Magdalena Valerio: "Elegir los 25 mejores años cotizados es una posibilidad a estudiar"

Entrevista Magdalena Valerio: "España no tiene un problema de gasto excesivo en pensiones"

Acuerdo del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones con el único voto en contra de Vox

El Pacto de Toledo garantiza las pensiones aunque las cotizaciones no alcancen para pagarlas

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Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959), presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y ministra socialista de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social hasta el pasado mes de enero, cree firmemente que las pensiones "sirven para redistribuir la renta y la riqueza del país", y sostiene que "en un país donde no se apuesta por la justicia social y la cohesión social, es muy difícil mantener la paz y la estabilidad política". Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM, en esta XIV Legislatura es diputada por Guadalajara. 

Valerio, a quien el primer confinamiento le sorprendió trabajando en el Congreso junto al resto de portavoces del Pacto de Toledo, confiesa en su entrevista con 65Ymás su satisfacción por haber logrado "un acuerdo muy mayoritario" para la reforma de las pensiones, pese al voto negativo de VOX y a las abstenciones de ERC y EH Bildu. "Lo fundamental es que apostamos por un sistema público de pensiones de reparto y solidaridad entre generaciones, entre territorios y entre sectores", asegura, además de garantizar que "los pensionistas no van a perder adquisitivo".

Entre las medidas de reforma acordadas, que todavía han de debatirse en el Pleno del Congreso de los Diputados, Valerio destaca el consenso en jubilaciones anticipadas, la posibilidad de prolongar la vida laboral de manera voluntaria, sin tocar la edad máxima de jubilación legal, ni modificar el número de años que se piden para tener derecho al 100% de la base reguladora. Además, la presidenta del Pacto de Toledo confirma que "se abre la posibilidad a que se estudie el que se puedan elegir los 25 mejores años de cotización" para calcular el importe de la pensión.

“Tenemos muy claro que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo"

PREGUNTA.- Ante todo, enhorabuena a usted y a los miembros de la Comisión por haber logrado al fin un acuerdo en el Pacto de Toledo, tras más de cuatro años sin consenso político en torno a la reforma de las pensiones. ¿Cuál es su valoración global del compromiso alcanzado?

RESPUESTA.- Ha sido una tarea ardua, pero estoy satisfecha porque hemos logrado un acuerdo muy mayoritario. De las 37 personas que formamos parte de la Comisión, 30 hemos votado a favor, 5 en contra (los votos de VOX) y dos abstenciones (las de ERC y EH Bildu). Hemos mejorado el borrador de recomendaciones que heredamos de la anterior comisión (febrero de 2019). Lo fundamental es que apostamos por un sistema público de pensiones de reparto y solidaridad entre generaciones, entre territorios y entre sectores. Un sistema que a la par es contributivo y solidario. Tenemos muy claro que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo. Los pensionistas presentes ya no tienen margen de maniobra para inventarse un nuevo ingreso, así que lo de hacer una reforma que no tenga consenso y que encima afecte a los pensionistas en el momento en que ya lo son (hablamos de más de 10 millones de personas en este país), eso es insostenible social y políticamente.

P.- Volver al IPC como mecanismo de revalorización de las pensiones se celebra como un éxito. Pero, ¿se ha previsto qué sucederá en los años de IPC negativo o muy bajo?

R.- Se vuelve a recuperar la revalorización de las pensiones según el IPC real de cada año. En caso de que el IPC previsto, que es lo que se sube, sea inferior al IPC real, se dará a los pensionistas una paga compensatoria en el primer trimestre del año siguiente. En caso de que el IPC previsto sea superior al real, nunca se pide que se devuelva lo cobrado de más, no hay precedente en la historia de nuestra Seguridad Social.

P.- ¿Cuáles diría que son los grandes consensos logrados en la Comisión que usted preside?

