Tras más de cuatro años de negociaciones, la reforma del sistema público de pensiones, uno de los temas más importantes y complicados de sacar adelante en los últimos años es ya una realidad después de que la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo haya sometido a votación, con un amplio consenso político, el “Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones" que actualiza 24 recomendaciones, susceptibles de cambios de última hora, que servirán como base al Gobierno para reformar el sistema de pensiones.
Pero ¿qué opinan los mayores, protagonistas principales de esta reforma sobre los acuerdos adoptados? "Los mayores y nuestras asociaciones no solo estamos para que nos pregunten después, a toro pasado, que opinamos de las cosas que se han decidido en el Pacto de Toledo. Lo que exigimos y no se nos da, es que podamos estar en esas negociaciones del Pacto para poder expresar nuestras opiniones y que estas cuenten a la hora de adoptar las decisiones que se consideren convenientes", se lamenta el doctor Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) que lleva años reclamando esa presencia de las personas mayores en el Pacto de Toledo.
En el mismo sentido, Blas Esteban, presidente de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE), explica: "Nuestra apreciación es la nula consulta con las organizaciones de mayores. No existe un canal que nos permita incidir y comunicarnos con el Congreso de los Diputados y seguimos insistiendo en esta necesidad".
Foto: Blas Esteban, presidente de CEATE
"Lo que menos me gusta del Pacto de Toledo es no participar en el Pacto de Toledo", se lamenta también Santiago González Carrero, presidente de AGMT Mayores Telefónica que explica cómo en el Pacto de Toledo "deberían estar las grandes organizaciones de mayores. Es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo pero que no terminamos de lograr. Podemos enviar nuestras opiniones, manifiestos, decálogos... pero el hecho es que no estamos allí sentados en aquella mesa. No estamos en el sitio donde hay que trabajar y negociar. Eso no es lo adecuado".
En cualquier caso, las recomendaciones ya están sobre la mesa y "en principio y con todas las reservas necesarias, teniendo en cuenta cuales han sido nuestras reivindicaciones, y aunque hay aspectos con los que no estamos de acuerdo, debemos valorarlas de forma positiva puesto que es lo mismo que estábamos planteando, recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, modificar el factor de sostenibilidad, buscar el equilibrio financiero, imprescindible de cara a la propia sostenibilidad del sistema... nos coloca ante una situación muy diferente a la que teníamos hace unos cuantos meses", explica Anatolio Díaz, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT.
Foto: Anatolio Díaz, secretario general de UJP-UGT
Una opinión muy semejante nos ofrece desde CCOO Julián Gutiérrez, Secretario General de la Federación de Pensionistas del sindicato cuando apunta que "nuestra valoración es positiva. Se trata de acuerdos que van en línea con lo que demandábamos en CCOO, reforzar el tema de los ingresos al sistema como garantía de presente y de futuro, que se transmita más confianza porque últimamente la gente tenía miedo de si cobrarían la pensión cuando se jubilasen. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son positivas y ahora el compromiso que se tiene que adoptar es llevar estos acuerdos a los agentes sociales, a la patronal, a los sindicatos y al gobierno para garantizar el sistema durante 20 o 30 años".
Equilibrio financiero
Hace especial hincapié el responsable de UJP-UGT es la búsqueda del equilibrio financiero, "porque si descargas a la Seguridad Social de todos sus gastos impropios como maternidades, paternidades, ayudas a la contratación, gastos propios del Ministerio cuando el resto no lo hace... Una serie de cuestiones que nos parecían surrealistas porque nadie entendía porqué se cargaban a las pensiones todo ese tipo de gastos, se ahorraría en torno a 20.000 millones según el propio ministro".
También en este punto coinciden los dos sindicatos mayoritarios. "Suprimir gastos que no son de la seguridad social que hasta ahora se han estado pagando y que el mismo ministro Escribá calcula en torno a 20.000 millones de euros, es una muy buena noticia", asegura Julián Gutiérrez para quien "lo que no puede ser es que los funcionarios de cualquier ministerio están pagados con impuestos menos los funcionarios del ministerio de Seguridad Social que cobran sus sueldos de la propia seguridad social que debería dedicarse a pensiones y no a pagar sueldos y lo mismo pasa con las ayudas a los empresarios para que contraten, es algo positivo, pero no puede salir también de la Seguridad Social"
No solo los sindicatos están de acuerdo con esta medida. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), su presidente, Juan Manuel Martínez, subraya que se trata de "una medida que me parece absolutamente lógica, que se supriman en los gastos de la seguridad social todos los gastos que no corresponden a las prestaciones contributivas, una cantidad que, parece ser, ronda los 20.000 millones. Metamos en el sistema lo que corresponde al sistema y saquemos lo que no le corresponde".
Foto: Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de CEOMA
Luz al final del túnel y la reforma de 2013
"Por fin, después de muchos años, parece que vemos la luz al final del túnel porque tanto el gobierno como el resto de partidos se han arremangado y han hecho un esfuerzo que tenía que ser de todos a partir de un consenso importante que sí se ha conseguido", confiesa Anatolio Díaz antes de puntualizar que aun "queda pendiente el importante tema de derogar la reforma del 2013 en toda su extensión. Nosotros pensamos que sobra toda la reforma del 2013".
Julián Gutierrez, en sintonía con su compañero de UGT, nos dice desde CCOO que "desde el sindicato tenemos muy claro que hay que derogar la reforma de 2013. Sé que es positivo que se vaya a ir a la garantía del IPC para que no pierdan poder adquisitivo los pensionistas. Pero la reforma de 2013 hay que derogarla".
