Sin avances en jubilación parcial y activa: los sindicatos ven casi imposible pactar antes de verano

El Gobierno reformará la jubilación parcial para que no sea una vía de anticipadas sin penalizar

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Tanto la actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, como su antecesor en el cargo, José Luis Escrivá, han trazado una clara senda para conseguir que los trabajadores retrasen su edad efectiva, real, de jubilación, de momento, de manera voluntaria. Para el Gobierno, esta es una de las metas imprescindibles, que va de la mano de la mayor participación y prolongación de las carreras laborales de los sénior, para que España pueda afrontar la inminente y masiva jubilación de la generación del baby-boom. Hay que recordar que el retiro de millones de boomer en las dos próximas décadas disparará el gasto en pensiones y tensionará el mercado de trabajo, con efectos impredecibles y peligrosos para la salud de las cuentas públicas.

Para lograr ese retraso de la jubilación efectiva (la edad legal será de 67 años en 2027; y 65 para quienes coticen 38,5 años o más), el Ministerio que dirige Saiz plantea introducir reformas en los tres principales sistemas existentes: la jubilación parcial, que negocia con los agentes sociales en la Mesa Social de Pensiones; la jubilación activa, que ahora prácticamente tan solo utilizan los autónomos; y la jubilación demorada, la más avanzada, con tres tipos de incentivos económicos en vigor.

"Hay personas que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación y debemos encontrar las fórmulas para ello, y la clave es la flexibilidad, que haya más opciones", ha defendido en varias ocasiones la ministra, para quien "las fórmulas de jubilación activa y flexible son perfectas para reforzar el equilibrio financiero del sistema y mejorar la calidad de vida de las personas".

Sin embargo, a día de hoy, la realidad es que 2024 va avanzando en el calendario, y a mediados de mayo, la negociación de estas reformas se encuentra estancada, tal como reconocen los sindicatos UGT y CCOO, que este mismo lunes han subrayado que es "muy difícil, casi imposible", que se pueda llegar a un acuerdo antes de verano, debido, entre otros factores, a que "al Gobierno no paran de salirle fuegos que tiene que apagar, lo que a su vez hace que las materias de diálogo que inicialmente teníamos sobre la Mesa de Pensiones tengan que retrasarse, porque ahora tenemos que darle prioridad, por ejemplo, a la cotización de los becarios".

Becarios e investigadores se 'cuelan' en la Mesa Social 

El último de esos fuegos es la Orden de 1 de mayo de 2024, que regula el convenio especial con la Seguridad Social para la cotización de prácticas formativas y académicas externas, realizadas antes de 2006. Tras la oleada de críticas de sindicatos y asociaciones de investigadores, el Gobierno negociará de manera inmediata con los agentes sociales la cotización de los antiguos becarios e investigadores. Los sindicatos consideran "disparatada, por excesiva", la cantidad de 288,3 euros por cada mes que el exbecario incorpore a la vida laboral, ya que las cuotas a pagar se calcularán como si esos períodos formativos se hicieran en 2024.

Esta nueva materia, que se acaba de incorporar a la Mesa de Diálogo Social, ya ha hecho que en la reunión de este lunes no se hable de la reforma de la jubilación, ni del nuevo papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, ni de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas. 

Tal como han puesto de relieve Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas de CCOO; Fernando Luján (@flujandefrias), vicesecretario de Política Sindical de UGT; y Cristina Estévez (@CrisEstevez_UGT), secretaria de Política Institucional de UGT, ahora se abre un "proceso inmediato de negociación para modificar la Orden Ministerial" y mejorar las condiciones de cotización de los becarios. Lo que, a su vez, provocará el retraso de las otras negociaciones.

Según ha explicado Luján, las prioridades sindicales con relación a los becarios son el periodo de reconocimiento —piden que los 5 años que permite la Orden actual puedan sumarse a los 2 que pudieron recuperarse en 2011— y las cuantías que se tendrían que pagar. El representante de UGT ha citado además otro asunto que también se ha colado en la Mesa Social de las Pensiones, y es el de las quejas del colectivo de los mutualistas, "ya sean los de colegios de abogados o procuradores, que están pidiendo una pasarela para incorporarse al sistema público de pensiones".

