José Luis Escrivá (@joseluisescriva) es un ministro que se esfuerza por hacer entender la complejidad de su negociado, ofreciendo certezas donde las haya, acudiendo al refrendo de los números y huyendo del pesimismo gratuito, ya se trate de hablar de las pensiones, del déficit de la Seguridad Social, de las políticas sociales para favorecer la inclusión o de los retos de la inmigración. Y con números es como responde a las críticas por la lentitud en la tramitación del ingreso mínimo vital: "Hemos resuelto más de 350.000 expedientes de ingreso mínimo, de los cuales ya hay 90.000 hogares (casi un 30%) que lo reciben y con efecto retroactivo desde junio", detalla en su entrevista con 65Ymás, donde asegura que "en un mes vamos a poder pasar de 90.000 a 170.000 ingresos mínimos vitales, y podremos resolver otros 200.000 expedientes en un solo mes".
En cuanto a la contribución de los ERTE para suavizar la crisis generada por la pandemia, Escrivá se muestra satisfecho: "Hemos activado más del 80% de los afectados por ERTE. Si a mí me hubieran preguntado en mayo si íbamos a ser capaces de recuperar a cuatro de cada cinco trabajadores a día de hoy, le habría contestado: “muy difícil”.
El ministro adelanta asimismo la intención del Gobierno de lograr que este modelo de ERTE coyuntural, "muy habitual en países centroeuropeos como Alemania, se pueda convertir en un modelo permanente de funcionamiento". Y desvela que está pensando en "introducir una pequeña tasa para que no resulte tan fácil dar de baja y rotar y rotar contratos… Para quienes lo hagan de vez en cuando, no tendría ningún coste, pero quienes lo hagan por razones espurias, estarían sujetos a un coste mayor".
FERNANDO ÓNEGA.- Una de las medidas que ha puesto en marcha su ministerio es el ingreso mínimo vital (IMV), que estaba previsto que beneficiara a cerca de 900.000 hogares, pero en la actualidad solo llega a 90.000. ¿A qué se deben las bajas cifras de beneficiarios?
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ.- Una prestación tan nueva como ésta, necesita tiempo para poder tramitarse. Por ejemplo, en Galicia existe una renta mínima que, cinco años después de estar en marcha, la recibían tan solo 9.000 gallegos. Y es que, cuando se tramita una prestación de estas características, se tardan cuatro meses en resolverlo en promedio, y en algunos casos, mucho más. Nosotros, además, hemos tenido que tramitar el IMV al mismo tiempo que hacíamos los ERTE, en medio de una crisis sanitaria, con las oficinas de la Seguridad Social cerradas temporalmente. Y con otros dos factores adversos, ya que la edad media de los funcionarios de la Seguridad Social es de 58 años (y por tanto también se han visto afectados en gran medida por la pandemia), y durante los últimos diez años se han producido 10.000 bajas de funcionarios de la Seguridad Social que no se han cubierto… Este es el contexto administrativo en el que estamos abordando la puesta en marcha del ingreso mínimo. Dicho esto, le diré que se han recibido unas 900.000 peticiones del IMV al 24 de septiembre. De esa cifra, se han tramitado y se han estudiado casi 400.000 (quitamos del cálculo 60.000 que son duplicados de personas que lo han pedido más de una vez y no deberían hacerlo porque retrasa todo el proceso administrativo), se han resuelto más de 350.000 expedientes, de esos ya hay 90.000 hogares (casi un 30%) que reciben el IMV y con efecto retroactivo desde el mes de junio. Recordemos que los perceptores son hogares (no personas) con unas determinadas características. Asimismo, hay un 45% de las peticiones que han llegado (cerca de 200.000) a las cuales se les ha requerido más información porque el expediente estaba incompleto. Es una nueva prestación, hay un proceso de aprendizaje… Realmente denegadas, fundamentalmente por no cumplir el criterio de renta y patrimonio, se han denegado unas 80.000 peticiones.
