Más de la mitad de las solicitudes de pensiones por incapacidad permanente son denegadas

Durante el año 2018 (últimos datos disponibles), en España se resolvieron 168.197 expedientes de solicitud de pensiones de incapacidad permanente. De ellos, el 46,53 % fueron favorables a la concesión de la pensión. De lo anterior se infiere que se rechaza más de la mitad de solicitudes de incapacidad presentadas, concretamente el 53,47%. Así se desprende de los datos históricos sobre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)  que se publican en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro del Informe Estadístico del INSS de 2018.

Esta es la realidad de las pensiones por incapacidad en nuestro país y "esta cifra es así porque no estamos en Zimbabue sino en España donde, precisamente por su tradición napoleónica, tenemos unos procedimientos administrativos exhaustivos, incluso demasiado exhaustivos", nos explica José Antonio Herce, socio fundador de la consultoría LoRIS, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts en Economía por la Universidad de Essex, al tiempo que uno de los más grandes expertos españoles en longevidad y pensiones, antes de añadir que "la administración española es, por lo general, pro trabajador, pro ciudadano".

"Se trata de una cifra que representa, a efectos prácticos, la mitad de concesiones de pensiones por incapacidad permanente porque se basan en censos que están trufados de circunstancias especiales y cuando los elevas a muestra estadística y se depura la banda de confianza te dice que es así. A mí no me preocupa que sea un 46 o un 50%. Si el INSS ha publicado esos datos, me quedo con ellos", apunta el experto.

No todos están de acuerdo con las cifras

No todos opinan lo mismo. Algunos importantes bufetes de abogados especializados en el tema no parecen estar de acuerdo con que sea el 53,47% de solicitudes las que se deniegan. "Esa cifra de denegaciones dista mucho de la realidad. Lo cierto es que se deniegan muchas más. Personalmente considero que o no existe una estadística real o que, si existe, difiere con creces de ese 53%", asegura Sergio Toro Pujol desde su despacho al frente de Toro Pujol Abogados.

"Un 53,4% es un dato totalmente erróneo. Hoy no se conceden incapacidades si no se acude a la vía judicial. Tiene que ser un juez que carece de conocimientos médicos quién, conforme a la prueba que se adjunta, normalmente una pericial médica explicada por el facultativo, decide. Un señor sin conocimientos médicos tiene que resolver un caso médico. Esto es realmente grave", se lamenta Miguel Ángel Díez de RV Abogados, un despacho de Legálitas.

"A nuestro juicio ese dato es excesivamente alto. Entendemos por nuestra experiencia en la tramitación de estos asuntos, que la cifra de estimación del 53,4% de expedientes de incapacidad permanente tramitados es, a nuestro juicio, excesiva. Nosotros tenemos la sensación de que las cifras de estimación de expedientes de incapacidad permanente, tramitados de oficio o a instancia de parte en el Instituto Nacional de la Seguridad Social no alcanza ni de lejos el 50%", asegura Vicente Javier Saiz Marco, del Despacho de Abogados VJSW.

"Contrastadas esas cifras con otras publicadas por la Seguridad Social, para nosotros no presentan ninguna credibilidad, tal como se desprende del propio Informe Económico Financiero que encontramos en la web de la Seguridad Social. Según este informe, al menos durante los últimos 15 años, se han dado de alta una media de 90.000 personas cada año en pensiones de Incapacidad Permanente, más concretamente 92.983 personas en 2017 (Cuadro IV.23, página 193). Este mismo Informe Económico refleja que cada año se cierra el ejercicio con aproximadamente 950.000 personas percibiendo esta prestación, más concretamente 949.857 personas en 2017", nos explica Juan Luis Ballesteros desde el despacho de abogados laboralistas RedLaboris.

Aún más taxativo es Lorenzo Pérez, presidente del Grupo Jurídico Fidelitis, que nos dice: "Perdón, pero eso no cuela. Si esa cifra fuese real deberían darlo a conocer y sentirse orgullosos de ello. Pero no es así, es escandalosamente bajo el porcentaje de incapacidades permanentes que se conceden. Algo verdaderamente alarmante", apunta.

¿Un coladero?

El presidente de Fidelis insiste en que "es imposible que se concedan más de la mitad de incapacidades permanentes solicitadas". Y es que, para él, "no llegan ni a la mitad las solicitudes de personas a las que realmente les corresponde esa pensión", y pone como ejemplo que una buena parte de las solicitudes que llegan a sus despachos "no tienen ni pies ni cabeza, algunas ni tan siquiera llegan a los límites de cotización requeridos, pero la solicitan por necesidad, falsas creencias, por salir del desempleo o por cualquier otra casa. A esa gente no le corresponde una pensión y no tramitamos su expediente. Sería, como mínimo, raro que el 53,4% de la solicitudes presentadas se confirmasen".

