José Luis Escrivá (@joseluisescriva) (Albacete, 1960) ha pasado de ser quien evaluaba al Gobierno desde su anterior cargo como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), puesto en el que trabajó durante seis años vigilando la sostenibilidad de las finanzas públicas, a ser el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encargado de pilotar una reforma de las pensiones que ofrezca certidumbre a los pensionistas en que mantendrán su poder adquisitivo, y al mismo tiempo garantice la sostenibilidad de la Seguridad Social a medio y largo plazo. Y todo ello, en medio de una pandemia.
Durante su extensa entrevista con 65Ymás, el ministro ha demostrado que tiene todos los números en la cabeza como un ordenador. Es un hombre que se esfuerza en ser didáctico, que cree en el diálogo (lleva ya cuatro pactos acordados con sindicatos y patronal) y está convencido de que el Pacto de Toledo llegará muy pronto a un acuerdo sobre pensiones, que incluirá, sin duda, la revalorización en función del IPC. Respecto a las pensiones mínimas, afirma que se revalorizarán por encima del IPC, "en cuanto tengamos margen presupuestario", y en relación a las pensiones no contributivas, planea integrarlas en el esquema del ingreso mínimo vital (IMV), que considera un marco más justo.
Respecto al déficit de la Seguridad Social (unos 17.000 millones en 2019), Escrivá argumenta que éste se debe a los gastos impropios que soporta el sistema, y que cifra en unos 22.000 millones de euros. Uno de sus compromisos de legislatura es "trasladar esos gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual la Seguridad Social estará pronto en una situación razonablemente equilibrada".
José Luis Escrivá es un hombre que sugiere confianza y, en cuanto a las pensiones, inspira tranquilidad. Tal como está la economía y el pesimismo nacional, su mensaje es esperanzador, que buena falta le hace a este país.
FERNANDO ÓNEGA.- Viendo lo que ocurre en el mundo y en España, parece que no corren muy buenos tiempos para ser ministro…
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ.- Efectivamente, es una situación muy complicada, hay que tomar decisiones muy rápidamente y no siempre con los tiempos y la capacidad de reflexión que a mí me gustaría para poder diseñar las políticas públicas como debería ser. Pero, por otro lado, quienes estamos en el servicio público lo hacemos para intentar resolver problemas de los ciudadanos, que en la situación actual están muy agobiados y la pandemia les ha generado mucha inquietud. En la medida en que podamos mitigar esa inquietud desde el lado de lo público, de alguna forma compensa otras cosas.
F. Ó.- Visto desde fuera, por los datos que se publican cada día sobre ERTE, dificultades de las empresas, desastre del turismo, y por parte del Gobierno, mucho gasto social, que no critico sino que elogio, pero, ¿cuadran las cuentas?
J. L. E.- Las cuentas, en este año y probablemente en el que viene, no cuadrarán, en el sentido de que no habrá un equilibrio. La caída de rentas tan enorme y de la actividad económica requiere un impulso compensatorio desde el lado público que supone un esfuerzo fiscal extraordinario. Y ese esfuerzo fiscal, en una parte significativa, lo estamos financiando con ayuda de las instancias europeas. Por ejemplo, nosotros nos hemos gastado en ERTE, ayuda a autónomos e incapacidad temporal unos 23.000 millones de euros financiados por Europa, pero a partir de ahora, ya no será así. Lo que nos gastemos a partir de octubre se financiará con deuda pública. Por tanto, se va a producir un aumento importante de deuda pública para financiar esta situación. Pero cuando hablamos del equilibrio presupuestario hay que tomar una visión de medio plazo. No es lo mismo aumentar el gasto o reducir los impuestos de una forma estructural y permanente (que debilita las cuentas públicas a medio plazo y genera un problema de sostenibilidad), que tener una situación transitoria como es la actual generada por la pandemia, que requiere una respuesta rápida, pero que no compromete la posición estructural de las cuentas públicas.
F. Ó.- Alguna vez me ha dado la impresión de que usted está defendiendo su fortín, léase Ministerio de la Seguridad Social, cuando dice “eso es competencia de la Seguridad Social”. ¿Es que hay muchos asaltantes en el Gobierno?
J. L. E.- Yo no lo formularía así. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es un ministerio que tiene competencias que ya existían y competencias nuevas. Al configurarse un nuevo gobierno, hay nuevos repartos de competencias, se han movido los perímetros, y a veces es normal tener que aclarar e incluso discutir dónde llegan los perímetros de uno y otro.
F. Ó.- ¿Y eso no significa tensiones, ni eso que nos gusta contar a los periodistas de "nuevo frente de conflicto" en el Gobierno?