F. Ó.- Dicho esto, ¿diría que es un resultado satisfactorio?
J. L. E.- Esa es la fotografía. Dicho esto, no, no es un resultado completamente satisfactorio, porque tenemos 500.000 hogares potenciales perceptores que lo han solicitado y todavía no les hemos contestado. Para agilizar el proceso de tramitación y acortar plazos, hemos aprobado algunos cambios en el Consejo de Ministros. En primer lugar, hemos establecido un cambio normativo para que, si el solicitante incumple el criterio de vulnerabilidad, ya se le comunique que no tiene derecho a percibirlo, sin necesidad de comprobar si se ajusta o no al resto de requisitos. En segundo lugar, existe una información adicional que deben aportar los demandantes, que es el padrón histórico, para comprobar que la unidad familiar existe en una vivienda de unas determinadas características, y durante un periodo de tiempo. Recabar esta información ha generado muchos problemas de gestión administrativa, incluso con los ayuntamientos. Pues bien, en la norma recién aprobada, hemos habilitado la posibilidad de que la Seguridad Social pueda obtener esa información directamente del Instituto Nacional de Estadística (INE), con lo cual podremos solventar ese problema. Otra cuestión: hasta ahora se ha rechazado un número significativo de IMV por incumplir el requisito de estar activamente buscando trabajo y registrado en una oficina de empleo. Pero, como las oficinas de empleo están tan saturadas, hemos establecido que, en lugar de ser un requisito previo, sea una obligación posterior que la persona debe demostrar en los seis meses siguientes a cobrar el ingreso. Otra cuestión: hemos establecido que hasta finales de año, lo que una comunidad autónoma certifique, le valga a la Seguridad Social, lo que nos permitirá asumir muchos perceptores de ingresos mínimos de comunidades autónomas.
F. Ó.- ¿Mejorarán pronto las cifras de perceptores del ingreso mínimo?
J. L. E.- Sí. Estamos convencidos de que en un mes vamos a poder pasar de 90.000 a 170.000 ingresos mínimos vitales, que podremos resolver otros 200.000 expedientes en un solo mes, y agilizar enormemente el proceso hasta finales de año. En cualquier caso, lo que hemos establecido es que cualquier hogar que pida el ingreso mínimo hasta fin de año, recibirá esta renta de forma retroactiva desde el 1 de junio, si cumplía los requisitos a esta fecha y se le concede.
F. Ó.- ¿Qué valoración puede hacer del resultado logrado con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo?
J. L. E.- A principios del mes de mayo teníamos en ERTE a 3.400.000 trabajadores, hoy tenemos algo más de 700.000, y de ellos, casi 150.000 están ya trabajando a tiempo parcial, de modo que sin trabajar existen unos 550.000. Eso quiere decir que hemos activado más del 80% de los afectados por ERTE. Si a mí me hubieran preguntado en mayo si íbamos a ser capaces de recuperar a cuatro de cada cinco trabajadores al día de hoy, le habría contestado: “muy difícil”. Por tanto, lo que hemos desarrollado hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien para activar y proteger, pero también generamos incentivos a la activación. Porque a una empresa que activa a un trabajador, le estamos exonerando más en cotizaciones a la Seguridad Social por ese activado, que por el empleado que no ha activado.
F. Ó.- ¿Se han planteado extender la fórmula de los ERTE, adaptarla de algún modo, para cuando acabe la crisis del coronavirus?
J. L. E.- Lo estamos valorando. Recientemente estuve en Bruselas, donde me entrevisté con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y tuve la oportunidad de explicar lo que España está haciendo con los ERTE. Fíjese, en una situación donde se ha parado un tercio de la la economía, realmente, despedidos al día de hoy, hay aproximadamente 450.000 trabajadores, lo que significa un aumento de dos puntos en la tasa de paro (hemos pasado del 14% al 16%). Esto es inusitado. En la crisis anterior, tuvimos un incremento de la tasa de paro extraordinario, resultado de que se despide rápidamente a los trabajadores temporales, que son como la variable de ajuste. Para evitar que eso sea así, hemos introducido los ERTE y además existe un acuerdo con los agentes sociales en que, cuando estemos un poco más tranquilos, este modelo de ERTE, muy habitual en países centroeuropeos como Alemania, se convierta en un modelo permanente de funcionamiento. Y yo creo que eso ayudará claramente a reducir la temporalidad; el conseguir que algunos elementos de este modelo coyuntural de ERTE para el COVID, se conviertan en instrumentos permanentes. Eso requiere que en situaciones temporales en las cuales haya una caída de demanda transitoria en una empresa, si la empresa en cuestión está dispuesta a hacer un esfuerzo, y si los trabajadores también acceden a hacer un esfuerzo (en vacaciones, alguna reducción de salario…), la Administración puede ayudarles. Este es un modelo muy moderno que queremos desarrollar en la negociación colectiva.
F. Ó.- ¿Les ha sorprendido este buen funcionamiento de los ERTE?
J. L. E.- Nosotros no estábamos nada seguros de que este modelo de ERTE (que suele funcionar bien en países con una estructura de grandes empresas, con una fuerte presencia de la negociación colectiva y en sectores sobre todo industriales) se iba a poder desplegar en España, donde el tejido productivo se compone de empresas muy pequeñas, concentradas en el sector servicios, comercio, turismo… Pero el modelo ha funcionado. Tenemos más de 600.000 empresas que han sido capaces de gestionar un expediente de estas características.