Llegados a este punto, volvemos a recabar la opinión del doctor José Antonio Herce. "Muchos quieren jubilarse por incapacidad permanente y ante esto la Seguridad Social hace de muro de contención. Todo esto me suena a que la gente sigue viendo la pensión por incapacidad permanente como un coladero que lleva a pensar que hay mucha gente que no tiene incapacidad permanente sino mucha cara y por tanto se le deniega la pensión".

"En los años 80, cuando se hizo la reconversión industrial yo consultaba constantemente un boletín estadístico de la Seguridad Social y vi que sólo en Cádiz se concedían el 80% de jubilaciones por incapacidad permanente de toda España, eran datos de juzgado de guardia. Pienso que en las cifras que ahora publica la Seguridad Social está diciendo lo que hay", concluye el experto.

Hercé nos recuerda además, que en 2018 entraron 174.195 expedientes y se resolvieron 168.197, de ellos el 46,5% favorablemente y que por tanto pasan a ser nuevas pensiones. "Es decir cerca de 78.000 pensiones de las más de 90.000 nuevas altas de ese año. Te quedan 12.000 nuevas altas que no tienen problema ni se someten a expediente alguno. Yo no tengo por qué no creerme que se resuelven favorablemente el 46,5%, aunque bien es cierto que no se dice si se tramitan por vía administrativa o judicial, y si fuese verdad supondría que la mayor parte de los expedientes de jubilación por incapacidad permanente están trufados de problemas. Pero, sinceramente, no tengo por qué no creer estas cifras".

Los plazos de la pandemia

Otra de las quejas que suelen presentar los abogados especializados es la excesiva dilación de los plazos, tanto administrativa como judicial, a la hora de fallar las resoluciones. Y parece que es difícil que las cosas a partir de ahora mejoren, más bien es al contrario. La pandemia de covid-19 ha afectado a todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y la administración no podía ser una excepción. "Ahora va a ser aún peor porque al atasco que se arrastraba se va a sumar el de los meses del estado de alarma. Están despachando todo lo que se había presentado antes de la pandemia con denegación, prácticamente sin mirar los expedientes, y si los miran casi da lo mismo", asegura Lorenzo Pérez ,para quien "la presión mediática con el 'no hay dinero para las pensiones' es muy grande y hay jueces que, como son personas, obviamente, en algunos casos se inclinan hacia este pronunciamiento".

Por su parte, Vicente Javier Saiz Marco, coincide en que "el INSS está omitiendo durante la pandemia de covid-19 el trámite de que el trabajador enfermo pase por el tribunal médico. En muchos casos está resolviendo el expediente directamente sin esperar a que se reanude la actividad presencial en los tribunales médicos, en nuestra opinión, ante la imposibilidad de pasar presencialmente por el tribunal médico por razones obvias, se debería haber dejado en suspenso los expedientes hasta la finalización del estado de alarma", pero matiza que "también podemos afirmar que antes de la covid-19, también nos encontrábamos con casos en que el tribunal médico no llegaba a citar al trabajador y sin este trámite resolvía, pero según nuestra experiencia eran casos aislados y no una práctica continuada".

El atasco judicial lleva a la dilación de los plazos judiciales y la ralentización del proceso. El presidente de Fidelis nos explica: "Ayer nos señalaron un juicio suspendido en Almería por la pandemia para octubre del año 2022, dentro de más de dos años. ¿Realmente tiene esto algún sentido? ¿A quién perjudica? Al solicitante. Además hay gente que con estos plazos se está muriendo por el camino como nos acaba de suceder a nosotros con un enfermo de cáncer. Hablamos de gente enferma que en muchos casos sufren graves problemas de salud y si no se les da la oportunidad de tener unas pruebas diagnósticas y unos juicios con plazos decentes muchos morirán antes de llegar al final del procedimiento".

Sin embargo no todos los letrados están de acuerdo en que se esté produciendo una dilatación tan marcada en los señalamientos. "Plazos tan grandes en los señalamientos no son habituales. Estamos viviendo una situación que es nueva para todos y muy complicada en los juzgados. Los plazos suelen ser mucho más breves, pero hay que entender que los ahora los juzgados tienen una bola de expedientes que ha producido un atasco muy, muy grande", nos dicen en RV Abogados.

Sobre este tema Sergio Toro nos explica que "la denegación por sistema viene de lejos, no es algo de ahora. En nuestro caso, la inmensa mayoría de los procedimientos han seguido su curso legal. Cierto es que ocasiones se han dictado resoluciones administrativas sin haber sido reconocidas las personas, pero son las menos", matiza antes de reflexionar sobre el hecho de que "la coyuntura económica afecta a las concesiones de invalidez aunque de momento no hemos podido valorar la relación causa-efecto, esto es, covid-19 e incumplimiento de procedimientos y/o aumento en el número de invalideces denegadas por automatismo".