El pacto de rentas que planea el Gobierno: ¿una nueva amenaza para las pensiones?

El Banco de España pide un pacto de rentas entre empresas y trabajadores para repartir pérdidas

Los precios siguen disparados: un 7,6% más caros, hundiendo el bolsillo del pensionista

El Gobierno, el Banco de España, la patronal CEOE, los sindicatos y numerosos expertos no paran de hablar estos días de la necesidad de firmar un pacto de rentas que impida que la inflación disparada por los precios de la energía y la guerra de Ucrania se acabe trasladando a los precios finales de todos los productos y servicios, provocando una espiral inflacionista de consecuencias desastrosas. 

En principio, Gobierno, empresarios y sindicatos hablan únicamente de acordar un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios, que en teoría podría poner un tope a las subidas salariales pactadas en convenio, que de modo temporal y parcial podrían no hacerse plenamente con la inflación, y también limitar los dividendos empresariales, por lo que, ni los trabajadores mantendrían su poder adquisitivo a corto plazo, ni las empresas serían capaces de mantener sus márgenes. Otras medidas sobre la mesa pueden ser el asignar rentas para colectivos más desfavorecidos, entre ellos perceptores de pensiones mínimas y no contributivas, además de posibles rebajas impositivas, límites al alza de los alquileres y otras acciones con incidencia en los precios.

Un pacto de rentas ante una crisis como la que se avecina también podría acabar afectando a las pensiones, ya que la finalidad de un acuerdo de estas características es la de repartir los costes (las pérdidas de poder adquisitivo) entre todos los agentes económicos. Aunque ningún agente social ha mencionado las pensiones, dependiendo de cuán duradera y grave sea la crisis inflacionista y el devenir de la guerra, las consecuencias para los pensionistas podrían ser más o menos temporales, según los expertos consultados por 65YMÁS, que descartan una congelación de las pagas, pero ven posible un horizonte de limitación de las subidas, aunque ello suponga contravenir la recién aprobada Ley de reforma de las pensiones. En un escenario a medio plazo, de mayor agravamiento de la crisis, un pacto de rentas podría implicar que temporalmente, todas o algunas pensiones subieran menos de lo que les correspondería según la tasa de inflación, sugieren.

"Aplazar la fuerte subida para tiempos mejores"

Tal y como señala Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor de Economía Financiera en la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "la elevada inflación va a suponer un coste añadido para todos, luego lo lógico es que distribuyamos ese esfuerzo entre todos, y aquí también habría que incluir a los pensionistas. Sin embargo, el Gobierno acaba de aprobar una modificación de la ley de Seguridad Social para revalorizar con el IPC y supongo que se resistirá a no aplicar lo pactado".

Este experto también considera posible que, en un escenario de pacto de rentas, el Ejecutivo "aplace la fuerte subida esperada para cuando lleguen mejores tiempos, pero esto supondrá un desgaste para el Gobierno. Una solución intermedia sería revalorizar menos las pensiones más elevadas".

Por su parte, Eva Blázquez Agudo (@emblazq), profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, detalla que el pacto de rentas del que se habla "intenta sujetar la inflación por parte de trabajadores y empresarios, pero en todo caso, los trabajadores van a tener una subida de su salario porque está pactado en convenio colectivo. Otra cosa es que se intente que ese aumento salarial sea contenido para evitar la inflación".

A su juicio, "si el pacto se firma y afectara a las pensiones, estas no se congelarían, pero sí podría suceder que, si la inflación se incrementara a unas tasas muy elevadas, se recurriera a limitar la revalorización, de forma que las pagas de los jubilados no subirían en la misma medida que el IPC". Para la ex viceconsejera de Empleo de Madrid, si la inflación desbocada y la crisis obligan a un severo pacto de rentas, "en el que todos nos tenemos que sacrificar, es lógico pensar que los pensionistas tendrían una subida inferior a la que les correspondería según la inflación. Yo lo que haría sería limitar la revalorización en la misma línea de lo que se haga respecto a los salarios en ese pacto de rentas". 

Indiciación "parcial y moderada" de rentas con el IPC

Al abordar un pacto de rentas, José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y previsión social y socio fundador de LoRIS, considera indispensable que se incluyan "todas las rentas, sean pensiones, salarios, beneficios empresariales o alquileres de viviendas. Tenemos que ser conscientes de que en España nos hemos vuelto más pobres y por tanto no podemos pretender seguir siendo igual de ricos; ni todos, ni algunos en detrimento de otros. Hay que repartir las consecuencias del desastre, y si los asalariados no reivindican que sus sueldos suban lo que suben los precios, los dueños de viviendas en alquiler no pueden pretender que sus alquileres recuperen el IPC, ni tampoco los pensionistas". 

Herce advierte de que luchar contra la inflación desbocada exige que "la indiciación de las rentas salariales y de las pensiones con la inflación tiene que ser parcial y moderada; todo el mundo debe comprometerse a realizar demandas moderadas de revalorización, porque si se equiparan salarios y pensiones plenamente con la inflación, vamos a poner en marcha un infierno inflacionario, vamos a generar inflación doméstica y no solo importada como ahora".

Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, afirma que la guerra de Ucrania va a tener un coste de menor crecimiento "y de pérdida de poder adquisitivo de España, un país importador de petróleo, gas y otras materias primas, frente al resto del mundo. Lo ideal es que este coste se reparta de una manera equitativa entre toda la población española, incluidos los pensionistas". Sin embargo, para este experto, "la reciente ley de revalorización de pensiones protege las rentas de casi una cuarta parte de la población frente al aumento de la inflación, al menos a corto plazo. Por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo que se evita a los pensionistas deberá ser absorbida por el resto de la población, es decir, asalariados, autónomos y empresas".

