Pensiones
La pelea por el cálculo de la pensión atasca la reforma de Escrivá, con Bruselas en el cogote
España debe cumplir o "se arriesga a las consecuencias", advierte la jefa de la delegación europea
Bruselas amenaza a España con suspender parte de los fondos europeos si no reforma las pensiones
Escrivá admite que habrá cambios en el periodo de cálculo de la pensión
El socio de gobierno, Unidas Podemos, insta al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a negociar en el Parlamento su reforma de las pensiones. Los sindicatos UGT y CCOO, así como la patronal CEOE-Cepyme, le invitan a convocar el Pacto de Toledo, para evaluar allí su polémica propuesta de extender el periodo de cálculo de la pensión, desde los actuales 25 años cotizados, hasta 30, pero con posibilidad de elegir los 28 mejores. Y Bruselas avisa a España de que congelará parte de los fondos del cuarto tramo del plan de recuperación, si nuestro país no aprueba las reformas prometidas, ya que se aplicaría la máxima sanción prevista.
De hecho, Monika Hohlmeier, jefa de la delegación de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que esta semana ha visitado España para examinar el uso de los fondos europeos, advierte de que la reforma de pensiones es "un hito que aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse porque si no, se arriesga a las consecuencias".
En medio de toda esta polvareda, el ministro Escrivá niega la mayor: afirma que el procedimiento europeo de sanciones no habla de España y no ve riesgos de congelación de los fondos, aunque sí admite que habrá cambios en el cómputo de la pensión, sin detallar cuáles, e insiste en que su idea es que la reforma "de opciones a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años profesionales no son los mejores, todo con el objetivo de que no se vean penalizados en su pensión", ha repetido el ministro este miércoles.
Sin embargo, la realidad es que la segunda fase de la reforma de pensiones está paralizada en la mesa de diálogo social, que lleva casi dos meses sin reunirse, y que el apoyo del Parlamento se presenta difícil, habida cuenta de que la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el socio de gobierno se oponen frontalmente a subir el periodo de cómputo, y que los sindicatos y la patronal advierten que no firmarán ninguna ampliación que implique recorte de pensión y que no tenga el aval del Pacto de Toledo y del Parlamento.
Escrivá "vende un acuerdo que no ha pactado"
Tras conocerse la amenaza velada de la Comisión Europea sobre el envío de dinero, la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, ha instado al ministro a explicar su propuesta sobre el modelo de pensiones en el Congreso de los Diputados, en especial sobre el periodo de tiempo para el cálculo de la jubilación, señalando que Escrivá ha vendido un acuerdo que "no ha pactado" ni con los grupos parlamentarios ni con los agentes sociales.
Vidal ha advertido que en lo que se refiere a un nuevo periodo de cálculo "no va a haber un acuerdo", ya que "no hay consenso" con las diferentes formaciones políticas, tampoco con Unidas Podemos.
En parecido sentido, los sindicatos UGT y CCOO, miembros de la mesa de diálogo social, critican la paralización de las negociaciones, aunque ven posible llegar a un acuerdo en los próximos meses, siempre y cuando el ministro Escrivá mueva ficha en el periodo de cómputo del importe de la pensión.
Este mismo miércoles, el secretario general de CCOO, Unai Sordo (@UnaiSordo), ha repetido que el hito concertado con Bruselas "más polémico" es la forma de computar el periodo de cálculo de la pensión, y que para desenredarlo, el Gobierno debería dejarse de "filtraciones y especulaciones", convocar el Pacto de Toledo para explicar si ha cambiado "el perímetro" de la negociación y después volver a recuperar la mesa de diálogo social. Según Sordo, dicha reforma podría cumplirse, "sin ningún tipo de recorte" en la cuantía de la pensión, por ejemplo, mediante una mejora de las lagunas de cotización.
Por parte del sindicato UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha matizado en varias ocasiones que se podrían abrir negociar cambios en el cómputo de la pensión, "siempre que no represente un recorte de la pensión", y si el ministro asegura que tal medida tendría el apoyo del Pacto de Toledo y del Parlamento.
Del mimso modo, fuentes oficiales de CEOE critican que el empeño de Escrivá en ampliar los años para calcular la pensión es una medida que se sitúa "extramuros del Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado. Lo que el Pacto recomienda es analizar el impacto del cómputo en las nuevas carreras profesionales, en carreras irregulares; además de evaluar los efectos de la entrada en vigor de los 25 años de cómputo; y eso aún no lo ha hecho el Ministerio
¿Qué está en juego en la reforma de pensiones?
Las últimas medidas conocidas y puestas sobre la mesa por el Ministerio de Seguridag Social, para su debate con los agentes sociales, son las siguiente:
- Cálculo del importe de la pensión. Se aumentaría progresivamente, desde los últimos 25 años cotizados, hasta los 30 últimos, dejando que el trabajador escoja los 28 mejores, o descartando los dos peores. La idea inicial del Ministerio es ir ampliando cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos, según un documento de partida del Gobierno adelantado por Europa Press.
De acordarse en esos términos, la evolución de los años de cálculo sería esta: en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo, se contarían 25 años y cinco meses; en 2030 habría que tener en cuenta 26 años y ocho meses; en 2035 se contarían 28 años y nueve meses... y así sucesivamente.