El retraso en las negociaciones se debe también al rechazo de las propuestas del Gobierno. Así, resume Cristina Estévez, de UGT, la situación de la Mesa de Pensiones es que todos los agentes sociales (sindicatos y patronal CEOE-Cepyme) han pedido al equipo de Saiz que retire su plan para la jubilación parcial anticipada y presente una alternativa, algo que este lunes no se ha producido. "Tenemos la misma situación desde hace meses, y como hemos rechazado la oferta de del Gobierno, volvemos a poner el contador a cero. Esto nos preocupa, pero consideramos que hay margen de maniobra suficiente para trabajar en la jubilación parcial anticipada, con el mismo interés que pone el Ministerio materias como la jubilación activa".

A los sindicatos les parece positivo mejorar la jubilación activa para quien lo desee, pero "no lo vemos prioritario, para nosotros, lo prioritario es resolver los coeficientes reductores de edad en actividades penosas, peligrosas, o aquellas en las que, al cumplir unos años, la persona no puede mantenerse trabajando hasta la edad legal de retiro", puntualiza Estévez.

CCOO: "Acceder a la parcial hasta 4 años antes"

A finales de abril, al término de la penúltima reunión con el equipo negociador del Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos subrayaban que su propuesta es que se pueda acceder a la jubilación parcial hasta 4 años antes de la edad ordinaria de jubilación (dos años más de lo que plantea el Ministerio), algo en lo que no hay acuerdo.

Desde Comisiones Obreras aseguran que el planteamiento del Gobierno "no tiene el apoyo de ninguno de los interlocutores sociales". Aunque existe algún aspecto interesante, Carlos Bravo explicaba entonces que "hay elementos negativos que llevan a intentar limitar" la modalidad de la jubilación parcial, como la de mantener el tope de dos años de anticipo que estableció el Gobierno del Partido Popular, que los recortó de cuatro a dos años.

Para Bravo, una de las condiciones para llegar a un acuerdo es que, cuando la jubilación parcial se realice con contrato de relevo, se mejore la calidad del empleo de los relevistas, mediante contratos indefinidos, a tiempo completo y para puestos no amortizables.

UGT: "Concretar la jornada y recálculo de pensión"

También UGT pide adelantar el acceso a la jubilación parcial y, en concreto, Cristina Estévez explicaba hace unos días a 65YMÁS que es necesario "seguir concretando la jornada y que el recálculo de la pensión sea al 100% cuando el jubilado parcial se retire definitivamente del mercado laboral. "Estamos en disposición de ver sector a sector si hay alguna idiosincrasia (...), pero desde luego no el planteamiento que hace el Ministerio. A día de hoy, lo que hace es rebajar derechos en todas las modalidades de jubilación anticipadas".

No es ningún secreto que el Gobierno está empeñado en lograr el retraso de la jubilación real (ahora situada en los 65,1 años de media) y para ello, entre otras medidas, se propone ampliar la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo.

Respecto a la jubilación parcial, una pista la dio hace unos meses el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, durante un debate televisivo de 65YMÁS, donde adelantó que la jubilación parcial "tiene que garantizar que haya un equilibrio efectivo entre trabajo y pensión. Es decir, hay que evitar prácticas que convierten la jubilación parcial anticipada en una jubilación anticipada sin coeficientes reductores".

Penosidad y edad para acordar la jubilación anticipada

Otro de los asuntos que los agentes sociales están negociando con el Gobierno es el sistema de criterios objetivos para los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y es otro punto en el que "estamos enquistados en la penosidad y la edad ligadas a ese concepto. Es cierto que el Ministerio ha dado algunos pasos, y nosotros así lo compartimos, pero para UGT es extraordinariamente importante que la edad sea contemplada como algo penoso en determinadas actividades", aclara Cristina Estévez. 

Tal como detalla, en la última reunión con el Ministerio donde se abordó este tema (a finales de abril), todavía existían diferencias "relevantes" sobre cómo medir y determinar la penosidad por sectores, y además, "la propuesta del Ministerio sigue dejando fuera las profesiones feminizadas que tienen unos altos ratios de penosidad, como las cuidadoras, las trabajadoras de ayuda a domicilio o las camareras de piso".