R.- En general, yo creo que se ha llegado a un punto de encuentro importante en muchas cuestiones. Ha habido consenso en jubilaciones anticipadas, en la posibilidad de prolongar la vida laboral de manera voluntaria. No se toca la edad máxima de jubilación legal, que sigue siendo 67 años (y 65 para aquellas personas que en el año 2027 tengan cotizados 38 años y medio o más), o sea, que las largas carreras de cotización se van a poder seguir jubilando a los 65. No se toca tampoco el número de años que se piden para tener derecho al 100% de la base reguladora. El periodo de cálculo para hallar el importe de la pensión, se mantiene en los 25 años que serán preceptivos en 2022, e incluso se abre la posibilidad a que se estudie el que se puedan elegir los 25 mejores años de cotización. Tampoco se modifica el número de años que se exigen para poder cobrar el 100% de la base reguladora: estamos todavía en un periodo transitorio, pero no se van a exigir más de 37 años. Hay además una recomendación específica para la mujer, porque todavía sigue habiendo una brecha de género importante, tanto laboral como en pensiones.

P.- ¿Descarta usted que pueda haber recorte de pensiones en 2021, incluso si la pandemia deteriorara de modo grave las cuentas de la Seguridad Social?

R.- No pueden recortarse las pensiones. Existe unanimidad entre todos los grupos políticos en la necesidad de garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Evidentemente, la pandemia del coronavirus nos ha puesto en una situación muy delicada en la que perdemos vidas de personas, perdemos salud, cotizaciones y puestos de trabajo, pese a que se ha mantenido a 3.400.000 personas en ERTE cobrando sus pertinentes prestaciones de desempleo. El SEPE ha seguido pagando las cuotas de estas personas en ERTE. Se han pagado exoneraciones de cuotas, ha habido más incapacidades temporales como consecuencia del COVID... Hay que saber que desde marzo a finales de septiembre se ha invertido (yo prefiero hablar de inversión en vez de gasto) unos 25.000 millones de euros sumando SEPE y Seguridad Social en prestaciones y en abono de cotizaciones. Ha habido 1,5 millones de personas que han cobrado el cese de actividad. En definitiva, aproximadamente 6 millones de personas trabajadoras han tenido plus de apoyo con bajas médicas, subsidios de incapacidad, prestaciones de desempleo por ERTE y ceses de actividad para autónomos. Eso ha implicado que el Estado ha tenido que apoyar al SEPE y a la Seguridad Social con un préstamo especial de 16.000 millones de euros y con una transferencia especial de 14.000 millones, es decir, han tenido que inyectar 31.000 millones de euros.

P.- Todo ese gasto extra por la crisis del COVID disparará el déficit y la deuda de la Seguridad Social. 

R.- Evidentemente, la Unión Europea permite que el cumplimiento de las reglas de déficit y deuda quede exento este año y en 2021. Por eso hemos podido hacer todo este esfuerzo, para salvar a las personas. Y salvar a las personas trabajadoras y autónomas no puede implicar que dejemos en la estacada a 10 millones de personas pensionistas. Este sobreesfuerzo lo está liderando este Gobierno, con apoyo de la Unión Europea, pero esto es un esfuerzo colectivo de toda la sociedad. No podemos dejar en la estacada a 10 millones de pensionistas, a muchos de los cuales el COVID les está afectando de una manera letal, personas a las que les tocó de niños vivir la guerra civil, la posguerra, que han sacado adelante este país, que en las crisis siguen apoyando con sus pensiones a hijos, hijas nietos y nietas. Ningún gobierno se puede permitir el lujo de dejar en la estacada a 10 millones de pensionistas.

"Hay personas que se han tenido que jubilar anticipadamente obligadas por las circunstancias"

P.- Las penalizaciones a la jubilación anticipada levantan revuelo, sobre todo entre colectivos con largas carreras, que sufren merma de pensión aunque sus jubilaciones no sean voluntarias de verdad…

R.- Una de las cosas que se está decidiendo es que las jubilaciones anticipadas, quienes las utilicen sean fundamentalmente colectivos que tienen trabajos que implican peligrosidad, toxicidad, penosidad. El Pacto de Toledo ha pedido al Gobierno que haga un análisis en el plazo de tres meses de las jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores, que se analice cuáles son anticipadas voluntarias, muy legítimas, y también las no tan voluntarias, porque hay personas que se han tenido que jubilar anticipadamente obligadas por las circunstancias. Por ejemplo, con el subsidio de mayores de 55 años (que vuelve a ser de 52 años desde el año pasado), cuando la persona llegaba a cumplir los requisitos para jubilarse anticipadamente con coeficiente reductor, o se jubilaba o dejaba de percibir el subsidio. Eso fomentó mucho la jubilación anticipada.