- Destopar las bases de cotización. El Gobierno plantea vincular la evolución de las bases máximas de cotización a la revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual que resulte entre los meses de noviembre en curso y diciembre del año previo, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Más en detalle, entre 2025 y 2050, serían las leyes de Presupuestos Generales del Estado las que fijarían la subida de las bases máximas, teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación fuera negativa, se aplicaría únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.
- Destopar la pensión máxima. La propuesta del Ministerio es que suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos; lo que significa un menor incremento que el de las bases máximas. Desde 2050, el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima se decidiria en el marco del diálogo social, "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%".
- Propuestas para reducir la brecha de género. Los representantes del Ministerio de Seguridad Social han planteado propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones, que los sindicatos consideran insuficientes.
- Mejorar las lagunas de cotización. El Ministerio de Escrivá propone mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Ofrece también un tratamiento especial para las de los autónomos.
Cerca del acuerdo en el destope de bases máximas
Eliminar el tope de las bases máximas de cotización y, en paralelo, de la pensión máxima, cuenta con el inicial plácet de los sindicatos, si bien falta por acordar el cómo, el cuándo y a qué ritmo se llevaría a cabo.
Tal como han destacado tanto Pepe Álvarez, como Cristina Estévez, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, existe "margen en cuanto a la subida de los topes de las bases máximas de cotización". Además, consideran "discriminatorio y sumamente regresivo" que los salarios más altos tengan "partes importantes exentas de cotización a la Seguridad Social".
Asimismo, CCOO ve con buenos ojos la intención de aumentar las bases máximas, para consolidar la cotización por ingresos reales de todos los colectivos y reforzar los ingresos del sistema, al tiempo que defiende mejorar las pensiones más bajas; seguir reduciendo la brecha de género y culminar las cuestiones aún pendientes de la primera fase de negociación de la reforma de pensiones. Eso sí, exigen a Escrivá negociar los detalles de porcentajes de subidas y plazos para hacerlo, en la mesa de reforma de las pensiones, con propuestas oficiales y planteamientos, y no con globos sonda en los medios de comunicación. Y reiteran que cualquier medida que implique recortes en la cuantía de las pensiones o en el derecho de los pensionistas, serán rechazadas, tal como ratificó Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social, en un reciente debate sobre pensiones organizado por 65YMÁS.
'No' de la patronal a subir más las cotizaciones
Para afrontar las tensiones de gasto que se derivarán de las jubilaciones de los baby boomers, el Gobierno y los sindicatos pactaron el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que estará en vigor hasta 2032 y supone una cotización extra del 0,6%, que pagan los empresarios (0,5%) y trabajadores (0,1%).
La patronal CEOE no firmó esta medida de reforma, por entender que gravaba a las empresas, sin solventar los problemas financieros del sistema y cargando sobre los jóvenes gran parte del ajuste. La organizazión, que preside Antonio Garamendi, critica que las medidas propuestas o impuestas por el Gobierno, como la reciente subida del 8,6% de las bases máximas para 2023, suponen un encarecimiento de costes para las empresas.
En la presente ronda de negociaciones, los sindicatos quieren extender la sobrecotización del MEI hasta 2050, que sí sería una medida del agrado de la Comisión Europea (así lo ha reconocido el propio ministro Escrivá), puesto que la actual limitación temporal le parece a Bruselas una regla semiautomática.
Por el contrario, CEOE y Cepyme se oponen a un eventual incremento de cotizaciones, sea por el MEI u otra fórmula.
Expertos: las mujeres perderían al contar 30 años
Como sucede con todas las reformas, subir a 30 años el tiempo para calcular la pensión beneficiaría a ciertas carreras laborales y colectivos, pero serían mayoría los perjudicados, según denuncian los movimientos de pensionistas y algunos expertos.
El Observatorio de Pensiones de WTW sostiene en un informe que, “inicialmente, el aumento de 25 a 30 del número de años de cómputo para el cálculo de la base reguladora mejoraría la sostenibilidad financiera y la contributividad del sistema, al aumentar la relación entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas. Pero si en el cómputo se incluyen solo los 28 mejores años de esos 30, no mejoraría la sostenibilidad financiera, ni la equidad”.
Según el análisis realizado por WTW, se plantearía un problema de discriminación indirecta de género, pues las mujeres empeorarían la cuantía de su pensión inicial un 0,86%, frente al incremento de los hombres, que sería de un 0,44%.
Por el contrario, se podrían beneficiar los siguientes:
- Los hombres, frente a las mujeres, dado que el tener carreras laborales más largas parece que pesa más que tener carreras laborales más estables.
- Carreras laborales irregulares, frente a quienes las tienen estables, aunque no se ha diferenciado este colectivo en los cálculos.
- Carreras laborales medias-largas, porque la ampliación a 30 años no les supone más lagunas de cotización y el descarte de dos años parece que beneficie menos a los que tienen carreras muy largas. Las personas con carreras cortas salen perjudicadas, ya que la ampliación supone más lagunas.
- Los autónomos, que podrán descartar dos años, en muchos casos evitando bases de cotización igual a cero, con lo que mejoran la pensión.
