Pagar las pensiones y otras ayudas a exdiputados y exsenadores costará casi 3 millones en 2025

¿Cuánto subirán las pensiones de la Seguridad Social en 2025?

¿Cuánto subirán las pensiones no contributivas de jubilación en 2025?

De cara al año 2025, el Presupuesto de las Cortes Generales ha reservado una partida de casi 3 millones de euros para pagar las pensiones que reciben los exparlamentarios que cumplen los requisitos para ello, así como para abonar otras ayudas económicas a este colectivo, sus cónyuges viudos o sus hijos.

Estas cuentas, aprobadas por unanimidad por las Mesas del Congreso y el Senado, contemplan 2.966.250 euros para el año próximo, la misma cantidad que en 2022 y 2023, aunque en ninguno de esos dos ejercicios se gastó entera, según el proyecto presupuestario al que ha tenido acceso Europa Press. Más en detalle, en 2022 se ejecutaron 2.567.069,05 euros (el 86,54%) y al año siguiente 2.442.463,87 euros (el 82%), según el citado proyecto presupuestario.

En 2024 se han presupuestado 805.258,88 euros para las pensiones de los exparlamentarios que aún pueden cobrarlas. A esta cifra se suman los 215.221,44 euros de otras ayudas económicas para este colectivo, y los 268.382,64 euros invertidos en ayudas a sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años que las han solicitado.

Las pensiones parlamentarias se reformaron en 2011

El régimen de pensiones parlamentarias fue objeto de reforma en julio de 2011, como consecuencia de la crisis económica, cuando, bajo la Presidencia de José Bono, se eliminó el complemento de pensión al jubilarse del que gozaban los parlamentarios que hubieran tenido escaño durante un mínimo de siete años.

Tras aquella reforma, sí pudieron seguir percibiéndolo quienes ya lo tenían reconocido y quienes al inicio de aquella legislatura (la décima) habían generado el derecho al cobrarlo cuando se jubilaran.

Hasta 2011, los exparlamentarios que en el momento de su cese hubieran cumplido 55 años o los fueran a cumplir en el año de la disolución de la Cámara y carecieran de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena, tenían derecho a que las Cortes Generales les mantuvieran dados de alta en la Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para poder cobrar su pensión de jubilación.

Asimismo, los beneficiarios de esta medida que, tras cobrar la indemnización por cese demostraran que carecían de ingresos o patrimonio, tenían derecho a percibir una ayuda equivalente al 60% de la asignación constitucional, hasta que completasen el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación.

Plus de pensión: toda la legislatura Constituyente y siguiente

Quienes ya tenían reconocidas esas prestaciones en 2011 las pudieron mantener, mientras no variara la situación que en su momento las había motivado. Y, en todo caso, el complemento de pensión se mantuvo para diputados y senadores de la legislatura Constituyente (1977-1979) y la primera legislatura (1979-1982).

En concreto, les corresponde un 80% de la diferencia entre las pensiones que tuvieran reconocidas y el límite máximo de percepción de pensiones públicas en la cuantía que este tenga en el momento de su reconocimiento.

En este momento, según ha podido comprobar Europa Press, cobran estas pensiones un total de 120 exdiputados y exsenadores, entre los que figuran los socialistas Pablo Castellano, Javier Rojo, José Acosta, Francisca Sahuquillo y Juan Antonio Barrio de Penagos.

También las perciben los populares Luis de Grandes, José Eugenio Azpiroz y Jaime Ignacio del Burgo; así como la exdiputada de IU y luego senadora del PSOE Cristina Almeida; más los exdiputados de Convergéncia Josep López de Lerma, Mercé Pigem y Josep María Trias de Bes; y por parte del BNG, Guillerme Vázquez.

Dinero para ayudas a viudos o hijos

Existen asimismo ayudas para los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permite obtener la pensión parlamentaria, así como para sus cónyuges viudos o sus hilos menores de 25 años, que pueden solicitar a las Mesas del Congreso y del Senado la concesión de una ayuda económica.

Si así lo acuerdan, mediante resolución motivada por tres quintos de las Mesas de ambas Cámaras, a estas personas se les puede asignar una cuantía y las condiciones para cobrarla. En este momento, hay 36 exparlamentarios y 59 viudas o descendientes que reciben estas ayudas.

La investigación de Europa Press refleja que, entre los exparlamentarios, se halla el que fuera diputado socialista, Ricardo García Damborenea, que fue condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL.