Las pensiones en Argentina, una bomba de relojería: las cotizaciones solo cubren el 60% del gasto

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En Argentina, la Seguridad Social paga prestaciones a más de 17,5 millones de personas, de los cuales, unos 8,8 millones son jubilados y pensionistas en un sentido equivalente al sistema español (existen además casi cuatro millones que perciben la Asignación Universal por Hijo y más de 5 millones que cobran asignaciones familiares), lo que representa casi el 20% de la población del país. El 50% cobra la cuantía mínima, fijada en 14.068 pesos mensuales (unos 211 euros), tras el aumento anunciado en diciembre pasado por la Secretaría de Seguridad Social y publicado en el Boletín Oficial de la nación.

De esos 8,8 millones de jubilados y pensionados, únicamente 3 millones de personas accedieron a la prestación cumpliendo todos los requisitos de edad y de años cotizados que marcaba la ley, según un informe publicado por el instituto argentino Idesa (@IDESAar). En concreto, este centro de estudios independiente expone que "5 millones de jubilados y pensionados sin aportes o con aportes insuficientes obtuvieron el beneficio a través de pensiones no contributivas y moratorias (se sumaron al sistema en los 12 años del Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner); en torno a 900.000 beneficiarios se jubilaron con algún régimen especial; y tan solo 3 millones de personas accedieron al beneficio encuadrados en las reglas fijadas para el régimen general". 

 

Estos datos muestran, según Idesa, que "aproximadamente un 10% obtuvo su beneficio por un régimen especial. Es decir, reglas previsionales más generosas que las generales. Pero además, entre el resto de los jubilados y pensionados, la gran mayoría también obtuvo su beneficio sin cumplir con la totalidad de aportes que exige el régimen general. En conclusión, 2 de cada 3 jubilaciones y pensiones fueron otorgadas con normas diferentes al régimen general".

Junto a este desequilibrio, el sistema sufre tres problemas añadidos: 1) hay poco más de un trabajador activo por cada pensionista, cuando los expertos señalan que para que el sistema fuera sostenible debería haber al menos tres; 2) el gasto en jubilaciones se come el 40% del gasto público nacional, y sumado al resto de pensiones, representa el 60% del total; 3) lo que el Gobierno recauda mediante las cotizaciones únicamente alcanza para abonar el 60% del desembolso en pensiones.

Incertidumbre e incentivo para cotizar poco, según expertos

Nuria Susmel, economista en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, expone en su artículo Otra vuelta de tuerca en los haberes de los jubilados, que uno de los problemas es que “las reglas cambiaron reiteradas veces y no está claro cuáles son las puertas del retiro y mucho menos cuántas veces a futuro las cambiarán (...) El mensaje que dejan todas las reformas que se han ido implementando, en especial en los últimos 15 años, es que el sistema de pensiones tiene un premio al bajo cumplimiento", señala, puesto que existen moratorias que permiten cobrar un haber sin aportar lo debido y también regímenes que con aportaciones muy bajas otorgan un beneficio.

 

Fuente: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

 

Por su parte, Martín Kalos (@martinkalos), economista jefe de la consultora argentina Elypsis (@Elypsisweb) y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UVA @UBAonline), explica a 65YMás que "el gasto en jubilaciones representa el 40% de todo el gasto público nacional (luego hay otras partidas que gastan las provincias, como la salud pública o la educación pública). Y además está lo que en Argentina se llaman pensiones, y que en conjunto representan el 60% de todo el gasto público nacional. Las jubilaciones deben rondar el 7%-8% del PIB y el total del gasto público en Seguridad Social con todas estas cuestiones que no son jubilaciones estrictamente, el 11% del PIB", detalla Kalos. 

"En las arcas públicas no hay dinero suficiente para todas las necesidades", reconoce este economista, que fue director de Cooperación y Negociaciones Bilaterales en el Ministerio de Agricultura, y que recuerda que Argentina "está inmersa en una crisis que dura ya casi dos años, los recursos escasean y el Gobierno se ha visto obligado a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional".

El problema del gasto es también enfatizado por la OCDE (@OECD). Según apuntan fuentes oficiales del organismo a 65Ymás, sus dos recomendaciones para el sistema de pensiones argentino son "equilibrar los gastos de pensiones y las contribuciones en el sistema de reparto para lograr la sostenibilidad; y promover pensiones complementarias financiadas voluntariamente para diversificar las fuentes de financiación de la jubilación".

