Carrera contrarreloj para la reforma exprés de las pensiones, en medio del temor a recortes
Sacar los gastos no contributivos de la Seguridad Social, 'patata caliente' del Pacto de Toledo
Qué pasará con las pensiones en septiembre: de la edad de jubilación al fantasma de los recortes
El sistema de pensiones es 'generoso': da 1,74 euros por cada euro cotizado, según el Banco España
Los jubilados cobran de media un 51% más de lo que aportan, según los actuarios
Tras las vacaciones de verano, la reforma exprés de las pensiones ha arrancado de nuevo en el Congreso de los Diputados, con tres reuniones clave en la agenda de la comisión del Pacto de Toledo, dos de las cuales tienen lugar a puerta cerrada, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con la anterior comparecencia del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), cuya intervención fue retransmitida en directo por la web del propio Congreso.
El primer encuentro decisivo para el futuro de las pensiones ha tenido lugar este miércoles a puerta cerrada, con el gobernador del Banco de España (@BancoDeEspana), Pablo Hernández de Cos, como primer invitado. También a puerta cerrada está previsto que sea el encuentro que mantendrán los miembros del Pacto este jueves con la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF @AIReF_es), Cristina Herrero.
El gobernador del Banco de España, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
Hasta que esta comisión parlamentaria no haga sus recomendaciones, no habrá reforma de las pensiones.
La presencia de ambos responsables, que ya comparecieron antes del verano, se realiza para aclarar las dudas durante la discusión entre los grupos políticos miembros del Pacto. Según fuentes próximas a los participantes, éstos utilizarán como base el proyecto de acuerdo que no llegó a ser aprobado en 2019, cuando Podemos decidió abandonar las conversaciones. VOX había pedido cerca de veinte comparecencias, pero finalmente, a finales de julio se decidió que solo se producirán las dos mencionadas, en septiembre y a puerta cerrada, más la del ministro Escrivá.
Sobre la Comisión parlamentaria pesa la urgencia de pactar sus recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, este mismo mes de septiembre, ya que la crisis económica causada por el coronavirus apremia aún más el tomar medidas que garanticen la sostenibilidad de la Seguridad Social. En esa tarea de renovar sus recomendaciones lleva estancado el Pacto de Toledo desde finales de 2016.
Según el calendario previsto, la semana próxima comparecerá en el Congreso el ministro José Luis Escrivá, posiblemente el 7 de septiembre, si bien esta cita aún no tiene fecha confirmada, ni existe certeza de si será una intervención pública o a puerta cerrada.
Magdalena Valerio, presidenta del Pacto de Toledo.
Un problema enquistado y heredado
Lograr un acuerdo en el Pacto de Toledo es un problema enquistado y heredado de la época pre-coronavirus. Magdalena Valerio (@mvalerio_gu), exministra de Trabajo y actual presidenta del Pacto de Toledo, aseguró a finales de julio que la comisión tenía bastante avanzadas sus recomendaciones y esperaba poder aprobarlas en septiembre.
En un principio, existe consenso en aprobar la revalorización de las pensiones en función del IPC real, así como en avanzar en la reorganización de los gastos no contributivos (traspasarlos a los Presupuestos del Estado) dentro de un plan para eliminar el déficit de la Seguridad Social en 2025. El reajuste de dichos gastos, denominados también "impropios", es uno de los empeños del ministro José Luis Escrivá, que es precisamente quien ha urgido al Pacto a acelerar la consecución de un acuerdo.
Otras propuestas que el Pacto de Toledo tiene sobre la mesa, y en torno a las cuales parece haber cierto consenso, consisten en incrementar la dotación mínima del Fondo de Reserva del 5% al 7% del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla de disponibilidad. Otra iniciativa, que en ocasiones ha planteado el ministro Escrivá, es aproximar la edad efectiva de jubilación (actualmente no llega a los 64) a la edad legal de 67 años (regirá en 2027). Esto se podría lograr (y aquí entra en juego el acuerdo o no de los grupos políticos miembros del Pacto), endureciendo las penalizaciones para la jubilación anticipada y/o fomentando los incentivos voluntarios para retrasar el retiro.
A su vez, otra medida que se debate es que el Estado pueda compensar la falta de cotización de colectivos como el de las mujeres que de forma involuntaria hayan dejado de trabajar temporalmente para cuidar a hijos o personas dependientes vía Presupuestos.
Qué dice el Banco de España sobre las pensiones
1. El sistema de pensiones es generoso y desequilibrado. En un reciente artículo, sostiene que cada jubilado recibe de media 1,74 euros por cada euro que cotizó durante su vida laboral, aunque el organismo admite que existen grandes diferencias entre los distintos tipos de pensiones.
2. Hay que subir la edad de jubilación. Hacen falta incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la referencia legal, según el Banco de España, "máxime cuando las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones han retrasado hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad y reintroducido la revalorización de las pensiones con el IPC", señala el organismo en una de sus comunicaciones.
3. Computar toda la vida laboral. Con la ley actual, a partir de 2022 se contarán las bases de cotización de los últimos 25 años para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación. Este año se aplica una transitoria de 23 años y en 2021 se tendrán en cuenta 24 años.
4. Es poco rentable prolongar la vida laboral. Desde el punto de vista de la rentabilidad de la pensión, el supervisor calcula que las jubilaciones ordinarias son las que generan un rendimiento medio mayor (4,1%), mientras que las demoradas voluntariamente, es decir, las de aquellos trabajadores que no se retiran al cumplir la edad legal y en cambio, prolongan su vida laboral, obtendrían una rentabilidad promedio del 3,7%.
5. Impulsar jubilación activa, parcial... Es imprescindible mejorar los alicientes de jubilarse más tarde de manera voluntaria, o de simultanear el cobro de la pensión con el empleo remunerado. Tanto la jubilación activa como la parcial son dos fórmulas muy poco utilizadas.
6. Mecanismos automáticos de ajuste. En junio pasado, Hernández de Cos puso como ejemplo los casos de "Alemania, Suecia o Italia", en donde "ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida".
7. Preocupa mucho la tasa de dependencia. A pesar de la incertidumbre demográfica, el organismo señala que existen certezas de que la tasa de dependencia va a pasar de un jubilado por cada tres activos de ahora, a un jubilado y dos activos en el futuro.
8. Impulsar cuentas nocionales y mochila austríaca. El Banco de España recomienda avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales individuales con el que se reforzaría el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones. Así, el trabajador conocería cuál sería su prestación en cada momento y le ayudaría a planificar mejor su ahorro y también la extensión de su vida laboral.
9. Reforzar la solidaridad generacional. El sistema tiene que ser sostenible financieramente y las pensiones ser suficientes, además de garantizar una distribución equitativa de sus costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras.
10. Repensar los planes de pensiones privados. Para el supervisor monetario, los planes de pensiones privados presentan un desarrollo "muy limitado en comparación con otras economías del norte de Europa". En 2017, el volumen total de los activos en fondos de pensiones era en España del 13,6% del PIB, frente al 50,6% en el promedio de los países de la OCDE.