Se estudia una pequeña tasa para que no sea tan fácil dar de baja contratos temporales
F. Ó.- Recordaba usted que en la anterior crisis económica, el desempleo se disparó, sobre todo por los despidos de los trabajadores temporales. ¿Están trabajando en medidas para combatir la gran temporalidad del mercado español?
J. L. E. Yo creo que existe margen para reducir la temporalidad. Tengo la sensación de que parte de la temporalidad tiene que ver con la enorme facilidad de rotación de contratos, a veces semanales, mensuales, diarios, por razones espurias. A lo mejor tenemos que plantearnos cobrar una pequeña tasa por cada baja que se de en un contrato, para que no resulte tan fácil dar de baja y rotar y rotar contratos… Para quienes lo hagan de vez en cuando, no tendría ningún coste, pero quienes lo hagan por razones espurias, estarían sujetos a un coste mayor.
F. Ó.- Finalmente, y en relación a los autónomos, ¿cuándo van a tener que cotizar por sus ingresos reales?
J. L. E.- La verdad es que este asunto no lo hemos hablado todavía con el colectivo de autónomos, así que quiero ser un poco prudente. Es una recomendación del Pacto de Toledo que las asociaciones de autónomos también contemplan. A nosotros nos gustaría hacerlo de forma gradual y que sea un modelo que no genere ninguna incomodidad a los autónomos desde el punto de vista de la gestión administrativa. Seguramente habrá un porcentaje alto de autónomos que va a cotizar menos de lo que cotiza ahora, porque al cruzar los datos de la Seguridad Social con los de la Agencia Tributaria hemos visto que hay numerosos autónomos cuyos ingresos son inferiores a la tarifa mínima de cotización existente. Existe también un porcentaje significativo, pero menor, de autónomos cuyos ingresos reales son muy superiores a los niveles por los que están cotizando. Yo creo que la pandemia y la certidumbre que el Pacto de Toledo va a otorgar al sistema de pensiones va a facilitar que los autónomos entiendan que cotizar por los ingresos reales está en su beneficio para tener mayores prestaciones en el futuro.
Sobre el autor:
Fernando Ónega
Fernando Ónega, presidente del diario 65ymas.com, es un cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la transición. Una voz escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad.
Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, siendo autor de buena parte de sus discursos.
Ha trabajado en distintos medios escritos y televisiones. En la radio, inauguró el comentario político en mayo de 1978, en el programa “Hora 25” de la Cadena SER. Después ha sido director de informativos de la Cadena SER y de la Cadena COPE, además de director general de Onda Cero. En esta misma emisora, colaboró con Luis del Olmo durante 17 años, con Carlos Herrera y, desde abril de 2015 a septiembre de 2022, colaboró en los programas “Más de uno”, con dos comentarios políticos diarios, y en La Brújula, con una carta también diaria.
En prensa escrita publicó su primer trabajo a los 13 años en “La Noche” de Santiago de Compostela. Dos años después firmaba una página semanal y hacía entrevistas en “El Progreso” de Lugo. Dirigió el diario “Ya”, fundó el confidencial y la agencia “Off the record” (“OTR Press) y en los últimos tiempos ha sido columnista de “La Vanguardia y “La Voz de Galicia”.
En televisión, fue director de varios programas en TVE, así como director de relaciones externas de la cadena pública. También ha presentado los espacios informativos de Telecinco y Antena 3 y colaboró como contertulio en varios programas de debate.
Autor de diversos libros entre los que destacan “El termómetro de la vida”, “Puedo prometer y prometo”, “Juan Carlos I”, “Qué nos ha pasado, España”.
En 2020 recibió su tercer Premio Ondas, en este caso a la trayectoria o mejor labor profesional. El jurado reconoció "su fecunda carrera en la radio, tanto en su faceta directiva como ante el micrófono, desarrollada en las principales cadenas". "Fue pionero de la incorporación de los espacios de opinión en la radio, y sigue todavía hoy aportando una mirada ponderada sobre la actualidad", destacó.
A lo largo de su trayectoria también ha recibido otros galardones, como el Premio Godó, varias Antenas de Oro y Micrófonos de Oro, aunque él presume de otros reconocimientos: por ejemplo, la Medalla Castelao de Galicia o los nombramientos como Hijo Predilecto de Pol, o Hijo Adoptivo de Lalín y de la Provincia de León.
