Lo que se sabe de la reforma de las pensiones que el Pacto de Toledo está a punto de cerrar

La reforma de las pensiones del Pacto de Toledo, lista y a falta de una última reunión

Pensión de viudedad: El Pacto de Toledo pedirá que una pareja de hecho acceda igual que una casada

Reforma Pensiones: La penalización por jubilación anticipada tendrá excepciones

El trabajador podrá elegir los años de cotización para cobrar más pensión de jubilación

 

La presidenta de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la exministra Magdalena Valerio, ha emplazado a los grupos a una última reunión este viernes 23 de octubre y ya ha puesto una fecha para votar en Comisión las nuevas recomendaciones. Según fuentes parlamentarias, dicha votación está prevista cuatro días después, el martes de la semana siguiente.

De este modo, los grupos políticos miembros del Pacto de Toledo aceleran para definir cuáles serán sus posiciones finales, que defenderán, en público, primero en la Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.

El Gobierno está ansioso por poner en marcha la reforma de las pensiones, pero antes necesita contar con el respaldo del Pacto de Toledo, lo que le permitirá iniciar la mayoría de los cambios sin bloqueos parlamentarios, y además le asegurará el necesario consenso para que la reforma no encalle en unos pocos meses (o años), por carecer de respaldo social, como sucedió con la de 2013, que en la práctica se halla congelada por su falta de aval entre pensionistas, sindicatos y grupos politicos como PSOE y Podemos.

Al Gobierno le urge desatascar la reforma de las pensiones porque, como el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desveló recientemente, tiene previsto incluir la reforma de pensiones en el Plan Nacional de Recuperación, de cara a recibir fondos para afrontar la crisis del Covid-19. 

 

Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo.

 

Algunas de las reformas más inmediatas, sobre las que habría consenso generalizado, las ha ido adelantando el propio ministro José Luis Escrivá, tanto en su entrevista con este diario, como en sus comparecencias en el Congreso ante los grupos que integran el Pacto de Toledo. Y se sustentan en cuatro grandes pilares: 1) Mantener el poder adquisitivo y actualizar las pensiones según el IPC, 2) Eliminar gastos impropios de la Seguridad Social, 3) Acercar la edad real de jubilación a la edad legal y 4) Incentivar los planes de pensiones de empresa.

Una de las últimas propuestas que se negocian es que la comisión emplaza al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos de pensionistas, que critican las penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.

¿Cuáles son los pasos a dar tras llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo? Una vez que los miembros de la comisión parlamentaria redacten el texto con sus recomendaciones, el Congreso debe votarlas y aprobarlas (es de suponer que el texto llegará al hemiciclo con el consenso adecuado). Los textos normativos vendrán, en su caso, mas adelante: cuando haya acuerdo en la comisión parlamentaria, la práctica desde 1995 es que se convoque desde el Gobierno a organizaciones sindicales y empresariales para abordar las recomendaciones en el Diálogo Social y, alcanzar acuerdos en su seno que se instrumentarán después en un proyecto de ley que se tramita en Cortes.

Recta final del Pacto, inicio del diálogo social

 

El ministro José Luis Escrivá.

 

Y si el Pacto de Toledo ha entrado en su recta final, también se ha reunido por primera vez la Mesa de Diálogo Social, en la que el ministro Escrivá ha citado a los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, y de la patronal CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente. En este encuentro, el ministro les ha trasladado las propuestas que el Ejecutivo tiene en mente, basadas en las recomendaciones que está ultimando el Pacto de Toledo.

En muchas de las propuestas, es previsible que haya consenso con los sindicatos, ya que, como afirmaba hace días Carlos Bravo Fernández, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, en una entrevista con 65Ymás, "lo más urgente es revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, garantizar su poder adquisitivo y empezar a tomar ya, este mismo mes, medidas concretas de reequilibrio financiero de la Seguridad Social, comenzando poco a poco a eliminar los gastos impropios que soporta el sistema".

Queda por ver si existirá asimismo sintonía entre negociadores, gobierno y sindicatos en otra de las reclamaciones sindicales, en la que también insiste UGT: corregir la reforma del año 2013, y en las medidas concretas para extender la edad de jubilación. "La inmensa mayoría de las jubilaciones anticipadas proceden de personas desempleadas; de hecho, el 70% de los parados que llevan más de un año buscando empleo tienen más de 55 años. Esas personas no vuelven a trabajar y lo que hacen es optar por la jubilación; son jubilaciones que aparecen como voluntarias, pero realmente son jubilaciones forzadas", declara Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. "Lo que dice el ministro Escrivá de endurecer las penalizaciones por jubilación anticipada no se puede aplicar a este colectivo".

Los empresarios tienen asimismo mucho que decir, y en alguna de las medidas pueden ser determinantes, como es la iniciativa para impulsar los planes de pensiones colectivos, esto es, de empleo o de empresa.

