Nueva meta del Gobierno en pensiones: "reenganchar" a los ya jubilados para que vuelvan a trabajar

Trabajar más y jubilarse más tarde, objetivo del Gobierno con la 'revolución' en pensiones

Arranca la reforma de la jubilación flexible: más pensión para jubilados que deseen trabajar

"Reenganchar" a las personas ya jubiladas que, de manera voluntaria, deseen reincorporarse al mercado de trabajo es la próxima meta del Gobierno en materia de pensiones, tras haber completado en 2024 la reforma de las otras tres grandes modalidades de jubilación, es decir, la jubilación parcial, activa y demorada; cambios que han sido sancionados por el Parlamento y entrarán en vigor el próximo día 1 de abril de 2025.

Así lo ha confirmado este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo (@CorujoBorja), al asegurar que el "próximo paso" del Ministerio será acordar con los agentes sociales (los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme) una nueva regulación para la jubilación flexible. Una modalidad de retiro que, a su juicio, representa "una oportunidad de incorporar a personas que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y ganas de seguir en activo".

Aunque no ha detallado qué propuestas llevará a la mesa de diálogo social, sí ha indicado que diseñarán "incentivos" para estos trabajadores jubilados que deseen compatibilizar el cobro de su pensión con el empleo.

🔈 Esta mañana he explicado en el @cemad_es cómo durante 2024 trabajamos en la mesa de diálogo 🤝social para lograr un acuerdo donde establecimos fórmulas que mejoran la compatibilidad entre trabajo y pensión pic.twitter.com/l2N9QQGuYD

— Borja Suárez Corujo (@CorujoBorja) March 17, 2025

Al hilo de estas declaraciones del secretario de Estado, los sindicatos le han recordado que la nueva regulación del retiro flexible debe estar lista antes de verano y hacerse de manera que se mejore la cuantía de la pensión que se puede percibir al tiempo que se compatibiliza con el trabajo. Más en concreto, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO, ha subrayado que deberán "acordar si la compatibilidad se hace desde el trabajo a tiempo parcial o completo, o entrando desde la jubilación o en algunas otras circunstancias".

La advertencia de los sindicatos no es baladí, ya que la negociación de la jubilación flexible arrancó oficialmente a finales de enero de 2025, en una mesa de diálogo presidida por la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, cumpliendo así con el cuarto acuerdo en pensiones, entre el Gobierno y los agentes sociales, pero de la que, a mediados de marzo, aún no se conocen detalles de los anunciados incentivos.

La meta del Ministerio es hacer más atractiva la jubilación flexible, calificada hoy en día de "muy restrictiva", y para ello planteará mayores incentivos, con toda probabilidad, una mejora de los porcentajes de pensión a percibir por todas aquellas personas que, estando ya jubiladas, decidan volver a trabajar de manera parcial.

Retiro flexible: jubilado asalariado con empleo parcial

Mientras llega la reforma prometida por el Gobierno, la jubilación flexible es la que se produce cuando un jubilado decide trabajar por cuenta ajena y a tiempo parcial, con lo que pasa a compatibilizar el cobro de parte de su pensión con la renta salarial que le proporcione el empleo. 

En cuanto al importe de la pensión, esta se recorta en proporción inversa a la rebaja de la jornada laboral: si la reducción de la jornada es del 50%, la pensión se reducirá a la mitad.

Como requisito lógico, la persona debe estar jubilada, y su jornada laboral será del 75%-50% de una jornada de trabajo a tiempo completo. Las cotizaciones que pague el jubilado-trabajador contribuyen a ampliar la cuantía de la pensión.

En la actualidad, a este sistema se pueden acoger todos los regímenes de la Seguridad Social, salvo autónomos y funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Justicia.

Cambios en jubilación parcial, demorada y activa 

Sobre los cambios en jubilación activa y parcial, que regirán desde el 1 de abril de 2025, Suárez Corujo ha recalcado que permitirán una salida menos abrupta del mercado de trabajo, además de ser una "oportunidad" para seguir "cultivando" que las personas que quieran seguir trabajando, lo hagan.

"No tenemos trabajadores suficientes para seguir creciendo y, más allá de toda la política migratoria, tenemos que dar un impulso para hacer atractivo el mantenimiento de la actividad", ha reconocido el número dos del Ministerio, que ha puesto de ejemplo cómo estas reformas, encaminadas a compatibilizar pensión y trabajo, han provocado que las jubilaciones anticipadas supongan ya menos del 30% del total de jubilaciones nuevas.

