El Pacto de Toledo, muy crítico con la jubilación 'a la carta' del Gobierno: pide más informes

Saiz defiende flexibilizar la jubilación para evitar la salida "abrupta" laboral

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso la cuarta reforma de pensiones, firmada con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme a finales de julio. Un acuerdo con tres ejes: la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo; la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación anticipada en actividades con elevada peligrosidad; y el mayor papel de las mutuas en bajas médicas traumatológicas, para "evitar la prolongación innecesaria de las situaciones de incapacidad temporal".

En su exposición, la ministra ha asegurado que la reforma persigue que las personas puedan "decidir cómo y cuándo pasar a un retiro digno", y para ello se avanza en la flexibilidad de la jubilación, permitiendo que los trabajadores prolonguen su vida laboral mediante la jubilación demorada y la activa, además de incrementar los incentivos y ampliar las posibilidades de compatibilizar la pensión con el trabajo.

El objetivo de los cambios propuestos es evitar una salida "abrupta" del mercado laboral, una "anomalía" que se produce en España, según Saiz. De aprobarse la reforma del Gobierno, sería posible cobrar el 100% de pensión con 5 años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Asimismo, con este pacto, los porcentajes de la pensión mientras se trabaja son: con un año de demora, un 45% de la pensión; con dos años de demora, un 55%; con tres años de demora, un 65%; con cuatro años de demora, un 80%; con cinco años de demora, un 100%.

El nuevo acuerdo de pensiones se basa en una doble legitimación: social, fruto del diálogo con agentes sociales, y política, alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Este enfoque garantiza la sostenibilidad de las reformas en el tiempo.

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— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) September 12, 2024

El acuerdo defendido por Saiz ante el Pacto de Toledo incluye asimismo un procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para quienes hayan realizado trabajos penosos o insalubres en determinadas actividades. 

El Pacto de Toledo pide informes y más debate

Sin embargo, esta suerte de jubilación a la carta que propone la ministra, y respaldan los agentes sociales, se ha topado con numerosas críticas entre los grupos políticos del Pacto de Toledo, que le reprochan sobre todo la ausencia de informes de impacto de los cambios previstos; la falta de información y debate sobre la prolongación de la vida laboral; la inexistencia del cronograma legislativo de este acuerdo; y el desconocimiento sobre cómo afectarán los cambios a la sostenibilidad del sistema de pensiones, en puertas de la jubilación del baby boom. 

Néstor Rego, del BNG, cuestiona que este pacto de reforma del sistema de jubilación se haya alcanzado únicamente con los sindicatos CCOO y UGT, dejando fuera a los sindicatos con representación relevante en las comunidades autónomas. Y lo critica además por "continuar la senda de recortes de todas las reformas de pensiones, iniciada con José Luis Rodríguez Zapatero. Se mantiene la edad de jubilación a los 67 años y se ha aumentado también el periodo de cálculo para hallar la pensión". A este respecto, la ministra Saiz ha asegurado que "el acuerdo no supone ningún tipo de recorte".

También muy crítico, EH Bildu alerta de las consecuencias de estos acuerdos, por su "impacto en la salud de los trabajadores y en el sistema público de salud, sobre todo en un contexto de prolongación de la vida laboral". Así, el parlamentario Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido que, con carácter urgente, "se realicen informes de impacto de las medidas propuestas", expresando su recelo por el incremento de las competencias de las mutuas.

Asimismo, el PP y Vox han reclamado que el Gobierno entregue al Pacto de Toledo los informes con el impacto económico de los cambios, subrayando sus dudas acerca de las consecuencias que tendrá la reforma sobre la salud del sistema de pensiones.

Por parte de ERC, Jordi Salvador ha criticado la pretendida prolongación de la vida laboral, "imposible" para numerosas personas y actividades profesionales, donde, a su juicio, habría que invertir en lo contrario: rebajar la edad de retiro. También ha expresado sus dudas sobre el papel de las mutuas. Un asunto este último en el que también discrepa Junts, que ha pedido a la ministra ir más allá en el aprovechamiento de las mutuas, en concreto, en las medidas para gestionar la incapacidad temporal, si bien el grupo catalán afirma avalar el grueso de las medidas acordadas por el Gobierno con los agentes sociales.

En cuanto al PNV, Idioa Sagastizabal ha resaltado el valor positivo de varias de las medidas, pero ha recordado a la ministra Saiz que el acuerdo es una "mera declaración de intenciones", pues requiere del necesario desarrollo legislativo, "donde los partidos políticos tendremos algo que aportar". La representante vasca pide además "conocer qué calendario maneja el Ministerio para hacer efectivos los acuerdos".

Incluso desde Sumar han advertido que estarán "vigilantes" en la tramitación, si bien han valorado las mejoras, como los avances en los coeficientes reductores, que permitirán el retiro anticipado en actividades penosas o peligrosas.