Los 10 puntos clave de la reforma

 

 

Hasta la fecha, estas son las medidas clave de reforma del sistema público de pensiones que están sobre la mesa de los negociadores del Pacto de Toledo:

1.- Revalorizar las pensiones con el IPC. Existe consenso para mantener año a año el poder adquisitivo de las pensiones, conforme al IPC. Esto lo han ratificado a 65Ymás tanto el ministro Escrivá como los sindicatos UGT y CCOO, que han comparecido ante los miembros de la comisión. Este año 2020 la subida ha sido del 0,9% para todas las pensiones (contributivas y no contributivas). Y para 2021, el Gobierno calcula que el deflactor del PIB –cifra que se aproxima a la previsión de inflación– será el 0,9%, por lo que eso subirían las pensiones el próximo año.

2.- Elegir los mejores años de cotización para calcular la pensión. Los grupos políticos que integran el Pacto de Toledo comparten la posibilidad de introducir una reforma para que se puedan elegir los mejores años de cotización, con el objetivo de que el trabajador pueda compensar periodos laborales en los que ingresen salarios más bajos o sufran baches profesionales, desempleo, sufrir ERTE, ERE, etc. En principio, se trataría de elegir los mejores 25 años (esta es la cifra que será preceptiva para hallar el importe de la pensión en 2022), aunque no se descarta analizar las implicaciones de una ampliación de este período de cálculo.

3.- Pensión de viudedad. Según ha trascendido de fuentes cercanas a los negociadores recogidas por El Mundo, se elevará al Gobierno la propuesta de igualar el acceso a las pensiones de viudedad entre parejas de hecho y casadas. Se daría así cumplimiento a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el año pasado reclamó a España que acabe con la discriminación legal que sufren las viudas y viudos de parejas de hecho.

4.- Eliminar el déficit de la Seguridad Social y separar las fuentes de financiación. Corregir el desfase de las cuentas es prioritario, para lo cual la principal medida será reordenar y sacar los gastos impropios del presupuesto de la Seguridad Social y traspasarlos al Estado, tal y como ratificó el ministro Escrivá en su entrevista con 65Ymás. El déficit del sistema este año puede superar los 25.000 millones de euros (en torno al 2% de PIB). Estos gastos impropios se deben a gastos de funcionamiento (3.911 millones), gastos en políticas no contributivas por 11.305 millones; deducciones en cotizaciones por 1.818 millones; prestación por nacimiento y cuidado de hijos, de unos 2.953 millones. Además del complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones a regímenes especiales (1.014 millones), complemento de lagunas para calcular la pensión (788 millones), etc. En total, suman más de 22.800 millones que, según Escrivá, si se sacaran de la Seguridad Social “equilibrarían las cuentas del sistema”. 

5.-Acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, se retocarán las jubilaciones anticipadas, como ha instado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Dentro de ese retoque, figurarán posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas.También se incentivará el retraso voluntario de la jubilación y se reforzarán las fórmulas para compatibilizar la pensión con el trabajo (jubilación activa).

6.- Incentivar los planes de pensiones de empleo, para aumentar la base de ahorro privado entre los ciudadanos españoles. Este era un punto recogido en el borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo que naufragó en febrero de 2019, y que se mantiene en el texto final. Con ello, tanto el Pacto de Toledo como el Gobierno pretenden impulsar la utilización de los planes de pensiones de empresa (o de empleo) en el entorno laboral, poniendo en marcha medidas para que accedan a ellos las rentas bajas y medias.

7.- Cotización de autónomos por ingresos reales. Tanto el Pacto de Toledo como el ministro Escrivá creen conveniente que el régimen de autónomos se vaya acercando al régimen general, de modo que los trabajadores por cuenta propia coticen por sus ingresos reales y tengan una pensión mayor y mejores coberturas.

8. Fondo de Reserva: Restablecer un mecanismo de dotación del Fondo de Reserva, la denominada hucha de las pensiones, que está prácticamente vacía.

9.- Mantener la jubilación de empleados públicos a los 60 años. Se contempla asimismo blindar la jubilación de funcionarios a los 60 años. De ser así, podrán cobrar la pensión los empleados públicos pertenecientes a las clases pasivas de jubilación que hayan cotizado más de 30 años. Se trata de aquellos cuyas pensiones trabajan con las entidades Muface, ISFAS o Mugeju, y para quienes el Gobierno planteó su integración en la Seguridad Social.

10. Mantener y mejorar el sistema público. El Pacto de Toledo instará a garantizar el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional. Debe haber prestaciones suficientes, equidad en el reparto de las cargas y responsabilidad en la gestión del sistema. También incluirá probablemente la posibilidad de que se financie con impuestos.