Similar argumento maneja Vicente Sanz, presidente de CONJUPES, con respecto a la retirada de la reforma de 2013 solicitada por los sindicatos: "de alguna manera, aunque sea con la propia garantía de mantener el poder adquisitivo, es un poco como echar tierra encima de la reforma".
Foto: Vicente Sanz, presidente de CONJUPES
El poder adquisitivo
Desde CONJUPES, Sanz nos explica que "en líneas generales las recomendaciones nos parecen bien. Sinceramente, creo que se están dando pasos aunque son medidas tan generales que, de alguna manera, podría cuestionarse su fin último. Pero insisto, en líneas generales me parece bien".
Pero cómo al resto de representantes de las organizaciones de mayores también hay algo que no termina de cuadrarle y nos explica que "me ha sorprendido un poco lo de los planes de pensiones, pero no sabría decir si para bien o para mal porque cuando ves que de alguna manera se empiezan a potenciar estos planes después de la experiencia que tuvimos con los planes de pensiones anteriores, se te ponen la orejas un poco tiesas porque empiezas a pensar si hay o no trasfondo".
En cualquier caso, Vicente Sanz no tiene ninguna duda sobre que "lo mejor de todo es que se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones. Este es un paso adelante incuestionable, aunque entendemos que la sostenibilidad real del sistema público de pensiones todavía está por ver, pero con sinceridad pienso que hay que dar un voto de confianza porque aunque algunas son medidas muy generales lo cierto es que no deja de ser un paso adelante".
Sin embargo Juan Manuel Martínez, que confiesa que "el ministro Escrivá realmente me cae muy bien, he participado junto a él en dos debates y me parece un hombre con la cabeza bien puesta", nos dice que "a mí me parece que un 0,9% no es una cantidad suficiente para revalorizar las pensiones, sobre todo cuando esa revalorización no se va a hacer por igual con todos sino que va a afectar más a la mínima que a la máxima. Quizás hubiera sido mejor hacer esto conforme al IPC real y estudiar algún tipo de fondo de compensación en cuanto a la posible pérdida de poder adquisitivo"
Viudedad y orfandad
Anatolio Díaz pone sobre la mesa otro de los aspectos que no convencen a UJP-UGT sobre los acuerdos de las pensiones. "No estamos de acuerdo, y seguiremos sin estarlo, con que se pretenda sacar a las pensiones de viudedad y orfandad del sistema contributivo porque no entendemos cual es el trasfondo de todo esto. Si se dice que al final estas pensiones salen del sistema y se sufragarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ¿porque no lo hacemos ahora y las dejamos donde están?".
Foto: Julián Gutiérrez, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO
"Respecto a las pensiones de viudedad y orfandad siempre hemos defendido que sin cambiar el régimen jurídico de esas pensiones, que son ciertamente contributivas pero quien las cobra no ha contribuido, en el plazo de 10 o 12 años, se vea la posibilidad de que pasase a financiarse con impuestos. No olvidemos que estas dos pensiones suponen una factura de 20.000 millones de euros", indica a este respecto Julián Gutierrez desde CCOO.
A vueltas con las jubilaciones anticipadas
Otro de los temas que levantan discrepancias es el de las jubilaciones anticipadas. En UGT nos dicen que "en las jubilaciones anticipadas parece que se olvida de que casi el 80% de la gente que accede a la jubilación vienen del desempleo y no se puede tratar igual al que llega de un sitio y al que llega de otro".
"La inmensa mayoría de gente que se jubila anticipadamente son personas que vienen del desempleo, vienen de que la empresa ha cerrado y lógicamente, a los 63 años esa gente opta a la jubilación, si le queda suficiente", explican en CCOO antes de añadir que "desde el sindicato lo que defendemos es que hay que ir a la jubilación real media que ahora está en 64 años y que, con todo lo que digan, es de las más altas de la Unión Europea.
Por su parte, el presidente de CEOMA piensa que "aproximar la fecha de jubilación real a la legal me parece que verdaderamente es lo normal. Yo estoy absolutamente en contra de las prejubilaciones. Además la edad de jubilación real y la legal no tienen nada que ver. Las prejubilaciones debería penalizarse porque no tienen sentido en un país como el nuestro. La edad de jubilación real debe ser la misma que la legal, lo contrario no tiene sentido porque perjudica al resto del colectivo".
Y en una línea similar el máximo responsable de AGMT Mayores Telefónica apunta que "es evidente que la demografía de hoy no es la de hace 30 años y debemos ser conscientes todos de que la edad laboral va a tener que irse acompasando a esa realidad demográfica. Un sistema no puede funcionar si trabajas 30 años y cobras una pensión durante 50. Por eso creo que es pertinente que haya esa aproximación de la edad de jubilación con la demografía actual".
Foto: Santiago González Carrero, presidente de Mayores Telefónica
"Mi opinión al respecto de las pensiones es que, en principio, son un derecho de los que hemos cotizado. Pero lo que pasa es que el sistema español lo ha hecho depender de una caja que, en términos económicos, no se actualizaba de tal manera que cuando había mucho se gastaba bien y cuando hay poco empiezan a aparecer los problemas. Si la caja se está vaciando es porque no se actúa con un criterio de actualización", apunta Santiago González Carrero.
Además, continúa el presidente de AGMT Mayores Telefónica, "en España se da la circunstancia de que los más jóvenes nos pueden ver a los mayores como una carga y pensar que nos están pagando la pensión cuando la realidad es que mi pensión me la he pagado yo. Pero loa realidad española es que, en efecto, se da pie a que las personas que están en activo piensen que son los que están pagando las pensiones de los actuales receptores. Eso es lo que nos obliga a los jubilados a reivindicar las pensiones cuando los que tenían que estar en la calle son los que ahora tienen 40 años que, seguramente, lo tienen bastante más complicado que nosotros".