J. L. E.- Yo tengo ya mucha mili, he estado en muchos puestos de naturaleza distinta, en organismos internacionales, y lo que llaman “defender mi territorio, mi cortijo”, es un clásico. Así que lo que yo estoy viviendo aquí no me está sorprendiendo para nada. Por otro lado, yo antes, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), estuve seis años evaluando al Gobierno, fundamentalmente al Gobierno que hubo desde 2011, y ya no nos acordamos, pero en el anterior Ejecutivo teníamos situaciones sorprendentes, con un Ministerio de Economía y otro de Hacienda que no tenían precisamente una sintonía muy grande en muchos temas. Probablemente, en estos momentos hay más sintonía entre las ministras de Hacienda y de Economía de la que hubo entre los mismos ministerios en el anterior Gobierno del PP. Y es la primera vez que tenemos un Gobierno de coalición en España, de aprendizaje.
F. Ó.- Entramos en materia, si le parece. Minuto y resultado de la reforma de las pensiones. ¿En qué momento estamos ahora mismo?
J. L. E.- El Pacto de Toledo ha retomado su actividad después del periodo de pandemia en el punto en el cual acordaron en febrero, que es tomar como punto de partida (y eso son buenas noticias) un texto de recomendaciones que estuvo muy cerca de ser aprobado hace año y medio. En septiembre se han celebrado dos reuniones, a puerta cerrada, con intervención del gobernador del Banco de España y con la presidenta de la AIREF, y finalmente cerré yo ese ciclo con una comparecencia pública en la comisión. El Gobierno está trabajando ya en dar una respuesta positiva a los elementos que el Pacto de Toledo nos está planteando. En cuanto la comisión concluya sus trabajos (ya no hay más sesiones previstas, sino que están trabajando en la redacción del texto de acuerdo) y el pleno del Congreso lo apruebe, nosotros nos pondremos a trabajar.
F. Ó.- El objetivo, el deseo o la meta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ¿cuál es?
J. L. E.- Primero, eliminar la incertidumbre que tienen los ciudadanos sobre el futuro de las pensiones, dar un horizonte de certidumbre y tranquilidad, para que los pensionistas o futuros pensionistas sepan que sus pensiones están garantizadas y sus flujos de renta van a ser ciertos durante un periodo largo de tiempo. Aquí hay dos fuentes de incertidumbre que hay que resolver: una es la revalorización de las pensiones (y ahí hay consenso de todos los grupos en que se mantenga permanentemente el poder adquisitivo de las pensiones, que se revaloricen de acuerdo al IPC) y la segunda es resolver la anomalía que hay en España y es que la Seguridad Social presenta unas cuentas con un déficit abultado. Este déficit genera mucha inquietud, porque da la sensación de que la Seguridad tiene una debilidad presupuestaria. Esto es un error, lo que refleja es que durante mucho tiempo se han ido cargando sobre los gastos de la Seguridad Social políticas legítimas de distintos gobiernos, que no deberían haberse pagado con las cotizaciones sociales, desde políticas sociales de empleo, complementos de maternidad, subsidios cruzados a distintos colectivos, tarifa plana para autónomos... Todo esto ha ido cargando los gastos de la Seguridad Social, sin que eso tuviera nada que ver con las pensiones. Pues bien, el Pacto de Toledo en una de sus recomendaciones incluye que estos gastos impropios hay que identificarlos y no deben ser asumidos por la Seguridad Social, sino por los Presupuestos Generales del Estado, porque son políticas discrecionales que no tienen relación con las pensiones. El Ministerio, a petición del Pacto de Toledo, ha identificado una lista de gastos impropios candidatos a ser trasladados a los Presupuestos del Estado, y resulta que superan en cuantía el tamaño del déficit de la Seguridad Social, que en 2019 fue de 17.000 millones (1,3 puntos de PIB), frente a unos gastos impropios de 1,6 puntos del PIB. El compromiso en esta legislatura es trasladar esos gastos impropios al Estado, de tal forma que la Seguridad Social tenga un punto de partida equilibrado con el que abordar el reto que viene a partir del año 2025 con la jubilación del baby-boom y el envejecimiento de la población.
F. Ó.- Es decir, si esos gastos impropios de la Seguridad Social superan el déficit, ¿la Seguridad Social podría estar a punto de estar en beneficio?
