recortes dependerán de la escasez de recursos que España tenga. Los fondos de ayuda para la crisis sanitaria se entregarán o prestarán sin condiciones adicionales, pero el dinero que provenga de los fondos de reconstrucción económica (subvenciones a fondo perdido o préstamos sin intereses) sí tendrán la condicionalidad de ser utilizados para políticas y reformas estructurales, entre las que bien podrían incluirse las pensiones.
Más retos: jubilación anticipada, viudedad, baby-boom
En un escenario de creciente gasto en pensiones, la jubilación anticipada parece condenada a ser cada vez más cara y restringida. Por ahí van los planes del ministro José Luis Escrivá, que ha anunciado un endurecimiento de requisitos y de coeficientes reductores. En este sentido, tal y como ha resaltado José Antonio Herce en el webinar organizado por 65Ymás y Santalucía, "es posible que la penalización del retiro anticipado voluntario aumente hasta el 9%" por cada año que el trabajador adelante el momento de la jubilación.
Otro de los grandes desafíos del sistema de pensiones es la próxima jubilación masiva de la generación del baby-boom, que se producirá dentro de 12-14 años y que someterá a la Seguridad Social a tensiones financieras inéditas. Aunque, como pone de relieve Herce, "el sistema va a hacer todo lo posible para que la edad real de jubilación sea la de referencia (67 años en el año 2027), todavía hoy la edad efectiva de jubilación es mucho menor", debido a la denominada "cláusula UGT", que es la que impuso este sindicato para firmar la reforma de 2011 y que permite retirarse a los 65 años, siempre que se tengan más de 37 años cotizados.
Durante el encuentro online entre Ónega y Herce se ha abordado asimismo la necesidad de reformar la pensión de viudedad, "pero no para suprimir las de aquellos beneficiarios que carezcan de otros recursos", sino para adaptar esta clase de pensión (que no existe en muchos países del entorno) a la nueva realidad. "Las mujeres por debajo de los 50 años ya generan su propia pensión", por lo que, al decir de Herce, ha desaparecido el motivo fundamental por el que se instituyó la pensión de viudedad (proteger a la mujer en el caso de fallecimiento del marido, que era quien proveía los recursos económicos del hogar. "Ahora es prematuro hablar de reformar la viudedad, pero éste es un debate que debemos abordar", sostiene el miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía.
"La prejubilación no existe"
No existe la prejubilación como una figura legal, aclara José Antonio Herce. La Seguridad Social no contempla en su normativa lo que popularmente se denomina prejubilación, ya que "hasta los 63 años no es posible acogerse a la anticipada, menos aún a la jubilación parcial o flexible, y mucho menos a la fórmula de la jubilación activa". Lo que sucede es que empresas y trabajadores tienen todo el derecho a prescindir el uno de la otro, o la otra del uno, con indemnización según dicten las leyes.
Ahora bien, "nuestro mercado de trabajo es tan malo, que no puede aguantar a las personas de cierta edad en las actividades productivas de cierto valor", constatan Ónega y Herce, poniendo el acento en que la jubilación no es una obligación, sino un derecho. ¿Qué sucede entonces para que las empresas se desprendan sobre todo de los trabajadores sénior cada vez que hay un ERE o bajas incentivadas? "Un trabajador cargado de trienios puede ser muy oneroso para la empresa, por eso yo propongo implantar un nuevo contrato compatible, que permitiría a los empleados de mayor edad seguir trabajando, pero con una rebaja del coste empresarial", detalla el experto en pensiones.
Jubilación activa
José Antonio Herce es un firme defensor de la jubilación activa, a la que él mismo se acogió al jubilarse en la Universidad. "Cuando una persona llega a la edad de jubilación aún puede compatibilizar esta etapa manteniendo su actividad. La jubilación activa está funcionando muy bien en muchos países y aquí se promociona muy poco", critica.
Para acogerse a ella, es preciso pagar una penalización del 50% de la pensión y una cotización de solidaridad del 8%. Si quien la solicita es un autónomo con al menos un asalariado, puede cobrar el 100% de la pensión que le corresponda.
La mochila austriaca impacta en despido y en pensión
"La mochila austriaca se entiende mal porque se ve únicamente como un elemento de coste. Es una fórmula que reemplaza con éxito en muchos países a las indemnizaciones por despido; un fondo a nombre del trabajador que se constituye según empieza su vida laboral", detalla Herce.
En los países donde funciona, evita a las empresas tener que pagar las muchas veces sorpresivas indemnizaciones por despidos cuando se producen ERE masivos.
Planes de pensiones privados
A José Antonio Herce le parece "un despropósito" la idea anunciada por el ministro José Luis Escrivá de retirar parte del beneficio fiscal de los planes de pensiones individuales para fomentar los planes empresariales. Habría colectivos que saldrían especialmente perjudicados, como los autónomos, que cuando se jubilan tienen una pensión mínima porque cotizan por el mínimo. "El 44% de los autónomos contrata planes de pensiones individuales; si se suprime el diferimiento fscal o las deducciones en la base de que disfrutan hoy los planes, saldrían muy perjudicados", asegura.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).