 

Jubilaciones muy bajas y sin fórmula automática de actualización

A finales de 2019, el Gobierno de Alberto Fernández suspendió por seis meses la fórmula automática de movilidad o revalorización de las pensiones, un sistema que solo ha estado vigente dos años y mediante el cual se subían las pensiones, ligadas a la inflación. A partir de ahora, es el poder ejecutivo quien determina los próximos aumentos, previstos para marzo y junio.

Tal y como explica a 65Ymás el economista y exdiputado nacional por el partido Unidad Popular Caudio Lozano (@Lozano_Claudio), que acaba de ser nombrado director del Banco de la Nación Argentina, "en principio, se pagará una suma fija que implicará un aumento mayor para las jubilaciones más bajas y una pérdida para las más altas. Por otra parte, han quedado fuera de la suspensión por 180 días los regímenes especiales y de privilegio (docentes, universitarios, poder judicial y diplomáticos). El Gobierno ha afirmado que eliminará las jubilaciones de privilegio".

 

Claudio Lozano, economista y director del Banco de la Nación Argentina.

 

Lozano pone de relieve que "la mayor parte de las pensiones tienen valores miserables. Más de la mitad de los jubilados y pensionados argentinos no llega a cubrir con sus ingresos el 50% del valor de la canasta de bienes y servicios que necesita para vivir". Muy crítico con los gobiernos que "suelen ufanarse diciendo que el gasto en pensiones es una enormidad, que representa más del 60% por ciento del gasto de la Administración Central y qué hay que reducirlo", este economista detalla: "Lo que no dicen es que existen aportes personales, de las empresas e incluso ciertos impuestos que se recaudan con el objetivo de financiar las jubilaciones. Al descontar los ingresos, el gasto neto en pensiones se ubica en torno al 28% del total que gasta la Administración Central y deja de ser el principal gasto del Estado. Al desmontar esta falacia surge que el principal ítem del Presupuesto nacional es el pago de los intereses de una deuda impagable".

 

 

En Argentina, las pensiones se revalorizan trimestralmente, debido a que la elevada inflación (2019 acabó con una inflación del 53,8%) provoca una enorme pérdida de poder adquisitivo. Tras la suspensión de la fórmula automática de actualización, los ajustes trimestrales se hacen de forma discrecional, de hecho, el Gobierno aprobó en diciembre un bono de 5.000 pesos (75 euros) para quienes cobran la jubilación mínima (14.068 pesos) y tienen una sola prestación (jubilación o pensión). Para el resto de los beneficiarios, el bono es la suma que completa su haber hasta alcanzar los 19.068 pesos (jubilación mínima más los 5.000 pesos).

Hace unos días, Alejandro Vanoli, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES @ansesgob), dejó entrever que, en efecto, la antigua fórmula automática se va a reemplazar por el abono de una suma fija y no porcentual, "con el objetivo de mejorar a los jubilados que cobran las prestaciones mínimas", tal y como recoge la prensa argentina.

 

Alejandro Vanoli, director ejecutivo del ANSES, con un grupo de jubilados.

 

De acuerdo a Vanoli, la próxima actualización de las pensiones se realizará en marzo, fecha en la que unos 7,3 millones de personas verán aumentadas sus pensiones en un 11,5%, ya que el nuevo régimen se aplicaría a las prestaciones del régimen general, a las no contributivas y a la pensión universal al adulto mayor (PUAM). Y quedarían excluidos los regímenes especiales, como docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos, servicio exterior, jueces y magistrados y Luz y Fuerza.

 

A partir del 10 de diciembre, comenzamos una nueva etapa en el país y en la @ansesgob. Entre todxs vamos a construir la Argentina que nos merecemos ?? pic.twitter.com/JGxxqnji8q

— Alejandro Vanoli (@avanoliok) 13 de enero de 2020

 

Mientras tanto, asociaciones como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, mantienen sus reivindicaciones. "La jubilación y pensión no son un subsidio, son el recupero de un salario o ingreso diferido y entregado al Estado durante toda la vida activa. Es fundamental el debate de nuestro proyecto de una nueva ley previsional que reemplace la ley 24.241 y las normas dictadas en su consecuencia", reclaman estos pensionistas, para quienes "en lo inmediato, es urgente un aumento de emergencia incorporado a los haberes en todas las escalas".