J. L. E.- Sí. La Seguridad Social está a punto de entrar en una situación razonablemente equilibrada, y eso sin necesidad de tocar las categorías indiscutibles, que generan consenso indiscutible. Pero también podría reflexionarse (no se ha hecho y no hace falta llegar a ese punto) sobre el gasto en viudedad o de orfandad. Tenga en cuenta que mucho del problema que emerge en esta situación tan difícil es el resultado de una mala atribución contable de ingresos y gastos entre distintas administraciones públicas. Porque, ¿qué es lo importante? España tiene un nivel de contribuciones a la Seguridad Social (34 puntos) razonablemente alto, de los más altos de Europa; y en cuanto al nivel de gasto, el gasto en pensiones es importante pero tampoco estamos en los niveles de Italia o Francia, donde sigue habiendo muchos regímenes privilegiados con pensiones altísimas, que en España se han eliminado hace años y ahora, básicamente, tenemos un régimen de pensiones “apañado” que da un gasto en pensiones que está por debajo de la media europea. En suma: si tenemos un sistema de pensiones que no da mucho gasto, si tenemos bastantes ingresos, si además hemos hecho reformas paramétricas sobre todo la de 2011 (mejoró la contributividad del sistema y elevó progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 que regirán en el año 2027), ¿por qué tenemos este déficit y estamos bombardeando con noticias alarmantes sobre un supuesto problema financiero de la Seguridad Social? La respuesta está en los gastos impropios.
F. Ó.- La otra meta que usted mencionaba, el IPC. Si el IPC baja, ¿bajan las pensiones?
J. L. E.- Si el IPC baja un año, no tienen por qué bajar las pensiones. Cuando hablamos del poder adquisitivo, hay que verlo en un horizonte de unos cuantos años. No me parece tan importante que un año concreto se gane o se pierda poder adquisitivo, como que en horizontes de varios años, con algún procedimiento, el poder adquisitivo de los pensionistas se mantenga. El debate sobre un año concreto, si el IPC ha sido negativo o si hay que ajustar, es un debate de segundo orden; lo importante es que creemos un sistema que asegure que, pasados los años, las pensiones mantienen su poder adquisitivo con arreglo al IPC.
F. Ó.- Le entiendo, pero el pensionista, cuando le llegue la nómina del mes de enero, mirará si le han subido 10 euros o le han bajado tres.
J. L. E.- Bajar la pensión no se plantea.
F. Ó.- ¿Está vigente la ley del 0,25%?
J. L. E.- Este año, no. La ley del IRP, que establece una subida mínima de las pensiones del 0,25%, se ha suspendido en los últimos Presupuestos en 2018, 2019 y 2020 y se ha sustituido por una subida en función de la inflación esperada. Este es el régimen transitorio en el que estamos, y por eso es importante aclarar de aquí en adelante un régimen que sea permanente.
F. Ó.- Hay economistas, y alguno tan notable como el gobernador del Banco de España, que considera que el sistema público de pensiones español es muy generoso.
J. L. E.- Yo no tengo esa impresión. En España, frente a lo que ocurre en Francia o Alemania (donde hay pensionistas con pensiones muy altas y otros, muy bajas), no hay regímenes privilegiados de pensiones altas. El sistema, para el nivel salarial y de recursos que tenemos, incurre en un gasto de pensiones que está un poco por debajo de la media en relación al PIB de países de nuestro entorno.
F. Ó.- ¿Tiene previsto subir las pensiones mínimas, algunas de ellas, de cuantía ínfima?
J. L. E.- Sí. En cuanto tengamos margen presupuestario, la idea es que las pensiones mínimas se revaloricen por encima del IPC, de tal forma que el sistema sea algo más justo por la parte de abajo.
F. Ó.- ¿Y las no contributivas?
J. L. E.- En cuanto a las pensiones no contributivas, me gustaría recordar que las comunidades autónomas pueden complementarlas, y de hecho, algunas como el País Vasco ya lo hacen. Y además estamos explorando la posibilidad de que las no contributivas (que son las más bajas) entren dentro del esquema del ingreso mínimo vital (IMV), cosa que no ha ocurrido en esta primera fase, para que su definición se pueda hacer teniendo en cuenta consideraciones no solo individuales, sino del núcleo familiar en que se encuentre esa persona mayor de 65 años, que se vea la situación de necesidad de toda la familia. No es algo que vayamos a hacer inmediatamente, porque el Ministerio tiene suficientes frentes abiertos, pero sí lo pondremos en marcha porque el marco conceptual del ingreso mínimo vital es más moderno y tiene mayor capacidad de redistribución y de justicia para estas pensiones.
F. Ó.- Acerca de los incentivos para retrasar la jubilación, ¿es cierto que existen discrepancias entre usted y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz?
