Lunes 20 de noviembre de 2023
ACTUALIZADO : Martes 21 de noviembre de 2023 a las 15:50 H
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Elma Saiz, concejala socialista en el Ayuntamiento de Pamplona y miembro del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) desde 2004, con 48 años, es la nueva ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias. Toma el relevo de José Luis Escrivá, quien asumirá Transformación Digital, que antes estaba incluido en la cartera de Economía.
Elma Saiz ha sido consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno autonómico de Navarra, que preside la socialista María Chivite. Fue también delegada del Gobierno de Navarra entre los años 2008 y 2012. Ahora mismo estaba en el Ayuntamiento de Pamplona como portavoz después de ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 28 de mayo.
La nueva ministra de Seguridad Social nació en Pamplona en 1975, se licenció en Derecho y estudió un Máster en Asesoría Fiscal. Comenzó su carrera profesional como asesora fiscal en una consultoría tributaria para empresas y particulares. Mas tarde, trabajó en el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, en el Área de Desarrollo Normativo y Fiscalidad. Saiz es miembro del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) desde 2004. Actualmente es también docente colaboradora en diversos estudios de postgrado y másteres en la Universidad de Navarra.
#SI a la convivencia, a la igualdad de derechos y oportunidades y a seguir construyendo un futuro mejor para toda la sociedad @PSOE pic.twitter.com/47osONwX3H
— Elma Saiz Delgado (@SaizElma) November 4, 2023
La nueva ministra de Seguridad Social afrontará en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo. En la pasada legislatura, el Gobierno puso en marcha su reforma de pensiones en dos fases. La primera pata consagró la revalorización de las pensiones con el IPC, revisó el modelo de jubilaciones anticipadas e introdujo mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral al objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.
En esta primera fase de la reforma, se eliminó el llamado factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 del Gobierno del PP, que fue sustituido por el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuya entrada en vigor se produjo este mismo año y con el que se estableció una sobrecotización inicial del 0,6%, que irá subiendo progresivamente hasta el 1,2% en 2029.
La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contempla subidas de bases máximas y cotizaciones, mejoras en las pensiones mínimas y el establecimiento progresivo, a partir de 2027, de un modelo dual para calcular la pensión, con la posibilidad de elegir entre los últimos 25 años cotizados o 29 años, descartando en este último caso los dos peores.
De acuerdo con esta reforma, desde el próximo año y hasta 2050, las bases máximas de cotización subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos, y las pensiones mínimas contributivas experimentarán, también desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.
Otro de los grandes retos de esta legislatura en materia de Seguridad Social será el arranque, previsto para las próximas semanas, del macrofondo de pensiones de promoción pública diseñado por el Ministerio de Escrivá en la anterior legislatura.
El último paso para que este macrofondo eche a andar se produjo tan sólo hace unos días, cuando la Comisión Promotora y de Seguimiento (CPS) de los fondos de pensiones de empleo abiertos de promoción pública nombró a los 13 integrantes de la Comisión de Control Especial, órgano encargado de la supervisión de dichos fondos.
La constitución de esta Comisión de Control, integrada por miembros del Gobierno, CCOO y UGT y organizaciones empresariales, tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
Junto a estas dos reformas, el Ejecutivo llevó a cabo en la anterior legislatura otras reformas que continuarán desplegándose en los próximos años, como la reforma del sistema de cotización de los autónomos en función de sus rendimientos netos y la reforma de la Ley de Planes de Pensiones de Empleo, con la que se estableció un marco normativo actualizado para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral entre todos los trabajadores.
Esta norma, aprobada tan sólo unos días antes de las elecciones generales del 23 de julio, fijó los elementos básicos para la constitución y funcionamiento de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos.
Junto a todo lo anterior, PSOE y Sumar incluyeron en su acuerdo para la constitución del nuevo Gobierno, diversas materias que afectan a la Seguridad Social y que formarán parte de las medidas a afrontar por el Ministerio de la Seguridad Social en esta legislatura.
Así, dicho acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se han comprometido a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se han comprometido a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
