"Nos tienen abandonados": El duro proceso de quien solicita una pensión de incapacidad permanente

En el año 2018, el último del que existen datos estadísticos disponibles, en nuestro país se resolvieron 168.197 expedientes de solicitud de pensiones de incapacidad permanente. De ellos, el 46,53 % fueron favorables a la concesión de la pensión, lo que supone que se denegaron más de la mitad de solicitudes de incapacidad presentadas, concretamente el 53,47 %. Así se desprende de los datos históricos sobre el INSS que se publican en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dentro del Informe Estadístico del INSS de 2018.

A esto debemos añadir que el proceso para solicitar una pensión por incapacidad es tan largo como tedioso y lleva a muchos de los que lo intentan a abandonarlo a medio camino. Nosotros nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos que ya tienen concedida esa pensión para que nos cuenten su experiencia. Los que aún están en el proceso de conseguirla, o no, han denegado nuestra oferta para contar su experiencia por "miedo a que esto pueda perjudicar el procedimiento" en que se ven inmersos.

"Te mandan a trabajar estés como estés"

"Venimos aludiendo al término de 'Cifras de la vergüenza' para referirnos a los datos sobre incapacidades permanentes rechazadas anualmente, de los que ni el INSS ni ninguna administración dan datos oficiales", denuncian desde Jóvenes Pensionistas por la Defensa del Sistema Públlico de Pensiones.

El procedimiento a seguir en una solicitud de pensión por incapacidad permanente es el siguiente. Primero se presenta, con asesoramiento legal o sin él porque no es preceptivo, la solicitud por vía administrativa en el INNS una vez que se haya recibido la baja laboral correspondiente por enfermedad o accidente. Transcurridos 12 o 18 meses de cada baja de larga duración se presenta un expediente de incapacidad asociado a esa baja. A partir de ahí hay tres posibilidades: Extender la baja, dar el alta o conceder la incapacidad permanente. 

Con respecto a esas tres posibilidades de baja, alta o concesión de la solicitud, Maria Ángeles Poveda, portavoz estatal de Jóvenes Pensionistas nos explica que al finalizar la baja "normalmente lo que sucede es que te mandan a trabajar estés como estés y tengas el trabajo que tengas. Al día siguiente del alta tienes que presentarte a trabajar y una vez allí, como la realidad es la que es, empiezan los problemas con la empresa y te presionan para que te vayas porque ven que no puedes rendir tanto como te exigen, tienes bajas periódicas... Durante ese periodo en el que estás trabajando tienes que hacer una reclamación previa y lo normal es que respondan en mes y medio denegándola, con lo cual se cierra la vía administrativa y solo te queda la judicial que puede tardar en abrirse un año, aunque hay comunidades como Madrid en las que se llega a tardar año y medio. Nadie se puede imaginar lo que es estar trabajando durante ese periodo".

"Un toro con el que no va a lidiar ningún gobierno"

"Se están concediendo cada año menos solicitudes de incapacidad permanente. Cada año se endurece el procedimiento y la Ley no se cambia porque es un toro con el que no va a querer lidiar ningún gobierno", asegura el presidente del Grupo Jurídico Fidelitis, Lorenzo Pérez. "El modelo está pensado para dificultar la concesión. Prácticamente todos tenemos que ir a juicio. Hay muy poquitas incapacidades que se den por la administración a la primera. Por eso tenemos claro que el número de denegaciones es brutal", apostilla María Ángeles Poveda.

Según el presidente de Fidelitis la situación se ha agravado a raíz de la pandemia de covid-19. "Las frases que aparecen en los textos de las resoluciones son casi siempre un copia y pega. Hoy nos ha llegado denegada una solicitud que presentamos hace menos de quince días, en un plazo súper rápido, algo rarísimo, donde no se ha pasado el tribunal médico. Han argumentado que las lesiones no alcanzan el nivel mínimo para otorgar una incapacidad permanente (sin haber sin haber pasado por el tribunal médico) que es el texto que están estandarizando para todas las resoluciones cuando, obviamente, es que ni se han leído los expedientes".