J. L. E.- Yo creo que se ha tratado de un malentendido. Lo que desde mi ministerio hemos analizado es el modelo actual de jubilaciones anticipadas voluntarias, que está mal diseñado y es regresivo. El coeficiente corrector que se aplica supone una pérdida del 8% de pensión por cada año en que se anticipa la jubilación. ¿Qué sucede? Ese 8% está calculado, no sobre la pensión que uno va a recibir, sino sobre la base reguladora, y como en las pensiones altas, las bases reguladoras exceden ampliamente la pensión, ese 8% se queda de facto, en términos de pérdida de pensión, en un -2%. En cambio, en las pensiones bajas, con bases reguladoras bajas, más cercanas a la pensión de recepción, la pérdida real es del 8%. Lo que hemos constatado en los últimos años es que este régimen de jubilaciones voluntarias anticipadas está creciendo, y además en aquellos que tienen pensiones altas. Por lo tanto, esto hay que corregirlo y hacerlo más equitativo.
F. Ó.- ¿Y se aprobarán más incentivos para demorar la jubilación?
J. L. E.- España tiene muy pocos incentivos para demorar la jubilación: entre un 2% y un 4% (en promedio, un 3%) de mayor pensión en función de los años adicionales que se trabajen, que es un porcentaje muy bajo en relación a otros países europeos. Y este retraso voluntario sería muy beneficioso desde el punto de vista de la sostenibilidad a medio plazo del sistema. Por eso tenemos que trabajar más los incentivos voluntarios. Otro problema es que incluso los incentivos que tenemos, no son conocidos, por ejemplo, en España es posible que una persona compatibilice el cobro del 50% de su pensión con seguir activo y pagar una contribución muy pequeña. Esta modalidad de jubilación activa hemos constatado que es muy poco conocida y la Seguridad Social nunca la ha publicitado. Estamos trabajando mucho en poder presentar un buen diseño de incentivos para demorar la jubilación y en darlos a conocer.
F. Ó.- ¿Podemos anunciar entonces que se van a aumentar los incentivos a la prolongación de la vida laboral? ¿Y cómo?
J. L. E.- Sí. Estamos valorando distintas modalidades. En algunos países hemos visto que existen incluso pagos de una sola vez, es decir, que no solo pueden ser incrementos porcentuales de la pensión posterior, sino que se puede hacer con pagos, modalidades que combinen distintos elementos, como combinar parte de la pensión… También queremos ver cómo hacerlo para los autónomos, los asalariados, cómo podrían colaborar las empresas, es un trabajo complejo. De hecho, hemos contratado a investigadores para que diseñen varios mecanismos de incentivos, y en unos meses podremos tener casos concretos de cómo hacerlo.
Sobre el autor:
Fernando Ónega
Fernando Ónega, presidente del diario 65ymas.com, es un cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la transición. Una voz escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.
Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, siendo autor de buena parte de sus discursos.
Ha trabajado en distintos medios escritos y televisiones. En la radio, inauguró el comentario político en mayo de 1978, en el programa “Hora 25” de la Cadena SER. Después ha sido director de informativos de la Cadena SER y de la Cadena COPE, además de director general de Onda Cero. En esta misma emisora, colaboró con Luis del Olmo durante 17 años, con Carlos Herrera y, desde abril de 2015 a septiembre de 2022, colaboró en los programas “Más de uno”, con dos comentarios políticos diarios, y en La Brújula, con una carta también diaria.
En prensa escrita publicó su primer trabajo a los 13 años en “La Noche” de Santiago de Compostela. Dos años después firmaba una página semanal y hacía entrevistas en “El Progreso” de Lugo. Dirigió el diario “Ya”, fundó el confidencial y la agencia “Off the record” (“OTR Press) y en los últimos tiempos ha sido columnista de “La Vanguardia y “La Voz de Galicia”.
En televisión, fue director de varios programas en TVE, así como director de relaciones externas de la cadena pública. También ha presentado los espacios informativos de Telecinco y Antena 3 y colaboró como contertulio en varios programas de debate.
Autor de diversos libros entre los que destacan “El termómetro de la vida”, “Puedo prometer y prometo”, “Juan Carlos I”, “Qué nos ha pasado, España”.
En 2020 recibió su tercer Premio Ondas, en este caso a la trayectoria o mejor labor profesional. El jurado reconoció "su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas". "Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad", destacó.
A lo largo de su trayectoria también ha recibido otros galardones, como el Premio Godó, varias Antenas de Oro y Micrófonos de Oro, aunque él presume de otros reconocimientos: por ejemplo, la Medalla Castelao de Galicia o los nombramientos como Hijo Predilecto de Pol, o Hijo Adoptivo de Lalín y de la Provincia de León.