P.- En estos momentos, existe incertidumbre sobre la próxima regulación de la jubilación anticipada...

R.- La incertidumbre en relación a lo que va a pasar con la jubilación anticipada puede provocar dos comportamientos: el de quienes esperan a ver si se eliminan los coeficientes reductores en la nueva norma, o el efecto huida, es decir, que se fomenten las jubilaciones anticipadas ante la posibilidad de de que se vayan a endurecer los requisitos.

P.- También hay incertidumbre sobre la derogación o no de la reforma de pensiones de 2013, ahora suspendida.

R.- Una de las peores cosas que puede haber en un sistema público de Seguridad Social es la incertidumbre. Por ejemplo, ahora mismo, la ley de 2013 está suspendida: se congeló su aplicación por parte del Partido Popular en los Presupuestos de 2018 con el acuerdo de Ciudadanos y PNV. Yo, como ministra, en el año 2019 volví a suspender su aplicación, y como ministra la suspendí nuevamente para 2020. Y ahora se ha vuelto a suspender, porque el año que viene, las pensiones van a subir, no el 0,25% que dicta el índice IRP, sino todas en general el 0,9% y las no contributivas, el doble. Por tanto, en 2021 tampoco aplicaremos la ley de las pensiones de 2013. Pero es que, en cuanto al famoso Factor de Sostenibilidad, también en 2018 y gobernando el PP, se decidió suspenderlo hasta como máximo 2023. Así que, evidentemente, a la sociedad en general nos interesa que tengamos cuanto antes una regulación clara. Y, si la línea de las recomendaciones apunta a derogar la ley de 2013, pues deroguémosla.

P.- ¿Cree posible que se eliminen los coeficientes reductores para carreras laborales con 40 o más años cotizados?

R.- Ahora, en el plazo de tres meses, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene que remitirnos un estudio que le hemos pedido sobre la posibilidad de eliminar los coeficientes reductores por jubilación anticipada para personas con 40 o más años cotizados. Textualmente, le decimos al ministerio que consideramos esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuariales de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma (voluntaria o forzada por las circunstancias), los supuestos de carrera de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación. Es decir, le pedimos al Gobierno que analice este asunto y que nos envíe sus conclusiones y propuestas para evitar inequidades. 

P.- Economistas e institutos de análisis han criticado que el Pacto de Toledo es un acuerdo de mínimos, sin medidas de calado, lejos de las reformas profundas de otros países de nuestro entorno, donde han adoptado sistemas de cuentas nocionales, planes de empresa semiobligatorios... 

R.- Con todo el respeto que me merecen todos los expertos habidos y por haber, de todos los bancos, de aseguradoras, etc, decirles que el tema del paso de un sistema de reparto con prestación definida, a un sistema de reparto con contribución definida, denominado técnicamente cuentas nocionales, ya se llegó a plantear por un grupo de expertos que, gobernando el PP, se designó para hacer una propuesta de reforma que luego cristalizó en la ley 23/2013 de 23 de diciembre; ley conocida como la ley del 0,25% y el Factor de Sostenibilidad. Me gustaría recordales que ya en aquel momento, esa comisión de expertos declinó hacer un planteamiento de cambio de sistema. Que nadie se llame a engaño: cambiar de modelo de pensiones, como hicieron en Suecia, conlleva muchos años de transición, afecta a las pensiones de viudedad y orfandad, que pasan a ser no contributivas, es decir, implicaría una cierta revolución que desde luego en este país en estos momentos no reúne el consenso político ni social para sacarlo adelante. De hecho, ningún grupo político de manera expresa ha planteado un cambio de sistema.

P.- El informe que ustedes han acordado en la Comisión del Pacto de Toledo debe pasar todavía el trámite parlamentario... 

R.- Sí, el Congreso de los Diputados debe debatir el informe de recomendaciones, así como los votos particulares, cuyo plazo de presentación concluye este viernes día 6. Todavía no tenemos fecha para ese Pleno, pero esperamos que se celebre en las próximas semanas. Yo estoy satisfecha de la mayoría muy importante que ha avalado estas recomendaciones, y espero que, si es posible, se incremente en el Pleno del Congreso. Todos los grupos políticos de la Comisión hemos trabajado de manera sosegada, está claro que se puede discrepar sin necesidad de llegar al insulto.