El Partido Socialista vasco afirma que Sánchez transferirá la gestión de las pensiones al País Vasco

Los expertos avisan: dejar al País Vasco gestionar sus pensiones rompe la unidad de caja del sistema

El Gobierno vasco defiende la transferencia de la Seguridad Social contra la opinión de los expertos

Solo Madrid, Baleares, Murcia y Canarias podrían pagar las pensiones con sus cotizaciones

La secretaria general de los Socialistas Vascos (@socialistavasco), PSE-EE, Idoia Mendia (@IdoiaMendia), ha revelado en unas declaraciones radiofónicas que el Gobierno de Pedro Sánchez transferirá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero que, cuando este hecho se produzca, las pensiones "las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España".

Estas declaraciones de la dirigente vasca se producen un día antes de que se celebre en Vitoria, este mismo jueves, una cita bilateral entre los Ejecutivos español y vasco para abordar el calendario de transferencias pendientes para el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Una reunión en la que la ministra Carolina Darias (@CarolinaDarias) había anunciado que se comunicaría la decisión al respecto, después del encuentro previo mantenido con el consejero vasco de Gobernanza Pública, Josu Erkoreka (@jerkoreka). 

"Lo que no se rompe es la caja única", dice Idioa Mendia

En sus declaraciones a Radio Euskadi, Mendia ha opinado que en la reunión de este jueves, entre el calendario de traspasos que se espera pactar, figura el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social: "Transferirán medios materiales y humanos: funcionarios, edificios... lo que no se rompe es la caja única", ha precisado. Siempre según Mendia, si se produce la transferencia de la Seguridad Social, "las pensiones las va a seguir pagando y garantizando el Gobierno de España".

Precisamente, el peligro de que un traspaso de competencias pueda romper el sistema de caja única, acabando con el principio de solidaridad entre territorios y sentando un perverso precedente para otras autonomías (que pudieran reivindicar igual trato que los vascos), son los mayores riesgos de los que los expertos alertan, si finalmente el País Vasco consigue gestionar el régimen económico de las pensiones.

Tal como informó recientemente 65Ymás, la ministra Darias había insinuado que no cierra la puerta al traspaso de la gestión de las pensiones a Euskadi, un hecho que se relaciona (además de por estar contemplado en el Estatuto de Guernika) con la necesidad de corresponder al apoyo prestado por el PNV al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Hace tan solo unos días, el portavoz del Gobierno Vasco, Erkoreka, defendía la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco asegurando que la caja única es compatible con la "existencia de cajeros diferentes".

En juego, administrar unos 9.600 millones al año

El fundamento legal para esta reivindicacion vasca es el artículo 18 del Estatuto de Gernika, que establece que corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma y b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

Si se ratifica esta cesión de la gestión económica de la Seguridad Social, el País Vasco podría pasar a administrar unos 9.600 millones de euros al año, que es el gasto de la Seguridad Social en Euskadi (datos de 2018). De esos casi 10.000 millones, prácticamente 9.000 millones se dedican a pagar las pensiones de sus ciudadanos. También podría afectar a la competencia sobre los funcionarios, que ahora están bajo el régimen del Estado. Siempre hablando de posibilidades, ya que nada se ha señalado de modo oficial, Euskadi se podría hacer cargo asimismo de la afiliación, las altas y bajas de los trabajadores, además de la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social y la recaudación de las cuotas.

Dentro de sus reivindicaciones, el consejero autonómico Josu Erkoreka esgrime no solo este artículo 18 y la disposición transitoria quinta del Estatuto, sino una sentencia del Tribunal Constitucional, que ve posible el traspaso de esta competencia, pero haciendo hincapié en que ello, siempre y cuando no se comprometa la unidad del sistema o se cuestione la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social.