El Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) prepara en coordinación con las comunidades autónomas un protocolo para agilizar la recuperación de las pensiones no contributivas abonadas a personas fallecidas más allá de los cuatro años y centralizar unas reclamaciones que ya se vienen realizando a nivel provincial a las entidades financieras.
Con este protocolo, que el Imserso deberá remitir a la Tesorería General de la Seguridad Social, se instará a las entidades financieras a devolver cantidades indebidamente abonadas y, en caso de no haber saldo en la cuenta, se pedirá a los cotitulares de la cuenta vaciada, tal y como ya se hace en las prestaciones contributivas.
Así lo manifiesta el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones en respuesta parlamentaria a una pregunta del portavoz laboral de Ciudadanos, Sergio del Campo, que se había dirigido al Ejecutivo tras las advertencias del Tribunal de Cuentas acerca de esta gestión.
Más de 11 millones abonados indebidamente en 2016
Según el órgano fiscalizador, sólo en 2016 el Imserso, entidad que gestiona y controla junto a las comunidades las pensiones no contributivas, abonó más de 11 millones de euros por estas prestaciones a 1.096 personas que ya habían fallecido.
El Tribunal alertaba del riesgo de prescripción del derecho a recuperar estas cantidades, destacando que el Imserso únicamente ha recuperado unos 2,2 millones, el 20% de la cantidad abonada de manera indebida, y que había entidades financieras que se resisten a devolver el dinero alegando que son cantidades prescritas una vez transcurridos más de cuatro años.
Cruce diario de datos
En su respuesta, el Gobierno explica que la mayoría de los supuestos revelados por el Tribunal donde no se ha detectado el fallecimiento por no contar en ese momento con los controles actuales y en los que, al detectarse, se inician procesos de reclamación de forma descentralizada a las entidades financieras a nivel provincial.
En este sentido, explica que desde 2015 se han realizado diferentes actuaciones para mejorar el pago y procesos asociados al mismo de estas pensiones no contributivas, como la elaboración de un fichero que se remite a las entidades financieras de aquellas pensiones que no deben ser abonadas por detectarse que no procede al cierre de la nómina.
Asimismo, asegura que las comunidades autónomas y el Imserso han aumentado la frecuencia de sus cruces de datos con los que maneja el Ministerio de Justicia para detectar fallecimientos de beneficiarios. Concretamente, el Gobierno en funciones asegura que desde noviembre de 2016 existe un cruce diario en el Imserso con el Ministerio de Justicia, además del cruce mensual con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