Tensión extra por la inflación

Pau Monserrat (@pmonserrat), economista experto en finanzas, CEO de Futur Finances (@futurfinances), advierte de que el sistema se va a tensar aún más si se aumentan las rentas y pensiones en función de la inflación, ya que "este año vamos a ver tasas que puede que lleguen al 10%, así que revalorizar las pensiones con arreglo a la inflación para evitar que pierdan poder adquisitivo va a ser un esfuerzo colosal a nivel financiero. Yo me atrevería a decir que habrá argumentos de todo tipo para incumplir con esta obligación".

A juicio de Monserrat, "si entramos en una crisis económica y una ralentización del crecimiento, los empleos se van a resentir; empleos que son los que pagan las pensiones actuales. Si a eso le sumamos que los trabajadores, de firmarse el pacto de rentas (incluso sin él) van a ver mermado su poder adquisitivo y asumir pérdidas por la inflación desbocada, el pretender aumentar las pensiones tal como marca la ley no se va a entender. Todo el coste no se puede hacer recaer sobre unos trabajadores que van a perder poder adquisitivo. Se podría generar cierta injusticia intergeneracional si penalizamos a quienes están pagando las pensiones para que no sufran merma quienes las cobran". 

Por su parte, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas (@FUNCASES), considera que "las pensiones no se deberían revalorizar con la tasa de inflación, ya que ninguna otra renta lo va a poder hacer. En concreto, las rentas de quienes pagan las cotizaciones sociales no se van a revalorizar con la inflación, y estos van a tener que soportar una doble carga: la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y el aumento de impuestos o cotizaciones sociales, si no ahora mismo más adelante, para pagar esa revalorización de las pensiones".

Según Fernández, "el aumento del precio de materias primas energéticas que tenemos que importar, como el petróleo y el gas, significa que el país es ahora más pobre, y eso lo tienen que asumir solidariamente todos los grupos sociales, porque si uno de ellos quiere mantener su capacidad adquisitiva, será a costa de que la capacidad adquisitiva de otros caiga aún más".

AIREF: "Sería complejo trasladar el pacto a unas rentas y otras no"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha declinado pronunciarse sobre la necesidad o no de incluir las pensiones en un posible pacto de rentas, pero ante preguntas de 65YMÁS, admite que "lo que sí nos puede pedir el Gobierno es realizar un informe sobre el impacto que tendrá en las cuentas públicas el que las pensiones sigan revalorizándose con el IPC, o qué impacto supondría si no se hace. En la AIReF podemos evaluar esos impactos, pero no nos corresponde valorar si debería o no extenderse a las pensiones ese hipotético pacto de rentas". 

No obstante, Herrero considera que, "si no se traslada a las pensiones, probablemente haya presiones para que tampoco se traslade (por lo menos completamente) a los salarios, con lo cual yo creo que es un escenario complejo no trasladarlo a ciertas rentas y sí a otras. Siempre podría haber una traslación más o menos completa o parcial".

Banco de España: subidas con la inflación subyacente

La inflación desbocada que España padecía por los precios energéticos se agranda por la guerra en Ucrania y empobrece a la población española, tal como reconoce el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. "Por el lado de los trabajadores, es indudable que estos están perdiendo poder adquisitivo", ha señalado este martes en Madrid, antes de reclamar, de nuevo, un pacto de rentas para "impedir que se desencadene una espiral de incrementos de precios y costes que solo agravaría los efectos, ya de por si nocivos, de la perturbación actual".

"Este pacto de rentas debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores, de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo que implican los aumentos de costes recientes. Insisto: se trata de repartir costes. Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida".

 La propuesta del gobernador consiste en suprimir las cláusulas de revisión salarial de acuerdo con el IPC general y, en todo caso, ligarlas a la inflación subyacente, y que se adquieran compromisos plurianuales. También evitar fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia en los convenios, para evitar una eventual espiral de incrementos salarios-precios. 

Tira y afloja de empresarios y sindicatos 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, admite que le gustaría llegar a un acuerdo sobre el pacto de rentas entre Gobierno, sindicato y patronal, y confía en que "con el ejemplo es como se funciona", aludiendo a la actual negociación que mantiene con los sindicatos, para pactar el acuerdo nacional de convenio.  "Me gustaría llegar a un acuerdo, los sindicatos han demostrado su responsabilidad y yo creo que nosotros también", apostilla el máximo representante de CEOE.

Por parte de los sindicatos, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, se oponen a firmar un pacto de rentas que solo hable de salarios, considerando necesario que aborde también medidas que afecten a los precios, principalmente los energéticos, impuestos o dividendos empresariales.

Por ejemplo, Sordo resalta que, sin modificar los precios energéticos, que afectan al conjunto de los precios, no habrá pacto de rentas. Y pone como ejemplo: "Si el pacto de rentas debe ser en plural, se debe sumar también a los rentistas que, por lo general, referencian sus contratos al IPC. El Gobierno debería actuar, de forma coordinada con las comunidades autónomas, para congelar el precio de los contratos de alquiler y establecer precios máximos para los nuevos contratos que se suscriban mientras los precios de la energía se mantengan altos".

Rechazo frontal de los pensionistas

Si bien ningún agente social, y mucho menos el Gobierno, han aludido a una posible repercusión negativa sobre las pensiones, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria se ha apresurado a rechazar la posible aplicación de un pacto de rentas por su impacto en salarios y pensiones. Según denuncian, con ello se fijaría un tope máximo de subidas de salarios y pensiones mientras que, por contra, no se limitan los beneficios.

Los portavoces del movimiento lamentan la "escalada de la inflación y del coste de la vida" durante los últimos meses y se muestran críticos con la posibilidad de que Gobierno, CEOE y los sindicatos CCOO y UGT alcancen el mencionado pacto de rentas.