Desde el 1 de abril, quienes estén o se acojan a la jubilación demorada, recibirán un plus adicional por cada 6 meses de retraso a partir del segundo año, siendo compatible con los incentivos de la jubilación activa. El premio por retrasar la pensión se hará por semestres, incrementándose el 2% del importe de la pensión, o su equivalente a tanto alzado. Y se mantiene la posibilidad del cobro mixto (una parte en incremento de la paga y otra en una cantidad a tanto alzado). 

En la jubilación activa, ya no será necesario tener una carrera de cotización completa. Será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se retrase (cada año de demora en la jubilación activa, incrementará el % a aplicar en el percibo de la pensión). Para cobrar el 100% de pensión se necesitarán al menos 5 años en activo tras cumplir la edad ordinaria de jubilación. Los porcentajes a cobrar mientras se trabaja son estos: con 1 año de demora, un 45%; con 2 años de demora, un 55%; con 3 años de demora, un 65%; con 4 años de demora, un 80%; con 5 años de demora, un 100%.

La reforma de la jubilación parcial amplía de 2 a 3 los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. Además, se introducen mejoras en las condiciones del relevista: será indefinido y a tiempo completo, en un puesto no amortizable. Con carácter general, el acceso a la jubilación parcial, con el correspondiente contrato de relevo, podrá producirse hasta 3 años antes de la edad ordinaria de jubilación que 2 corresponda en función de la carrera de cotización (el primer año la reducción estará entre un 20% y un máximo del 33%). 

Ojo al examen de la AIREF que llega en abril

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) tiene la misión de hacer el primer chequeo a la reforma de pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, evaluará la evolución de los gastos e ingresos de la Seguridad Social. Si el gasto se dispara por encima de lo previsto, el Gobierno deberá adoptar más medidas de ajuste, y la más inmediata sería, con toda probabilidad, un aumento extra de las cuotas del MEI.

Pese a lo mucho que hay en juego, la ministra Elma Saiz ha afirmado en varias ocasiones que su departamento es "optimista" sobre el resultado del examen de la AIReF al sistema de pensiones, debido al "buen trabajo" que el Gobierno ha realizado con la reforma de las pensiones, y a la positiva marcha de la afiliación y el empleo.

"El sistema es sostenible en el tiempo", ha recalcado Saiz en varias ocasiones, recordando que la cláusula de revisión (que introdujo la reforma Escrivá) se estableció, precisamente, para poder corregir desequilibrios, si los hubiera. 

Altas progresivas y mutuas, otros temas pendientes

Aparte de aprobar la nueva jubilación flexible, el Gobierno y los sindicatos tienen pendientes otros asuntos candentes. Uno de ellos, la reforma de la incapacidad laboral transitoria (ILT) o temporal. De momento, están realizando un seguimiento de los procesos de ILT y sus prestaciones, con el objetivo de poder adaptar la regulación de la ILT a la nueva realidad.

Asimismo, llevar a bune puerto la negociación de las altas médicas progresivas, para una reincorporación paulatina al trabajo tras un proceso de larga enfermedad. El Ministerio defiende que en ningún caso una persona podrá trabajar estando de baja, y la reforma, de aprobarse, se aplicaría solo en bajas de larga duración, es decir, que superen los 90 días. Las prisas de la ministra chocan con la postura de los sindicatos, que únicamente abordarán una reforma de las altas progresivas si existe previamente un informe médico que acredite que sea beneficioso para el paciente.

Otro tema pendiente de negociación es el propósito del Gobierno de dar un mayor papel a las mutuas de la Seguridad Social, para que realicen pruebas diagnósticas y rehabilitación, con el objetivo de acelerar la recuperación de trabajadores, pero "garantizando que el control (las bajas y partes de confirmación) y la decisión final (alta) estén en manos del médico de cabecera", es otro de los temas pendientes de acordar con los agentes sociales.

Así lo ha defendido en varios foros la ministra Saiz, que con ello espera también poder reducir las listas de espera en los servicios públicos de salud, según avanzó en su última intervención ante el Pacto de Toledo.

Los sindicatos ven con recelo esta propuesta, aunque se avienen a negociarla, siempre que no suponga detrimento alguno para el trabajador.