La jubilación de los funcionarios del 'baby boom', una bomba de relojería para la Seguridad Social

Los funcionarios de clases pasivas aceleran su jubilación por miedo a perder sus privilegios

La jubilación de los funcionarios: pensión, edad, tipos y diferencias

 

La plantilla de funcionarios ha ido menguado desde 2010 y numerosas bajas de personal no se cubren, lo que ya genera problemas de funcionamiento en todos los niveles de las Administraciones españolas y supone un serio riesgo de colapso a corto y medio plazo. España cuenta con 2.710.405 empleados públicos en enero de 2021, según refleja el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  

Si se cumplen los vaticinios de los sindicatos, en los próximos diez años se podría jubilar hasta casi la mitad de los actuales funcionarios, en todas las categorías, es decir, se avecina un tsunami que ocasionará dos graves agujeros: por una parte, aumentará el gasto en pensiones y, por otra parte, obligará a un monumental esfuerzo de contratación para reemplazar todas estas jubilaciones masivas (incorporar nuevos funcionarios a un ritmo regular de 100.000-120.000 al año).

Uno de los ministerios más afectados por la marejada de jubilaciones de funcionarios 'baby boomers' será la Seguridad Social, que como ha reconocido el propio ministro, José Luis Escrivá, tiene una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración y además se ha reducido en un 20% durante la última década, hasta contar con tan solo 2.410 efectivos en enero de 2021. Hace un año, el ministro afirmaba: "Cuando ha llegado la crisis nos hemos dado cuenta de lo que no hemos hecho en los últimos años”, especificando que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la edad media de los trabajadores es de 59 años".

Los sindicatos dan la voz de alarma

Tal como advierte el sindicato UGT (@UGT_Comunica), la situación es realmente alarmante. En marzo de este mismo año, exigía medidas para paliar la crisis de gestión de la Seguridad Social, con una plantilla muy menguada y mayor carga de trabajo. "Se ha aumentado en un 12% el número de pensiones tramitadas desde 2010 y un 10% en los afiliados a la Seguridad Social. Además, se han incorporado nuevas competencias por la gestión del Ingreso Mínimo Vital, ha habido un 30% más de solicitudes telemáticas y un 50% en atención telefónica", detalla la Federación de Servicios Públicos de UGT, que alerta asimismo de que "esta situación se agravará en los próximos años, dado que los empleados y empleadas del organismo tienen una media de edad de 55 años y la previsión de jubilaciones a corto plazo es del 10%".

El sindicato avisa además de que, en un periodo de diez años, se va jubilar casi el 50% de los efectivos actuales de la Administración General del Estado (AGE). Los Ministerios más afectados por estas jubilaciones serán Defensa, Seguridad Social, Hacienda, Sanidad y Servicios Sociales.

Otro informe del sindicato CCOO (@CCOO), El colapso de la AGE ante la crisis de la COVID-19, constata que "la plantilla de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se ha reducido en un 25% en los últimos diez años, constituyendo una de las causas que explica que, pese al inmenso esfuerzo y dedicación del personal público, se colapsen servicios como el SEPE o el INSS”.  El sindicato exige "recuperar los más de 46.000 puestos de trabajo perdidos en la Administración del Estado entre 2011 y 2021" para poder asegurar la prestación de servicios actuales y encarar las próximas jubilaciones del 'baby boom'.

Asimismo, el sindicato de funcionarios CSIF (@CSIFnacional) viene denunciando en sus comunicaciones y sus redes sociales el colapso de servicios de la Seguridad Social. Mediante un sondeo realizado el 21 de junio de 2021, se ha demostrado "la imposibilidad de obtener una cita previa en la mayoría de las ciudades, tanto para atención telefónica, certificado digital, solicitud de pensiones o IMV. Según ha reconocido la propia Administración en los informes presentados al Consejo General del INSS, uno de sus servicios atendió el pasado trimestre a 143.130 llamadas frente a 1.920.312 que no se pudieran atender por falta de capacidad operativa”. El sindicato acusa al ministro de no solucionar la pérdida de la cuarta parte de las envejecidas plantillas.

