Pensiones
Pensión no contributiva: hasta 6,3 meses para tramitar la de jubilación y 9,2 meses la de invalidez
Pepa Montero
Lunes 1 de junio de 2020
ACTUALIZADO : Martes 2 de junio de 2020 a las 12:44 H
9 minutos
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En España hay que esperar una media de 6,3 meses hasta que las comunidades autónomas correspondientes o el Imserso (en Ceuta y Melilla) culminen los trámites para conceder o denegar una pensión no contributiva de jubilación, y hasta 9,2 meses si la persona solicita una pensión por razón de invalidez, según constata el Imserso (@Imserso) en su informe Pensiones no contributivas de Jubilación e Invalidez (PNC) de abril. Estas pensiones las gestiona el Imserso, se financian con cargo al presupuesto del Estado y su administración corresponde a las comunidades autónomas.
“Atendiendo al número de solicitudes pendientes de resolución al finalizar el mes de abril, cabe estimar que el tiempo medio de tramitación sería de 189 días en la PNC de jubilación y de 277 días en invalidez, lo que supone, en relación a los tiempos medios de tramitación de una solicitud en el mes anterior, un aumento importante en ambos tipos de pensión”, detalla el informe estadístico. Los datos confirman la mayor proporción de reconocimientos de jubilación frente a la de invalidez, "debido a la mayor selectividad de los requisitos necesarios para el acceso al derecho a la pensión de invalidez".
Lo cierto es que cada mes de 2020 ha ido empeorando un poco más el tiempo medio que se emplea en tramitar las solicitudes, y con ello se alarga el momento de empezar a cobrarlas por parte de quienes las necesitan para vivir (ver gráfico inferior).
Si en enero la Administración necesitaba 145 días para tramitar una jubilación no contributiva y 211 días para resolver una petición por invalidez, en febrero esos plazos se habían ampliado en cuatro días en ambos casos (149 y 215 días, respectivamente). En marzo, el atasco hacía la espera todavía más larga, y en abril el retraso de los trámites se ha multilplicado, al punto de suponer 44 días más que en enero para una solicitud de jubilación y 66 días extras para culminar el proceso de gestión de una paga por invalidez no contributiva.
Un 62% menos de solicitudes, pero el atasco continúa
En el mes de abril se han presentado un total de 1.819 solicitudes de pensiones no contributivas (el 62,12% corresponde a jubilación), lo que supone el 60,85% menos que hace un año. En cuanto a los expedientes acumulados que siguen pendientes de resolución, al finalizar abril existían 27.753 personas (el -1,56% menos que en marzo) a la espera de saber cuándo y cuánto cobrarán, en el supuesto de que les sea aprobada la pensión. Tal y como explica el Imserso en su informe, "este descenso se motiva en la importante reducción del número de solicitudes presentadas", de lo que se infiere que la gestión de los casos acumulados no se ha agilizado en abril.
En total, en abril se han resuelto 2.259 solicitudes, lo que implica una disminución del -54,04% en relación al mismo mes del año pasado (en invalidez, -60,04%). De ellas, se han aprobado 1.487 solicitudes (el 67,52% es de jubilación), que en comparación con las autorizadas en abril de 2019 significa el 56,32% menos que hace un año, un descenso que en invalidez llega hasta el 61,54%. Si el análisis se efectúa respecto a la media del año en curso, se registra también un descenso del 36,88%, que es algo más elevado en invalidez.
Por qué se deniegan las pensiones no contributivas
Las estadísticas del Imserso del mes de abril radiografían también las causas de denegación de estas pensiones. En las no contributivas de jubilación se han denegado 383 solicitudes, de las que 220 lo han sido por superar el límite de recursos económicos establecido para la unidad económica de convivencia (UEC).
En cambio, quienes han visto rechazada su solicitud de pensión por invalidez se ha debido a "no acreditar un grado de discapacidad o enfermedad crónica suficiente" en 178 casos, sobre el total de 263 denegaciones en abril.
Muy baja cuantía, pese a la subida del 0,9%
Las pensiones no contributivas son las que cobran las personas que no han podido cotizar el mínimo de años necesario para recibir una prestación contributiva de la Seguridad Social (@info_TGSS). Se aprobaron por la Ley 26/1990 y, además de la aportación monetaria, garantizan a sus beneficiarios la asistencia médico-farmacéutica gratuita, así como derecho a los servicios sociales complementarios.
El aumento del 0,9% que han experimentado todas las pensiones públicas este año no ha corregido en nada la bajísima cuantía de las no contributivas, cuyo importe medio es de 406,81 euros mensuales. En abril, había un total de 452.487 prestaciones de este tipo, que suponen un gasto para el Estado de 184,1 millones de euros al mes (en el conjunto del año 2019, el desembolso ascendió a los 2.552 millones de euros).
Las de invalidez son algo más altas, 431,39 euros mensuales de media, frente a los 389,02 euros al mes que perciben los jubilados no contributivos. Ello se debe a que entre los perceptores de invalidez hay casi 37.800 que tienen derecho a cobrar el complemento del 50% por necesitar la ayuda de otra persona.
Las cuantías básicas de las pensiones no contributivas se fijan cada año en los Presupuestos Generales del Estado, o mediante Real Decreto, como ha sucedido en 2020 al no disponer el Gobierno de mayoría suficiente para aprobar las cuentas públicas en un corto plazo.
Debido al bajo importe de sus prestaciones, la anterior crisis les golpeó especialmente, ya que al igual que el resto de pensionistas, permanecieron cuatro años con las pagas congeladas (de 2014 a 2017 el Gobierno les aplicó la revalorización mínima legal del 0,25%). Una situación que se corrigió parcialmente en 2018 y 2019, cuando los aumentos de las pensiones más bajas superaron la inflación, pero que en 2020 se ha frenado de nuevo, con la revalorización del 0,9% citada.
Ahora, la crisis que se avecina por mor del coronavirus puede poner en peligo la subida que el Gobierno de Pedro Sánchez había prometido para los pensionistas más vulnerables, y que tanto el PSOE como su socio Podemos habían comprometido en sus programas electorales. Aunque el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), ha reiterado que el Ejecutivo garantizará el poder adquisitivo de los pensionistas, ha eludido concretar cuándo y cuánto subirán las pensiones más bajas.
