Pensiones 2025: Los expertos llaman a la tranquilidad y recuerdan que subir el IPC es imperativo

La subida de las pensiones, paralizada por el 'no' de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus

Más de 10 millones de pensionistas, en vilo y con la mirada puesta en la paga de febrero

La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, establece expresamente que "todas las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el complemento de brecha de género, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior”. Para 2025, el alza debe ser del 2,8%.

Tras la paralización de dicha subida por el no del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus del Gobierno, el aumento de cuantía de las pensiones está garantizado en enero, pero en el aire en febrero, según ha avanzado el Ministerio de Seguridad Social. 

Ante la alarma suscitada, las organizaciones de pensionistas exigen urgencia al Gobierno para aprobar de forma definitiva la subida de sus pagas, y reclaman que la revalorización quede fuera de la lucha política.

Los expertos, por su parte, lanzan mensajes de tranquilidad, asegurando que el incremento de las pagas se llevará a cabo, que sigue siendo posible incluso en la nómina de febrero y, en todo caso, recuerdan que la subida es imperativa, por estar incluida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y con efectos retroactivos.

"No hay base jurídica para no subir las pensiones"

Pese a la no aprobación del decreto ómnibus, las pensiones tienen que subir un 2,8%, no solo el abono del mes de enero, sino también en la nómina de febrero y meses siguientes. Ello pese a que haya sido rechazado el Decreto-ley 9/2024. 

"En mi opinión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el resto de Entidades Gestoras están obligadas y deben aplicar ese incremento, no hay base jurídica para no hacerlo", asegura Fernando Martínez-Cue, profesional asociado a LoRIS Retirement y socio fundador del despacho Martinez-Cue & Asociados. "La aplicación de la revalorización de las pensiones contributivas cada año no necesita obligatoriamente la aprobación de una Ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) en la que se incluya ni, alternativamente, en otras Leyes “mono” o “multi-temática”. No aplicar el 2,8% en los pagos de la nómina de pensión del mes de febrero y meses siguientes podría constituir un incumplimiento de La Ley General de Seguridad Social".

Según Martínez-Cue, una solución inmediata estaría en la "aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto que recogiese la subida, que, como norma reglamentaria, no necesitaría la convalidación parlamentaria. No sería necesaria la aprobación de un Real Decreto-Ley, ya que ese mandato de revalorizar la pensiones con el IPC está vinculado a la Ley General de la Seguridad Social, norma con Rango de Ley. En cambio, la revalorización de pensiones máximas sí necesitaría de su fijación en la Ley de Presupuestos Generales o en Real Decreto-Ley, según establece el 2º párrafo del artículo 58.2 de la LGSS".

La otra solución es la aprobación de un nuevo Real Decreto Ley en Consejo de Ministros (el próximo Consejo ordinario o uno extraordinario), que recoja solo el tema de la revalorización de pensiones (en el que hay consenso para su aprobación), e inmediatamente llevarlo a las Cortes Generales a convalidación parlamentaria. Es un tema de fácil solución, si hay voluntad política de solucionarlo", detalla este experto.

Herce: "Saquen un RDL dedicado a la revalorización"

Para José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía, patrono de la Fundación AGE y socio fundador de LoRIS Retirement, lo sucedido con el intento de convalidación de la subida de las pensiones es "una manipulación de la buena voluntad de los pensionistas y trabajadores, haciendo un uso inaceptable de los mecanismos legales y de los reglamentos de las Cámaras. Si los dos partidos grandes no son capaces de ver el interés de aprobar sin fisuras una medida que ya está en las leyes y necesitan manosear un Real Decreto Ley Omnibus para fastidiarse mutuamente, deben saber que eso no es aceptable". 

Este experto puntualiza que "podrá gustarnos o no la regla de actualización de las pensiones con el IPC, cuando los salarios de los hijos de quienes se jubilan hoy en el Régimen General son menores que las pensiones de sus padres (que no nos gusta, por supuesto), pero es la ley, y sacar su convalidación en un RDL Omnibus es una broma de mal gusto. Si tanto interés tenían populares y socialistas en que se convalidara la actualización de pensiones, saquen un Real Decreto Ley dedicado a esto y convalídenlo con foto de familia incluida, pero no hagan esto. No nos lo merecemos".

