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Esta semana es clave para el futuro de las pensiones. La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo se ha reunido este martes con los sindicatos CCOO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme, y este miércoles celebrará la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), la cual podrá seguirse en directo a las 16:00 horas a través del canal del Congreso de los Diputados.
La comparecencia de Escrivá es clave ya que informará sobre la renovación de las Recomendaciones de la citada Comisión y tiene lugar en un momento en el que los grupos encaran el debate y ultiman la fijación de posiciones.
Las reuniones con los agentes sociales y la comparecencia del ministro forman parte de la ronda de contactos que la Comisión ha programado para las dos primeras semanas de septiembre, tras la solicitud de Vox de celebrar una veintena de comparecencias para recabar la opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones. Hasta que esta comisión parlamentaria no haga sus recomendaciones, no habrá reforma de las pensiones, que lleva enquistada desde finales de 2016 y que ahora, ante la crisis del coronavirus, se ha convertido en más imprescindible si cabe.
Con la comparecencia de Escrivá se cerrará una fase que hasta el mes de julio llevó a los grupos a repasar junto con el director general de la Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, el borrador de las recomendaciones preacordado antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales en la última legislatura efectiva. A partir de ahí, los grupos se enfrentan a la tarea de entrar en detalle de las recomendaciones del borrador e incluso fijar ya posicionamientos pues, tal y como comentan desde PSOE, ya ha planteado al inicio de las reuniones de este mes 'mojarse' para no demorar la renovación del Pacto y no parar el ritmo de reuniones durante este mes.
Un empuje que, por otro lado, formaciones como PP y Vox enfrían, habiendo solicitado un resumen ejecutivo de las recomendaciones, ante la compleja redacción de algunas de ellas para alcanzar consensos; el grado de ejecución de las recomendaciones anteriores, y también un mayor detalle de las partidas que deben traspasarse de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Este traspaso, uno de los principales avances de la anterior Comisión para descargar el déficit del sistema público de pensiones y compensar gastos que históricamente venía asumiendo, de forma impropia incluso, estaba previsto que se hiciera de forma gradual y en un plazo hasta 2025.
La idea de la Comisión pasa por excluir de la Seguridad Social el pago de prestaciones como las de orfandad o las SOVI, que serían asumidas por el Presupuesto. El cambio no es menor porque aliviaría en parte las cuentas de la Seguridad Social aunque el erario público tendría que financiarse con impuestos.
Esta vía de saneamiento fue uno de los puntos abordados en las reuniones con el Banco de España (@BancoDeEspana) y la AIReF (@AIReF_es), si bien desde la Comisión aclaran que estas instituciones no buscaron orientar posicionamientos políticos.
Según estas fuentes, los organismos plantearon diferentes escenarios y alertaron de la necesidad de adoptar medidas adicionales, sin olvidar tampoco el déficit estructural del Estado, que además se vería ahondado por este aumento de los gastos, cuestión en la que incidió en su encuentro con los diputados el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Por su parte, según fuentes de la Comisión, la nueva presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, respaldó el informe de su predecesor –y hoy ministro titular de la Seguridad Social– que abogaba por este traspaso para reordenar gastos y ajustar la estructura de la Seguridad Social al pago de las pensiones.
Mientras, los sindicatos CCOO (@CCOO) y UGT (@UGT_Comunica) han pedido este martes en la Comisión del Pacto de Toledo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, ligándolas al IPC, y la adopción de medidas en los Presupuestos de 2021 para "reequilibrar" el sistema, de forma que las medidas extraordinarias adoptadas en la Seguridad Social con motivo del Covid se financien con fondos europeos y emisión de deuda. También han pedido que la Seguridad Social deje de pagar gastos que no le corresponden y destopar las cotizaciones máximas.