Sistema en permanente discusión

"El modelo de pensiones en Argentina está siempre en discusión por la magnitud del gasto que representa. Cuando uno plantea repensar todo el gasto público, es inevitable hablar del sistema jubilatorio. Y éste ha sufrido grandes cambios en los últimos 15 años", asegura Martín Kalos, "y siempre se discute cómo financiarlo, porque la mitad de los ingresos del ANSES no viene por cotizaciones o aportes a la Seguridad Social (impuestos a la nómina salarial) sino de impuestos generales como el equivalente al IVA español y al IRPF. También se discute cuánto tiene que ser una jubilación mínima, cuál debe ser el importe de las más altas, o la edad de jubilación. Esas tres cosas están siempre en discusión en Argentina porque supone una parte muy importante del gasto. Pero hoy no hay propuestas concretas, al menos en agenda, para modificar el sistema", remacha Kalos.

 Además de ser un porcentaje de gasto muy abultado, según el instituto Idesa, las cotizaciones "alcanzan para pagar tan solo el 60% de lo que cuestan las pensiones, de modo que el 40% restante se paga mediante impuestos asignados al régimen previsional y transferencias del Tesoro nacional".

 

Acto reivindicativo de la Mesa Nacional Jubilados y Pensionados de Argentina.

 

Carlos Malamud (@CarlosMalamud), investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano (@rielcano), detalla que, cuando en diciembre de 2019, se aprobó la no actualización automática de las pensiones, "se eximió de la no actualización algunas jubilaciones de privilegio, como los jueces y diplomáticos. La no actualización automática de las pensiones va a perjudicar sobre todo a los perceptores de medias y altas pensiones, pero no va a afectar al sistema propiamente dicho". Esta medida no está tanto destinada a sanear el sistema de pensiones, como a recortar el gasto público. La congelación se ha aprobado para seis meses, pero luego lo prorrogarán, seguramente. Dependerá mucho de la evolución de la propia coyuntura económica, afirma. 

1,5 millones de pensiones no contributivas

El coste fiscal de las pensiones no contributivas (1,5 millones de personas en diciembre de 2019, de las cuales alrededor de un millón son de invalidez) en Argentina es del 2,5% del PIB cada año, esta red no contributiva alcanza al 90% de la población de edad avanzada, según el informe La preocupante situación de los sistemas previsionales en América Latina elaborado por Augusto de la Torre y Heinz P. Rudolph.

Las pensiones no contributivas las gestiona la ANSES, según la cual hay tres tipos consideradas “formales”: invalidez (personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), madres de siete o más hijos (no importa el estado civil ni la edad), mayores de 70 años sin cobertura previsional. Existe un cuarto grupo: pensión graciable para personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas hasta diciembre de 1983. En todos estos casos, los titulares cuentan con cobertura médica integral administrada por el Programa Federal de Salud (PROFE) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

 

 

La enorme deuda pública de Argentina está detrás de la congelación de las pensiones, en un intento del Gobierno de Fernández de bajar el gasto público, y es además consecuencia de las exigencias que el FMI impuso a Argentina para darle en 2018 el préstamo de 56.300 millones de dólares en tres años. De hecho, en julio de 2019 el FMI desembolsó al país 5.400 millones de dólares en el marco de ese préstamo.

El FMI aconseja endurecer las jubilaciones

En su informe El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece (Report 16/346, de noviembre de 2016), el FMI realiza recomendaciones muy concretas a Argentina:

-Incrementar la edad de jubilación, en especial de las mujeres, que ahora pueden jubilarse a los 60 años, con 30 años de cotizaciones, mientras los varones se jubilan a los 65 años, también con 30 años de aportaciones y con la opción de retrasarlo hasta los 70 años.

-Reducir el importe inicial de las futuras nuevas jubilaciones, bajando un 20% la tasa de sustitución, que hoy ronda el 55%-65% del salario promedio de los últimos 10 años.

-Modificar la fórmula de actualización que se concretó en diciembre de 2017, y que ahora el Gobierno ha congelado.

-Cambiar los regímenes especiales que tienen ciertas actividades que se jubilan con el 82% o 85% del salario, como docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, Luz y Fuerza, Servicio Exterior y Poder Judicial.

-Pensión por viudez: eliminarla para los cónyuges que trabajan o están jubilados o jubiladas.