CCOO y UGT ven posible una solución inmediata 

Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, critica con dureza la situación creada tras "el voto de Junts-PP-VOX anulando la subida de las pensiones y del ingreso mínimo vital para 2025, las medidas de ingresos de la Seguridad Social y de protección para millones de personas (DANA, La Palma, transporte)".

A su juicio, la nómina de enero debe incluir la subida prevista, pero "es preciso un nuevo Real Decreto Ley para mantenerla en febrero" y en los meses sucesivos. 

"El Gobierno debe aprobar nuevo Real Decreto Ley, rápidamente, para que no haya interrupción", advierte Bravo, para quien es posible llegar a tiempo de que los pensionistas cobren la subida en sus nóminas también en febrero: "Lo hemos pedido ayer mismo, y vamos a insistir en ello".

En parecido sentido, Cristina Estévez (@CrisEstevez_UGT), secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, denuncia la "priorización de intereses partidistas por encima de las necesidades reales de las personas, que refleja un desapego alarmante respecto a las dificultades que enfrentan millones de ciudadanos, especialmente los más vulnerables".

Este sindicato insta a todas las fuerzas políticas a "recuperar el sentido de Estado, y el sentido común, mediante la rápida promulgación, y aprobación, de un texto legal que restituya los derechos de las personas afectadas"

CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el domingo 2 de febrero en toda España, para "rechazar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social, rechazadas en el Congreso".

"El Gobierno puede solucionarlo rápidamente"

Para Miguel Ángel García (@magarciadiaz), profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Fedea, la paralización actual de la subida de las pensiones "es postureo. El Gobierno puede solucionarlo rápidamente presentando un Real Decreto Ley específico con solo esa medida".

A juicio de este experto en Seguridad Social, "oídas las declaraciones de PP y Junts, el Ejecutivo puede aprobar un nuevo RDL que contenga únicamente la actualización de las pensiones y contará con los votos suficientes para aprobarlo. Si no lo hace, será por otros motivos, que debería explicar. 

Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, critica que "el Gobierno haya cometido la imprudencia de incluir la revalorización de las pensiones en una amalgama de normas, que ha provocado la presente situación. Es preciso ser más serios y mucho más escrupuloso con este tipo de cuestiones, y llevar al Parlamento la norma con la revalorización, independientemente de otros temas que pueden ser controvertidos y no alcancen el consenso de responsables políticos"

Para este experto, lo sucedido ejemplifica la necesidad de llegar a acuerdos entre los grandes partidos en pensiones, que es "un tema capital que afecta muchísima gente y al propio sistema. No se pueden dejar al arbitrio de decisiones puntuales y tácticas de cada partido".

Precisamente, respecto al decreto ómnibus, rechazado por el Congreso, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido en una entrevista radiofónica que el modo adecuado de proceder sería que "se acabe con los decretos ómnibus, que se negocie tema por tema, yendo paso por paso, aunque eso suponga que haya que trabajar más".

Al líder de la patronal le parece que esa sería la "forma más fácil de llegar a acuerdos. Y, por supuesto, que nos dejen a los representantes del diálogo social trabajar en nuestros temas", poniendo de relieve el éxito de la negociación de la jubilación parcial con contrato relevo, una de las medidas que sí se aprobaron el miércoles 22 de enero en el Congreso de los Diputados.

Congelar la subida afectaría a 1,9 millones de autónomos

"Los españoles vivimos en una incertidumbre constante en la que se aprueban y derogan megaleyes que mezclan aspectos que no tienen nada que ver. Si se dedicaran a trabajar las cosas por orden y en su contexto, todo iría mejor", critica Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata), presidente de la Federación de Autónomos ATA.

"De todas formas, el revuelo con las pensiones es sencillo de corregir. Espero que con un poco de voluntad pronto volveremos a la senda de lo que se había aprobado", asegura el presidente de ATA, también vicepresidente de CEOE.

Por su parte, desde UPTA, que preside Eduardo Abad (@EDUARDOABADSABA), confiesan su "preocupación ante la reciente derogación del Decreto-Ley Ómnibus en el Congreso, que ha supuesto la cancelación de la subida de pensiones. Más de 1.900.000 pensionistas autónomos verán sus pagas congeladas debido a las decisiones políticas tomadas por los grupos parlamentarios PP, Vox y Junts, quienes han votado en contra de la medida".

Abad recuerda asimismo que la subida de pensiones es una "medida crucial para mejorar la protección social de los autónomos, uno de los colectivos más vulnerables en el sistema de pensiones".