La deuda de la Seguridad Social crece tres veces más que la del Estado y roza los 100.000 millones
Las pensiones se han convertido en el principal reto para el futuro de las cuentas públicas y todo un quebradero de cabeza para el ministro José Luis Escrivá. Recuperar la revalorización de las pagas de acuerdo con el IPC fue una de las medidas estrella de la primera pata de la reforma de pensiones que ha entrado en vigor hace menos de seis meses. Durante la negociación, el debate estuvo en qué hacer en periodos de inflación negativa, pero nadie se planteó que, ahora, habríamos entrado en una peligrosa espiral inflacionista, no vista hace décadas, que ha hecho al IPC rozar los dos dígitos.
Las presiones para subir las pensiones por debajo de la inflación son cada vez mayores. Llegan desde Bruselas, desde el Banco de España y desde organismos como Fedea o la AIReF. El Gobierno insiste en que mantendrá su compromiso y los expertos consultados por 65YMÁS, creen que, al menos este año, lo hará, pese a la urgencia por realizar un ajuste.
Pese a que “no hay ingresos suficientes, ni hay ingresos previstos para hacer frente a ese desembolso tan alto”, la desviación de más de 10.000 millones por revalorizar las pensiones con el IPC, Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE cree que en 2023 las pensiones sí subirán con la inflación de noviembre. “Entiendo en punto de vista del Gobierno, acaba de aprobar una ley que deroga el índice de revalorización de las pensiones en diciembre, que recupera que se revaloricen con el IPC, y cinco meses después no pueden decir que lo van a cambiar otra vez”, explica
“La presión es lógica” reconoce a 65YMÁS el economista José Carlos Díez (@josecdiez), director del Observatorio de la Realidad Financiera (ORFIN), profesor de Economía de la Universidad de Alcalá y socio de Luafund. “Se aprobó una ley y ahora el problema es que tienes que cumplirla. Llevarla al parlamento para conseguir apoyos y cambiarla va a ser muy complicado”, asegura, sin entrar en el coste político que supondría de cara al electorado.
“Yo creo que lo van a revalorizar con el IPC pase lo que pase” augura Enrique Devesa a 65YMÁS, “y el año que viene ya veremos a ver lo que pasa”. Con más dudas se muestra José Carlos Díez: “Que va a hacer Escrivá, pues no lo sé”, dice, “El problema es que como ha dicho la Comisión Europea esa decisión va a aumentar el déficit estructural en el 2023 entre ocho décimas y un punto. Ya tenemos un problema con el déficit estructural”. “El problema no es que se pague un año y ya está, es que eso hay que seguir manteniendo ese pago a todos los que sigan cobrando esa revalorización, es una renta vitalicia que incrementa la cuantía de la pensión para siempre”, añade Devesa. Así, “no es una buena medida subir las pensiones tanto” considera José Carlos Díez. “Deberíamos ir al menos a las previsiones de inflación subyacente que van a estar entorno al 3 o al 4%”
“Al final Bruselas va a a ser la que tenga la llave. Por mucho que diga el Banco de España, la IREF, fedea, o nosotros, al final van a hacer caso cuando Bruselas diga hasta aquí hemos llegado, y nos exija hacer una reforma seria, con una senda de ingresos y de gastos creíble”, vaticina Devesa. “Y si no, habrá que recortar pensiones, porque actuar sobre los ingresos es más difícil. El gasto va a crecer y lo que habría que hacer es intentar contener ese crecimiento del gasto”
No es la primera vez que el Banco de España urge a adoptar un pacto de rentas para repartir las pérdidas sobrevenidas por la escalada de precios agudizada por la invasión de Ucrania, entre empresarios y trabajadores, ni que sugiere que los pensionistas deberían entrar en ese pacto. Pero nunca ni tan claro ni tal alto como ahora.
