Magdalena Valerio: "España no tiene un problema de gasto excesivo en pensiones"

Magdalena Valerio: "Elegir los 25 mejores años cotizados es una posibilidad a estudiar"

Acuerdo del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones con el único voto en contra de Vox

El Pacto de Toledo garantiza las pensiones aunque las cotizaciones no alcancen para pagarlas

Subida de las pensiones y otras medidas... Así te afecta el acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo

 

La presidenta del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959), ha visto cómo en apenas 10 meses al frente de esta comisión parlamentaria se encauzaba y llegaba a buen puerto un acuerdo en pensiones que parecía imposible, ya que las recomendaciones del Pacto se tenían que haber reformado en 2016. En estos momentos, con España azotada por la pandemia del coronavirus, "el acuerdo logrado para la reforma del sistema de pensiones contribuye a dar esperanza y certidumbre sobre el futuro", asegura.

La labor de Magdalena Valerio (@mvalerio_gu), jurista y funcionaria de carrera de la Seguridad Social y exministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha sido alabada por todos los grupos políticos integrantes de la comisión, que en la sesión de la aprobación del acuerdo resaltaron su buen hacer y sus dotes de coordinación. En su entrevista con 65Ymás, realizada por vía telemática, explica que "no me quito la mascarilla ni para estar en el despacho. Me he autoimpuesto esta norma de prevención máxima porque formo parte de un grupo de riesgo".

Valerio es contundente sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones: "En nuestro país no hay un problema de gasto excesivo en pensiones. Lo que ha habido es un problema de ingresos", unido a que la Seguridad Social sigue pagando gastos impropios que se deberían abonar con impuestos, explica. Respecto a la pensión de viudedad, señala que el Pacto de Toledo deja muy claro que "es una prestación contributiva", y resalta que "ningún grupo político ha pedido en la comisión un cambio radical de sistema". Reconoce, eso sí, que se han quedado fuera del informe la propuesta de un grupo que pedía realizar una auditoría de la Seguridad Social y que tampoco se recoge propiamente el impuesto a los robots.

"Gastamos en pensiones el 10,9% del PIB, menos que la media del 12,4% de países como Italia, Francia o Austria" 

P.- ¿España tiene un excesivo gasto en pensiones, en relación a los ingresos por cotizaciones o al poder adquisitivo medio de los salarios?

R.- No. En nuestro país en estos momentos no existe un problema de gasto excesivo en pensiones. Lo que ha habido es un problema de ingresos: bajada de cotizaciones como consecuencia de la devaluación salarial y peores condiciones laborales, y porque la Seguridad Social continúa pagando gastos impropios que se deberían abonar con impuestos. En España en estos momentos tenemos un gasto en pensiones del 10,9% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando el promedio de los países europeos como Italia, Francia o Austria es del 12,4%. Estamos por debajo de Italia, de Francia, de Austria, de Finlandia, un poco por encima de Alemania... pero no tenemos un gasto disparado en pensiones. Lo que hay que hacer es reordenar el sistema y dotarnos de una regulación clara.

P.- ¿Cree que harán falta más impuestos para pagar las pensiones a medio y largo plazo?

R.- Yo creo que debemos aspirar a que nuestros hijos y nietos paguen nuestras pensiones. Con complementos de impuestos, por supuesto, que es lo que está pasando en otros países de la Unión Europea conforme se ha incrementado el número de pensionistas. Pero, básicamente, las prestaciones contributivas se tienen que pagar con cotizaciones, y lo no contributivo se ha de financiar con impuestos.

 “El Pacto de Toledo recomienda dejar las cotizaciones solamente para pagar las prestaciones contributivas" 

P.- El Pacto de Toledo insta a identificar y extraer de la Seguridad Social los gastos impropios. ¿Con esta medida se eliminará todo el déficit del sistema?

R.- Queda muy claro en la recomendación 1 que los gastos impropios, es decir, aquellos gastos que estamos pagando con cotizaciones, y que pueden ser inversiones extraordinarias para la sociedad pero que no son prestaciones contributivas, deben dejar de financiarse con cotizaciones. El Pacto de Toledo recomienda dejar las cotizaciones solamente para pagar las prestaciones contributivas del sistema en general, y en particular las pensiones, incluida la de jubilación. Y que lo no contributivo exclusivamente se financie con impuestos a través de transferencias de la Hacienda pública a la Tesorería General de la Seguridad Social, y que esto se haga en el plazo de tres años.

P.- El proyecto de Presupuestos para el año próximo ya recoge una partida de estos gastos...

R.- Sí. En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se están debatiendo en el Congreso, ya se incluye una transferencia especial de 14.000 millones de euros para ir eliminando ese déficit, que es un déficit real, pero que se ha generado debido a que la Seguridad Social ha estado durante décadas pagando cosas que no tenía que pagar. Esos gastos impropios los ha cuantificado el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en 23.000 millones de euros. Así que, si de esos 23.000 millones, ya este año se van a transferir para compensar 14.000 millones, es una buena manera de comenzar.

P.- La comisión propone también reformular la pensión de viudedad, pero que siga siendo contributiva. ¿Puede concretar un poco más esos cambios, y a quiénes afectarían?