Para ponernos un ejemplo el letrado nos relata como "actualmente llevamos el caso de un famoso atleta que sufre una enfermedad degenerativa demostrada al que corresponde sin ninguna duda una pensión por incapacidad permanente que le han denegado sin haber pasado por un tribunal médico. Y como este, durante el estado de alarma, hemos tenido no menos de 60 casos".

"Sientes impotencia y rabia"

Con todo, el llegar hasta el tribunal médico no siempre asegura el éxito de la solicitud. Araceli Boj tiene 63 años y es ciega por culpa de una retinosis que le impide continuar su trabajo de telefonista en la Universidad de Baleares. Ella nos confiesa que "sé que no hice bien y que le contesté mal a la médica, pero no pude contenerme y le dije que no cobrando la nómina de la universidad y siendo discapacitada no puedo vivir de otra cosa que no sea de ponerme en una esquina. Ella me contestó que debería hacer otro trabajo, cuando el único que podía hacer era vender el cupón y era imposible porque ya había cumplido la edad máxima para que me permitieran hacerlo, entonces tenía 59 años. Le pregunté que si pensaba que esto era esto justo y me contestó que no sabía si era justo o injusto pero era lo que había".

Asegura que podría existir una solución pero que por desgracia es inviable. "Deberíamos apoyarnos, no somos personas inútiles, solo  tenemos una limitación. Tendríamos que unirnos todos los discapacitados para luchar. Pero tenemos un problema de inmadurez y el cojo no entiende al ciego, el ciego no entiende al sordo, el sordo no entiende al manco y así sucesivamente cada cual con sus problemas sin darse cuenta de que son los mismos para todos", nos explica Araceli Boj que tuvo que pasar por dos juicios. 

En el primero dijeron que "veía más de lo que decía", pero en el segundo se lo reconocieron. "Entonces pensé que durante tres años viví sin que se me reconociera un derecho que ahora se demuestra que tengo. Sientes impotencia y rabia porque sabes que te han quitado cosas que son tuyas. Has estado dando tu dinero a personas que en realidad te han estado estafando. Cuando te reconocen la incapacidad en un juzgado, por un lado eres muy feliz y por otro te sientes absolutamente hundida. Yo no podía parar de llorar. Llegué a pensar que me iba a morir antes de cobrar la pensión". De eso hace ya más dos años.

"Nos tienen abandonados"

"Al final el que sufre todo esto es el solicitante, el paciente, y es una lástima porque se pueden poner soluciones y no se están poniendo", reflexiona el letrado antes de subrayar que "con todo, lo peor es que no va a ir a mejor sino todo lo contrario. Lo estamos viendo ir así desde el año 2008 y no va a mejorar. Además, para la administración se dilata el proceso de pago, eso cuando no se mueren los pacientes antes de obtener una resolución a sus demandas. Es algo muy grave, mucho más grave de lo que puede parecer".

"Sin duda hay que prestar atención, y mucha, a todas las muertes injustas que se han producido en las residencias mayores, sobre todo en la comunidad de Madrid, pero también a los enfermos crónicos menores de 65 años que somos el 27% de los dependientes. No tenemos jubilación, pero somos pensionistas y dependientes", nos explica María Ángeles Poveda antes de apuntar que "otro aspecto muy importante por el que hemos pasado todos es el sentimiento de inseguridad, de no saber qué va a pasar mañana, si cobrarás o no, si vas a tener problemas con las empresas o con las mutuas. Mentalmente pasas por un proceso muy complicado".

Algo que entiende muy bien Araceli Boj: "Tuve que estar de arriba abajo pidiendo papeles en la administración y es horrible porque todo son pegas pero al final, gracias a mi médica de familia pude conseguir los papeles que demostraban que era totalmente ciega. Pero es una lucha tremenda con la administración. Las trabas que ponen a los discapacitados son terribles, es agotador. La lucha con la administración no puede ser tan salvaje como es. Lo primero que hacen, por sistema, siempre es denegar. Por lo menos que estudien el caso miren los expedientes, que profundicen, que nos informen"

La conclusión a la que llega Araceli es demoledora. "La administración no se para a pensar el daño que están haciendo a muchas personas que están dejando de vivir una vida digna porque no les escuchan. Estoy rodeada de gente con discapacidades y a todos les ha sucedido lo mismo. La administración nos tiene abandonados".