Riesgo de colapso en la Seguridad Social

El principal peligro de este alud de jubilaciones "no será para el sistema de pensiones, ya se sabe que la jubilación de los 'baby boomers' va a ser un tifón, sin importar si se trata de funcionarios, trabajadores asalariados o autónomos. El peligro más grave es que las masivas jubilaciones pueden ocultar el colapso de unidades administrativas más pequeñas, y ello supondría un choque negativo a la productividad, porque muchas unidades administrativas que ahora funcionan bien se pueden quedar sin efectivos para desempeñar su tarea", alerta José Antonio Herce (@_Herce), economista especializado en pensiones, socio fundador de LoRIS.

Este experto afirma que desde la pandemia, la falta de personal y el atraso en la digitalización de la Administración han sido los causantes del atasco del SEPE y de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se pueda tramitar al ritmo que sería exigible. Además, recuerda que todavía hoy "resulta prácticamente imposible solicitar una cita previa con la Seguridad Social, ya que las llamadas al teléfono indicado acaban devolviéndote al mismo teléfono colapsado". En su opinión, esta escasez de empleados públicos no se arregla con contrataciones anuales, "hacen falta planes plurianuales rigurosos para reemplazar a los funcionarios que se jubilan, además de dar un salto cualitativo en la informatización".

Para el economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a), la jubilación de los funcionarios 'baby boomers' es un gran problema para la Administración Pública, porque "en estos momentos, sobre todo la Administración General del Estado, los organismos autónomos y la Seguridad Social tienen una media de edad de su personal superior a los 50 años. Más concretamente, el organismo que más problemas va a tener es la Seguridad Social, donde la media de edad supera con holgura los 50 años y donde en los próximos años se jubilará casi un tercio de toda su plantilla. También otras instancias de altos funcionarios de nivel A1 tienen difícil reemplazo, por la pérdida significativa de experiencia y de capital humano".

Santacruz puntualiza que la digitalización de las administraciones puede paliar la falta de personal, pero "tiene que funcionar, porque durante la pandemia hemos visto los enormes problemas en la gerencia informática de la Seguridad Social, donde el componente tecnológico ha tenido mucha culpa del fracaso a la hora de gestionar los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital", recuerda.

Impacto de las jubilaciones anticipadas

Por lo que se refiere al agujero que esta avalancha de jubilaciones provocará en las cuentas de la Seguridad Social, varios expertos consultados por 65Ymás estiman que el efecto extra no puede ser muy grave respecto al impacto ya previsto sobre la sostenibilidad del sistema, debido a que lo que va a costar la jubilación del 'baby boom' se sabe con antelación.

Según confirma Enrique Devesa, doctor en Economía, investigador del IVIE y coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles, “en el caso de los funcionarios que cotizan en el Régimen General, las penalizaciones por jubilación anticipada son más altas de las actuarialmente justas, por lo que supone un ahorro para el sistema de pensiones. En cambio, los funcionarios que cotizan en clases pasivas no tienen penalizaciones por jubilarse anticipadamente, por lo que esto supondría un mayor gasto para el sistema. De todas formas, desde 2011 ya no se puede acceder a este régimen. Por lo tanto, el efecto agregado no puede ser muy importante".

En el mismo sentido, Juan Ángel Lafuente (@JALafuent), catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I, y director de la Cátedra Ciutat de Castelló, matiza que "la jubilación de los funcionarios se declara de oficio al cumplir 65 años de edad. Pero presenta excepciones: Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: a los 70 años, pudiendo optar por jubilarse a la finalización del curso académico en que hubieran cumplido dicha edad. Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia se jubilan forzosamente a los 70 años. Registradores de la Propiedad ingresados antes de 1-1-2015: a los 70 años". Todos ellos son funcionarios del grupo A1, "cuya entrada a la jubilación les supone una clara pérdida de poder adquisitivo. Es de esperar que dichos grupos se jubilen en su mayoría más allá de los 65 años" 

Por otro lado, los funcionarios incluidos en Clases Pasivas pueden jubilarse de forma voluntaria desde los 60 años, siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado. Por tanto, "se trataría de personas que han aprobado su oposición antes de los 30 años. Esta condición junto con el hecho de que, al igual que antes, habrá un porcentaje para los que se perderá capacidad de compra, sugiere un bajo impacto en las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, la tendencia en las jubilaciones anticipadas con menos de 60 años, que se han reducido de forma clara después de la crisis del 2008, es, a nivel agregado, muy estable a lo largo del tiempo. Y su importancia relativa muy residual", argumenta el catedrático Lafuente (ver gráfico superior).