-Restablecer un sistema privado de capitalización. Hay dos alternativas: dejar abierta una opción para que el trabajador derive una parte o todo el descuento jubilatorio a un régimen privado y otorgar incentivos fiscales para realizar aportes adicionales a un sistema privado.

Según el economista Claudio Lozano, recién designado director del Banco de la Nación Argentina, "la recomendación del FMI pretende ajustar las cuentas públicas sobre la cabeza de los jubilados. Bajar el gasto en previsión es su objetivo. Pretende modificar a la baja el cálculo del haber jubilatorio inicial, con lo cual este sería un porcentaje inferior respecto al salario. Pretende también subir la edad jubilatoria sobre todo en las mujeres. Esperamos que el nuevo gobierno, tal cual lo ha dicho, tome un camino distinto", declara a 65Ymas.

 

"Macri-FMI: un acuerdo plagado de irregularidades" repaso de todos los puntos por los que reclamamos que la deuda tomada con el FMI durante el gobierno de Macri sea declarada ILEGAL. Incumplió la ley argentina y el estatuto del propio Fondo. https://t.co/fUlIpPXkMy

— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) 23 de enero de 2020

 

Para Lozano, dirigente político de larga trayectoria, la crisis del sistema de pensiones "es la contracara del deterioro productivo, el aumento del desempleo, del trabajo no registrado y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Hoy en la Argentina la mitad de la fuerza laboral está por fuera de la economía formal. Transita en la informalidad". En ese sentido, considera que los problemas actuales son "el resultado de la reestructuración vivida por nuestro país en el marco del endeudamiento, la especulación financiera y la fuga de capitales. Proceso este del cual el FMI ha sido corresponsable".

¿Y el futuro?

Según el Índice Mundial de Pensiones elaborado por la consultora Mercer (@mercer), que analiza 37 sistemas de jubilaciones en todo el mundo, Argentina ocupa el penúltimo lugar tan solo por delante de Tailandia y por detrás de Turquía, debido a que cuenta con "importantes debilidades u omisiones que necesitan ser abordados. Sin esas mejoras, su eficacia y sostenibilidad están en duda”. Más en detalle, según Mercer, "sus tres subíndices, esto es adecuación, sostenibilidad e integridad, están significativamente bajo la media del total de los países evaluados, lo que indica que a su sistema de pensiones le urge una profunda reforma".

La consultora internacional recuerda que en 2008 Argentina "eliminó el sistema de capitalización que se creó en 1994 (que seguía al modelo chileno). Todos los ahorros de los trabajadores acumulados en las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) fueron expropiados y trasladados al Estado, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la que con dichos recursos financió sin sobresaltos el pago de las pensiones de reparto, pero en la última década el gasto público más que se duplicó". 

 

En opinión de Carlos Malamud, del Instituto Elcano, "lo que supongo que ocurrirá probablemente será que, a futuro, las jubilaciones más altas, en vez de una actualización automática con la inflación, empiece a haber un retraso y que las prestaciones empiecen a perder poder adquisitivo". ¿Por qué se llega a esta situación? "Una de las herencias que recibió Mauricio Macri es que el kirchnerismo multiplicó de modo espectacular el número de empleados públicos y además creció exponencialmente la cifra de pensionistas y de jubilados. Por ejemplo, muchas amas de casa, con un mínimo de contribución, obtuvieron la jubilación, y lo mismo se aplicó a miles de personas aunque no tuvieran las cotizaciones necesarias. Y esto es un pozo de gasto espectacular para el sector público. Según este experto en asuntos internacionales, "los problemas del sistema de pensiones argentino son muchos: en algunos casos la pensión se obtiene a los 60 o sesenta y pocos años, o inclusive menos en algunos sectores".

El economista argentino Martín Kalos asegura a 65Ymás que "algo que se lee entre líneas de los responsables políticos, del presidente Alberto Fernández para abajo, es que pretenden aumentar más de un 11,5% a las prestaciones más bajas y mínimas, y subir en menor medida las pensiones medias y altas. Pero hasta no ver qué sucede en marzo, es difícil juzgar ya que la fórmula actual es discrecional (voluntad del Gobierno) para luego implementar una nueva fórmula que tendrá que ser aprobada por el Congreso de la nación". Y tampoco se sabe si los bonos que se dieron (aumentos extraordinarios aprobados para enero y febrero) "serán tomados como parte del aumento que se dará en marzo, que es lo más probable en mi opinión, o serán extras que no computarán contra ese aumento", argumenta Kalos.