R.- Se deja muy claro en las recomendaciones que es una prestación contributiva del sistema. Son veintitantos mil millones de euros lo que invertimos en pensiones de viudedad, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que más del 90% de los perceptores mayores de 75 años son mujeres, que en una época en que había un reparto claro de tareas, como consecuencia de la cultura patriarcal, las mujeres se quedaban en casa trabajando sin cobrar, y los hombres, fuera de casa cobrando y cotizando. Así que a esas mujeres no las podemos dejar en la estacada. Y también pedimos que se estudie la viudedad en parejas de hecho porque a veces la pareja superviviente con hijos menores a cargo resulta que porque en el momento del hecho causante cobraba más que la persona que ha fallecido, no le dan pensión de viudedad aunque pase a peor fortuna, y la norma sí que dice que si pasa a mejor fortuna y la cobra, la puede dejar de cobrar.

P.- ¿Qué le parece el superfondo de pensiones de empleo, con garantía pública, que plantea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá?

R.- En relación con ese macroplan de pensiones con cierto aval público, pensando en las pymes y en los autónomos, que tienen mayor dificultad de poner en marcha planes de pensiones de empleo, habrá que ver cómo se legisla. Algún grupo integrante de la comisión del Pacto de Toledo cuestiona que esto se haga a costa de limitar las desgravaciones para planes de pensiones individuales, y es muy legítimo que discrepen. Cuando se presenten los votos particulares, ya lo debatiremos en el Congreso.

"Nadie cuestiona el traspaso de gastos impropios al Estado, ni la revalorización de la pensión según el IPC real"

P.- ¿Qué temas han generado los principales puntos de desencuentro en el seno del Pacto de Toledo?

R.- Nadie ha cuestionado en conjunto las recomendaciones. Nadie cuestiona el traspaso de gastos impropios a los Presupuestos Generales del Estado, ni la revalorización de la pensión según el IPC real. Hay algún grupo al que le gustaría que se cuestionase no solo la ley de 2013 del IRP y el Factor de Sostenibilidad, sino que también se cuestionase la ley del 2011 en ciertos aspectos, por ejemplo, que la edad legal de jubilación vuelva a los 65 años, o que el cálculo de la base reguladora se efectúe con 15 años en vez de los 25 que serán preceptivos en 2022. Y otro grupo insistía en que se realice una auditoría estricta de los gastos impropios durante la última década, para que se produzca una especie de condonación, de compensación de los préstamos que ahora le está concediendo el Estado a la Seguridad Social, con lo que la Seguridad Social le ha estado aportando al Estado durante años para sufragar prestaciones que no eran contributivas.

P.- Dice que un grupo reclama una auditoría a fondo de los gastos de la Seguridad Social. ¿La han incluido dentro de las recomendaciones finales del Pacto?

R.- Eso no se ha acordado. El pasado ya es difícil que tenga arreglo. Pero sí es muy importante el hecho de que el Gobierno, ya en los Presupuestos de 2021, se va a hacer cargo de una parte de los gastos impropios. En general, durante las reuniones de la comisión no se han producido grandes discrepancias, lo que ha habido es un debate tranquilo, sin insultos ni descalificaciones, y eso es lo que ha hecho que en poco tiempo haya podido cristalizar un acuerdo tan mayoritario: de las 37 personas que formamos parte de la comisión, 30 hemos votado a favor, 5 en contra (los votos de VOX) y dos abstenciones (las de ERC y EH Bildu).

"Hay que buscar mecanismos que compensen la caída de cotizaciones por la extensión de las plataformas digitales"

P.- En su informe de recomendaciones, ¿se recoge una posible cotización para los robots?

R.- No se habla de la cotización de los robots, pero sí incluimos que habrá que buscar mecanismos para que se compense ese déficit de cotizaciones que se produce conforme la tecnología, la inteligencia artificial y las plataformas digitales van haciendo que disminuya el número de trabajadores y, por lo tanto, desciendan los ingresos por cotizaciones.

P.- ¿Cuál es el itinerario que seguirán ahora las recomendaciones del Pacto de Toledo?

R.- Una vez aprobado en comisión el informe de recomendaciones, se abrió un plazo para presentar votos particulares que concluyó el día 6 de noviembre. A continuación, esas recomendaciones y esos votos particulares irán al pleno del Congreso de los Diputados, que aún no tiene fecha porque esta semana se está produciendo la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Espero que las recomendaciones puedan entrar en el orden del día antes de fin de mes. Una vez aprobadas, la Mesa del Congreso las remitirá al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y a los agentes sociales y económicos. De hecho, la Mesa de Diálogo Social, que ya ha iniciado sus tareas, también emitirá sus recomendaciones pertinentes.

P.- ¿Qué cree que sucederá en el Pleno del Congreso cuando se debatan las recomendaciones? 

R.- Yo nunca tiro la toalla en la idea de conseguir la unanimidad. ¿Qué ocurre? Que soy realista y sé que la unanimidad es muy difícil de alcanzar, incluso a veces estando uno de acuerdo en el contenido. Por ahora, como digo, ningún grupo ha hecho una enmienda a la totalidad de las recomendaciones. ¿Cómo de encendido será el debate en el Pleno del Congreso? Es difícil aventurarlo. En los debates similares que tuvieron lugar en diciembre de 2010 y en enero de 2011 hubo unas disquisiciones muy encendidas, aunque luego los grupos votaran que sí; de hecho, en aquella ocasión, hubo más votos particulares que recomendaciones.