Las pensiones caerían un 1,87% si se aplicase el índice de revalorización de las pensiones (IRP) sin tener en cuenta el suelo del 0,25% y el techo (IPC+0,5%), según se desprende de un estudio realizado por Willis Towers Watson.
En concreto, en el Observatorio de Pensiones se señala que a pesar de que el Congreso aprobó la no aplicación del índice de revalorización para 2018 y 2019 como consecuencia de la negociación de los presupuestos para 2018 y de que es posible su futura derogación, este estudio es "importante" para conocer su valor teórico y para conocer la salud financiera del sistema de pensiones español.
Para la compañía, el valor de -1,87% es lo suficientemente importante como para seguir preocupados por la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, "máxime cuando se está planteando volver al IPC sin una clara estrategia asociada al aumento de gastos".
El objetivo del estudio es calcular el valor adelantado del índice para 2020 con la información que proporciona la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, tras el segundo trimestre de 2019. Según Willis Towers Watson, "este es un indicador mucho más potente y realista que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados, que tradicionalmente se han utilizado".
Por otro lado, el Observatorio apunta que, según su cálculo, las pensiones tendrían que haber caído un 2,52% en 2016, un 2,96% en 2017, un 2,58% en 2018 y un 2,13% en 2019, según el IRP teórico que publicaba la Seguridad Social en su informe económico financiero de los Presupuestos en los tres primeros casos y según los estudios de Willis Towers Watson realizados para 2019.
El IRP adelantado es "mejor" que el descenso calculado para 2019, ha apuntado la compañía, que también ha resaltado que lo más notorio es el incremento del término de ingresos, que ha pasado del 2,41% al 3,76%.
No obstante, como parte negativa, Willis Towers Watson ha señalado que el término de corrección del déficit aumenta su deterioro al ser mayor el déficit estructural del sistema.
Por otro lado, el estudio apunta que la inclusión de una transferencia adicional en los Presupuestos de 2018 y 2019 sin destino específico para cubrir el pago de las prestaciones contributivas modifica el comportamiento mantenido hasta la fecha.
De hecho, cree que pone en riesgo cumplir con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que aconseja separar las fuentes de financiación.
Además, señala que el sistema contributivo "pasa a ser menos transparente" para realizar un seguimiento, ya que no depende solo de las cotizaciones recibidas, sino que está supeditado a que, cada año, los Presupuestos recojan unas transferencias cuyo importe entrará en competencia con el resto de partidas que componen el Estado de Bienestar.
También cree que "abre una puerta" a la discrecionalidad en la toma de decisiones a corto plazo reduciendo el incentivo a tomar decisiones consensuadas con la mayoría.
"La financiación con impuestos supone una interferencia en el desarrollo del propio sistema. Se podría llegar a interpretar como que cada contribuyente está pagando un salario diferido a los pensionistas actuales", añade.
Asimismo, considera que se aparca el problema de la autofinanciación del sistema, creando "una cortina de humo" que no deja ver y, por lo tanto, solucionar el verdadero problema del sistema español, "que es su excesiva generosidad".
Por último, Willis Towers Watson ha afirmado que es relevante plantearse posibles reformas en la aplicación del IRP, dado que todavía no está derogado, o sistemas de revalorización alternativos que tengan en cuenta el IPC.
Así, cree que en caso de abandonar totalmente el IRP, la revalorización con el IPC debería modularse teniendo en cuenta variables últimas como ingresos y gastos contributivos, mejor que variables intermedias, como el número de cotizantes o el número de pensionistas.
