La noticia de que España se plantea aumentar el periodo de cómputo de la pensión (subirlo más allá de los 25 años), como parte del compromiso con Bruselas para recibir los fondos de ayuda europeos, ha causado un enorme revuelo mediático, social y político, por más que el ministro José Luis Escrivá asegure que esa medida "lleva ahí desde el principio" y es conocida, y pida "no marear la perdiz". La realidad es que sobre este asunto ha habido diversos anuncios y desmentidos, finalmente se incluyó en el Anexo de la Council Implementing Decision de verano de 2021, cuando se aprobó el plan presentado por España, pero no se ha debatido con los agentes sociales y parecía olvidada.
Las consecuencias inmediatas son que el PP ha pedido la comparecencia urgente del ministro en el Pacto de Toledo, y los sindicatos se han indignado. "La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites”, critican en un comunicado conjunto UGT y CCOO, para quienes "es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles".
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que una medida de ese calibre no tendría que suponer necesariamente una rebaja de la pensión. Sin embargo, el año pasado, un borrador del Gobierno sobre el Plan de Reformas e Inversiones, donde ya se incluía la propuesta de elevar el periodo de cómputo hasta los 35 años de manera progresiva, estimaba que "el efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización".
El ministro Escrivá, el comisario europeo de Economía, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el presidente Pedro Sánchez.
Para contrarrestar los efectos negativos sobre las pagas de los nuevos jubilados, el Ministerio de Seguridad Social proponía que se permitiera elegir los mejores años cotizados, así como revisar el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para compensar unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas y temporales, "lo que perjudica de manera muy señalada a los jóvenes, así como a las mujeres, que experimentan en media más interrupciones en su vida laboral".
Rebaja de la pensión inicial de nuevos jubilados
A Enrique Devesa (@DevesaCarpio), investigador del IVIE (@Ivie_news), el aumento del tiempo de cómputo de la pensión le parece "claramente una imposición de Bruselas para mejorar la contributividad y la sostenibilidad del sistema". Este experto, que es también coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles, asegura que la medida "mejorará la sostenibilidad, porque en promedio la pensión inicial disminuirá en un 8,8%. Saliendo peor parados los trabajadores con pocos años cotizados, las mujeres y los autónomos. Esto, suponiendo que no se cambie la forma de integrar las lagunas de cotización".
Respecto a la posibilidad de elegir los mejores años, que ha sugerido el ministro, Devesa no cree que Bruselas lo acepte, ya que "elegir los 25 mejores años dentro de los 35 años genera un aumento de la pensión de más del 6%, presionando al alza el gasto".
Afectaría poco a quien le falte 4-5 años para jubilarse
El economista experto en pensiones y fundador de LoRIS, José Antonio Herce (@_Herce), es partidario de extender el número de años para calcular el importe de la pensión. "Los 35 años se quedan incluso moderados; habría que abarcar toda la carrera laboral y toda la masa de cotizaciones pagadas durante la carrera profesional. De extenderse hasta los 35, estaríamos muy cerca de la carrera efectiva media de las personas que se van jubilando estos años. No me parece nada desproporcionado".
Para Herce, alargar el periodo de cómputo es positivo para que las pensiones sean más contributivas y justas desde el punto de vista actuarial. Respecto a quiénes serían los más afectados, considera que "la medida tardaría al menos una década en madurar, de modo que no afectaría prácticamente nada a quienes les falte cuatro o cinco años para jubilarse. Además, cuando se implantara, la gente más joven tardaría 30 o más años en jubilarse y poseerían margen de maniobra para cotizar por bases más altas". En cambio, "podrían salirbeneficiadoslos trabajadores de más de 50 años, que hayan sufrido episodios de paro o con bajos salarios en los siete u ocho años previos al retiro".
En ese mismo sentido, Mariano Jiménez, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones OCOPEN (@OCOPEN_) y director general de CPPS Asesores, considera "probable que con carácter general pueda suponer una disminución de la pensión inicial, puesto que es normal tener menores ingresos al inicio de la vida laboral. Sin embargo, puede beneficiar a aquellos trabajadores que están siendo expulsados del mercado a partir de los 50 años, el denominado talento senior, y que tienen dificultades para reincorporase o lo hacen con salarios muy inferiores a los que venían percibiendo. En cualquier caso, medidas consistentes en la elección de los mejores años o similares volverían a alejar al sistema en la mejora de la contributividad".
Toda la vida laboral sería "más justo y equitativo"
La noticia de una posible extensión del periodo para calcular la pensión es positiva, en opinión de José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), doctor en Economía, subdirector de Fedea y catedrático. "Si el compromiso adquirido por el Gobierno con Bruselas es tener en cuenta los últimos 35 años, o toda la vida laboral, se trata de un paso en la buena dirección. Ahora bien, si se trata de permitir elegir los 25 mejores años, creo que sería avanzar en la mala dirección".
