Penalizar más la jubilación anticipada: Los expertos advierten que podría producir un doble recorte

 

Escrivá quiere que la pensión baje un 8% por año anticipado de jubilación

¿Cuánto pierdo si me jubilo de forma anticipada en 2021?

 

 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá le ha declarado la guerra a las jubilaciones anticipadas y sus "elementos distorsionantes". Cree que hay "demasiadas" – en torno al 16% del total–, por lo que considera necesario acercar la edad de jubilación real a la legal. “Vamos a rehacer el sistema de penalización de la jubilación anticipada y lo vamos a hacer para que genuinamente refleje más la idea de que si alguien se quiere jubilar dos años antes, pues realmente lo que tenga sea una penalización permanente en su pensión del 16%, que es lo que la norma original tenía en la cabeza –lo que supondría un 8% por año–”, aseguraba el ministro este jueves en un encuentro sobre Talento Sénior. Frenar las jubilaciones anticipadas ya estaba incluido en el borrador de la reforma de pensiones enviado a Bruselas, lo que quedaba por perfilar es cómo lo haría exactamente.

Según explicó el ministro este jueves quiere garantizar que las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas cercanas al 8% por año se cumplan de facto en la totalidad de los casos –o al menos reducir al mínimo las excepcionalidades– y acabar con lo que considera “un fallo del sistema actual”. Según Escrivá, algunos de estos jubilados, sobre todo los que tienen sueldos más altos, tienen opción de rebajar sustancialmente las penalizaciones por los que se les acaba aplicando una reducción de la cuantía mucho menor. Los expertos, sin embargo, consideran que esto podría suponer un doble recorte en el caso de las rentas altas, sin que sea suficiente para retrasar la edad de jubilación a nivel general. Así, abogan por la necesidad de generar más incentivos para que los trabajadores se queden más años en su puesto o cambiar el mecanismo actual de cálculo de estas prestaciones.

El sistema actual no penaliza a todos por igual

La Seguridad Social establece coeficientes reductores trimestrales cercanos al 2% en función de los años cotizados con diferentes situaciones en función del perfil de cada trabajador. "Las dos versiones más comunes serían aproximadamente de entre el 8% y el 6,5% por año anticipado dependiendo de los años cotizados en el caso de la jubilación anticipada voluntaria; y de entre el 7,5% y el 6% anual en el caso de la jubilación anticipada involuntaria", explica Alfonso R. Sánchez, investigador asociado a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea). Lo que denuncia Escrivá es que un "mal diseño del sistema" hace que los trabajadores con rentas más altas apenas sufren una penalización del 2% por cada año que adelantan su retiro, mientras que los que tienen salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizados con un 8% anual, que es lo que fija la norma.

Los expertos aclaran que lo que ocurre realmente es que el cálculo de la pensión se hace aplicando a la base reguladora el coeficiente reductor que le corresponda, pero que posteriormente hay que reajustar o "topar" la cuantía. Es decir que hay una pensión teórica que hay limitar en el caso de las máximas porque no puede ser superior a los 2.707,49 euros, con lo que  el “recorte” de las pensiones máximas suele quedarse en el 2% anual de penalización en vez de un 8%. De ahí que economistas como Jose Antonio Herce (@_Herce), consideren que lo que hay que cambiar realmente es la fórmula de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social o al menos cómo se aplican en la actualidad los coeficientes reductores.

El "doble recorte" a las pensiones con bases más altas

En opinión de Enrique Devesa, profesor del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia (@Ivie_news), la medida que defiende Escrivá va en contra de la contributividad del sistema y, además, penalizará más a los que ya recibían una pensión bastante inferior a lo que les hubiera correspondido en función de sus cotizaciones. "Esto último se debe a que las bases máximas están actualmente un 30% por encima de la pensión máxima, con lo cual al jubilarse pueden dejar de percibir un porcentaje muy alto de lo que les hubiera correspondido si el sistema fuera realmente contributivo. Con la nueva medida, aquellos que adelanten dos años su jubilación podrían “perder” además un 12% –16% del coeficiente reductor menos un 4% por el ajuste del tope máximo– respecto a la pensión máxima. Con lo cual estarían sufriendo un doble recorte".

Devesa es partidario de que el sistema de pensiones sea, "lo más contributivo posible", dejando los efectos redistributivos para aplicarlos globalmente y mediante el sistema impositivo. Por lo tanto, opina que no habría que desincentivar más de lo que actuarialmente les correspondería por anticipar la jubilación. Según los cálculos de su grupo de investigación, "el coeficiente reductor que habría que aplicar debería estar alrededor de un 6% anual, con lo cual el 8% supone una penalización demasiado elevada", señala Devesa. Una opinión que no comparte Herce, quien recuerda que el 8% anual ya estaba establecido antes de la reforma de 2011 de Aznar. "Esto no le va a gustar a los sindicatos, pero es que desde hace 20 años no se ha ajustado apenas el porcentaje al incremento de la esperanza de vida que no para de crecer. Yo lo subiría más allá del 8%, porque ya toca".

Se necesitan más incentivos a la demorada o un cambio de fórmula

Los expertos coinciden sin embargo en que de poco sirve desincentivar la jubilación anticipada sino se impulsa la demorada. Según cálculos de la Universidad de Valencia, los coeficientes actuales de 4% de bonificación anual por retirarse más allá de la edad ordinaria no son suficientes y están por debajo del 7% anual que consideran como más “justo”. Señalan así, que el ministro ha dado poco detalle sobre cómo pretende fomentar el talento sénior para que las empresas sigan reteniendo a los trabajadores mayores. Además, ponen el foco en que si las anticipadas se desincentivan demasiado, se crearán otras vías por las que "escapar", como la jubilación parcial. Esto además supondría que el ahorro sería pequeño en relación al tamaño del déficit actual del sistema", señala Alfonso R. Sánchez de FEDEA.

Así, los expertos llaman a poner el foco la fórmula que se aplique finalmente. "Parece que la nueva fórmula que quiere proponer el Ministerio constaría de dos pasos: en el primer paso se calcularía la pensión aplicando el tope máximo; y, en el segundo paso, al resultado anterior se le aplicaría el coeficiente reductor. Por lo tanto, no se aplicaría sobre la Base Reguladora, como ocurre actualmente. De esta forma, a todos se les reduciría la pensión con el mismo coeficiente", explica Devesa. Los sindicatos por su parte abogan por un destope de las bases máximas y que se tenga en cuenta para el rediseño a las pensiones más bajas, especialmente mujeres con contratos más precarios y menos años cotizados. También a los que se han jubilado involuntariamente y no han podido reinsertarse en el mercado laboral a una avanzada edad. "Pero sobre todo, le pedimos al ministro que hable de estos temas donde tiene que hacerlo, en la mesa de diálogo social del Pacto de Toledo", dice Julián Gutierrez, Secretario General de la Federación de Pensionistas de CCOO (@pensCCOO), molesto ante la filtración de medidas.