La institución sitúa las pensiones, y su revalorización con el IPC en la primera línea de sus inquietudes al señalar la evolución del gasto del sistema público de pensiones como la principal amenaza de futuro para las cuentas públicas. Considera que en un contexto de inflación disparada esta medida va a costar a las arcas públicas entre 10.000 y 15.000 millones de euros. La institución, gobernada por Pablo Hernández de Cos, insta al Gobierno a que se replantee la revalorización general de todas las pensiones del sistema con la inflación, reservando ese derecho solo a las que percibe la población en una situación más vulnerable. Su argumento es que de lo contrario se generará un problema de equidad que obligará a los trabajadores a soportar la parte del ajuste de renta que no se aplique a los pensionistas con una situación más acomodada.
También ha comenzado ya la presión desde Bruselas, al alertar del elevado coste que tendrá ligar pensiones e inflación. Todo un jarro de agua fría de la Comisión Europea, que estima una inflación en el 6,3% este año, pero que muestra su preocupación por la inflación subyacente. Bruselas prevé que se mantenga en tasas elevadas hasta 2023, calcula una inflación del 3,9% este año excluyendo la energía y los alimentos frescos, y del 2,7% el año que viene.
Con estas previsiones, las autoridades comunitarias advierten de que la indexación de las pensiones puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público.
Anteriormente, ya habían mostrado su preocupación otros organismos nacionales, como la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (@AIReF_es) o Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros (@FUNCASES).
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha recordado que la fórmula de revalorizar las pensiones con el IPC es fruto de un acuerdo de casi todo el arco parlamentario y de todos los agentes sociales. "Eso es lo que importa". Además, ha indicado que las medidas que se han adoptado en el ámbito de las pensiones "a 20 años vista" y que la estabilidad de precios está garantizada, pues es la misión de los bancos centrales que esto sea así. "Podemos estar tranquilos de que el fenómeno de la inflación es transitorio y no afecta a nuestros cálculos", ha afirmado Escrivá.
En últimas semanas, el Gobierno en su conjunto se reafirma. Junto a Escrivá, quien en repetidas ocasiones ha manifestado que subir pensiones con la inflación “no pone en riesgo el sistema”, María Jesús Montero volvía esta semana a reafirmar el “compromiso con todos los pensionistas”. También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha garantizado a los pensionistas que sus pensiones se van a revalorizar conforme al IPC real. "Piensen lo que pasaría si gobernara el PP y mantuvieran la ley que decía que solamente se revalorizaban las pensiones al 0,25%. Este Gobierno no lo va a hacer y va a cumplir con los pensionistas", Y ha recordado que de los 9,7 millones de pensiones, 5 millones tienen pensiones de entre 600 y 800 euros.
Existe consenso acerca de subir las pensiones mínimas. En su informe anual, el Banco de España insta al gobierno a replantearse la revalorización general de todas las pensiones del sistema con la inflación, pero sí reserva ese derecho a las prestacioens que recibe la población en una situación más vulnerable.
“Habría que proteger a los pensionistas de rentas bajas”, asegura, rotundo, José Carlos Díez. “Dos tercios de los pensionistas cobran menos del salario mínimo y yo creo que a esos sí que hay que subirles ese tres o cuatro por ciento, pero a los demás deberíamos empezar a plantearnos ya de manera estructural que no podemos pagar esas pensiones comprometidas tan altas.”
En el mismo sentido, Enrique Devesa considera que “las pensiones mínimas sí que habría que seguir revalorizándolas con el IPC, pero las otras pues habría que esperar un poco y este año pues revalorizar menos”. “Las pensiones nacieron para evitar la probreza, y, por tanto, todo lo que sea proteger la pobreza yo lo voy a apoyar. Pero las pensiones por encima del Salario Minimo habrá que empezar a tomar medidas, sobre todo para los nuevos que entran, más que para los que ya están”, concluye Díez.
La inflación, conocida como el ‘impuesto de los pobres’, golpea especialmente a estos pensionistas, que sufren un estrés adicional.