Al margen de los dimes y diretes y del revuelo causado por la publicación del documento por parte de la Comisión Europea, Conde-Ruiz cree que aumentar los años para hallar el importe de la pensión es "una medida justa. No se entiende que los últimos años cuenten más a la hora de calcular la pensión que el resto".
Eduardo Bandrés, director de Economía Pública de Funcas (@FUNCASES), explica que, en los últimos 40 años, las sucesivas reformas han ido extendiendo el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora: de 2 a 8 años en 1985, de 8 a 15 en 1997 y de 15 a 25 en 2011, aunque las ampliaciones se han realizado de forma gradual. "La extensión por ejemplo a 35 años reforzaría la contributividad del sistema, limitaría el impacto negativo que sufren actualmente quienes salen anticipada e involuntariamente del mercado de trabajo y, dependiendo de cómo se aplique, podría reducir ligeramente la presión sobre el gasto futuro".
Respecto a la posibilidad de elegir los mejores años, Bandrés matiza que, "si se trata de contener el crecimiento del gasto (la sostenibilidad financiera parece ser el objetivo que hay tras el acuerdo con la Comisión Europea), las pensiones nuevas tienen que reducir la tasa de sustitución sobre el último salario y sobre el salario medio de la economía".
Para Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, "quien más haya cotizado debe tener derecho a pensiones mayores, independientemente de cuándo lo ha hecho o de si los últimos años tienen lagunas de cotización o aportaciones menores. De hecho, lo ideal sería tener en cuenta toda la carrera laboral, como ocurre con un sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales o individuales". De ampliarse el periodo de cómputo, "ese aumento del número de años no debería verse neutralizado por la posibilidad de elegir los 25 mejores años de cotizaciones, perjudicando la contributividad y la equidad".
Doménech detalla que "la mayor parte de los pensionistas (un 74%) se jubilaron en 2020 (último año disponible) con 35 o más años cotizados. De hecho, aunque la reforma de 2011 estableció el aumento de la edad ordinaria de jubilación en función de los años cotizados hasta los 67 años, respetando los 65 años para carreras largas de cotización, muchas personas se han podido seguir jubilando a los 65 años".
Pensiones: Conflicto generacional latente
"Lo que la Comisión Europea le está exigiendo a España es que no basta con incrementar los ingresos de la Seguridad Social por la vía de aumentar las cotizaciones o con impuestos en los Presupuestos Generales del Estado, sino que además es inevitable reducir el gasto", asegura Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB, y para ello existen varias medidas, como el alargamiento de la jubilación; el cómputo de más años para hallar el importe de la pensión, que al final es para reducirla; o limitar el incremento de la pensión no indexándola al IPC siempre.
Para Monserrat, "la subida de cotizaciones que se negocia actualmente es un parche para ir tirando hasta que Europa nos obligue a hacer reformas en profundidad. Porque, para mantener o revalorizar las pensiones de los jubilados, y para sufragar las muy costosas jubilaciones del baby boom, no se puede penalizar únicamente a los trabajadores actuales (ganarán menos sueldo neto y a las empresas les costará más dinero contratar gente). Lo que está latente es un conflicto integeneracional, muy delicado, entre quienes trabajan para pagar las pensiones y quienes cobran esas pensiones, ya que todos sabemos que en nuestro sistema de reparto, un jubilado no cobra de lo que ha contribuido, sino de las cotizaciones de quienes están en activo".
Elegir años beneficiaría a los sénior en paro
Frente a la rebaja promedio de la pensión inicial, el alargamiento del periodo de cómputo, combinado con la elección de años, "sería positivo para una persona que pierde su empleo con más de 45 años de edad, porque suele tener difícil encontrar otro trabajo. Si lo logra, suele ser, en muchos casos, con sueldos menores a los que venía percibiendo y, por lo tanto, con cotizaciones más bajas que afectarán a su pensión", sostiene Emilio J. González, profesor de Economía en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. "Si tiene que convertirse en autónomo, lo normal en muchos casos es cotizar por la base mínima, al menos hasta que los ingresos por la actividad desarrollada permitan subir la base de cotización. En este caso, el poder elegir los años de cómputo puede ser positivo para la persona", resalta.
Aunque, en general, "el efecto positivo para el sistema se diluye si se permite al trabajador elegir los años a tener en cuenta, porque éste siempre escogerá aquellos de mayor cotización, para conseguir una pensión más alta", reconoce González.
Sobre el autor:
Pepa Montero
Pepa Montero es redactora especializada en temas de economía. Ha trabajado en medios como El Economista y La Gaceta de los Negocios. Es autora del libro de relatos La casa de las palmeras (Azul como la Naranja, 2013).