Pensiones: Endurecer las jubilaciones anticipadas genera discrepancias entre los expertos

Gay de Liébana: "Habrá recortes en pensiones, con tasa de sustitución del 70% y sin IPC"

Tamames: "La edad de jubilación subirá a 68-69 años y la tasa de sustitución de la pensión bajará"

Escrivá: "En España hay demasiadas jubilaciones anticipadas voluntarias"

Jubilación anticipada: El 5,4% de jubilados tiene menos de 65 años y cobra el doble que la media

UGT exige acabar con las "falsas jubilaciones anticipadas voluntarias" de mayores de 50 años

 

 

El Gobierno está decidido a dificultar las jubilaciones anticipadas voluntarias, endureciendo los coeficientes correctores que penalizan la pensión de quienes se retiran antes de la edad legal (este año, 65 años y 10 meses con menos de 37 años cotizados). Lo hará de manera progresiva, según lo ha anunciado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y es una medida que seguramente incluirá entre sus recomendaciones el Pacto de Toledo, que preside la exministra Magdalena Valerio.

Según Escrivá, los trabajadores con rentas altas, que son los que más se jubilan de forma temprana, apenas sufren una penalización del 2% por cada año de adelanto, mientras que personas con salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizadas con un 8%. "Es un modelo regresivo que queremos corregir", aseguró el ministro hace unos días cuando comparececió ante el Pacto de Toledo.

Para los expertos, endurecer aún más las jubilaciones anticipadas es una medida que puede generar polémica, y sobre la que no existe un consenso unánime. Por una parte, se oponen todos aquellos trabajadores que piensan acogerse a ella, además de plantear posibles complicaciones a Escrivá, pues el socio de Gobierno, Podemos, llevaba en su programa electoral el aprobar fórmulas para la jubilación anticipada y mejorar sus condiciones. Además, algunos economistas, expertos y sindicatos expresan dudas sobre la "voluntariedad" real de ciertas jubilaciones anticipadas, a las que acceden desde el desempleo numerosos trabajadores sénior que han sufrido ERTE o despidos improcedentes.

Incentivar puede ser más efectivo que penalizar

José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), subdirector de Fedea (@socialfedea), considera que la intención anunciada por Escrivá de alargar la edad de jubilación "es acertada, y por tanto creo que la propuesta del ministro está bien motivada. Se trata de adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad". Ahora bien, "cuando se trata de reducir las jubilaciones anticipadas voluntarias o trabajar más allá de la edad legal, la estrategia más acertada es la de diseñar bien el esquema de incentivos. Pero hay que tener cuidado con las jubilaciones anticipadas involuntarias (o por causas ajenas al trabajador), en este caso es necesario entender primero cómo gestionan las empresas la edad de las plantillas y ver cómo funciona el mercado laboral de los trabajadores mayores", advierte Conde-Ruiz.

 

 

El director del Instituto Santalucía (@santalucia_inst), José Manuel Jiménez Rodríguez (@yimy65), asegura que “las penalizaciones por anticipar la edad de jubilación antes de la edad ordinaria son muy elevadas, por lo que se deberían buscar otras soluciones para conseguir aumentar la edad de jubilación, como políticas activas de empleo para los mayores de 65 años y más incentivos para las jubilaciones posteriores a la edad legal". Así lo ponen de manifiesto dos estudios del Instituto de Actuarios Españoles y del Banco de España, “que miden el factor de equidad actuarial del sistema contributivo de pensiones español, y coinciden en destacar que se recibe más de lo que se aporta, y que las pensiones anticipadas son las que tienen un ratio menor entre cantidades recibidas y aportadas”, argumenta Jiménez.

No basta con penalizar el retiro anticipado

La penalización por jubilación anticipada "está un poco por encima de la que sería actuarialmente justa. Se aplica actualmente entre un 6% y un 8% anual, cuando debería aplicarse alrededor del 6,5%", explica Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia e investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE @Ivie_news). En este sentido, jubilarse anticipadamente es "malo" para los que la adelantan, y si esto aún se endurece más (como parece que quiere hacer el Ministerio), "todavía será peor para quienes opten por ello". 

De forma conjunta, y según los cálculos del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, retrasar la edad efectiva de jubilación (para todos los individuos, no solo para los de anticipada) supondría un ahorro (en valor actual actuarial) del 0,9% del gasto en pensiones de 2019; es decir unos 52 millones de euros. "Es mucho más efectivo retrasar la edad ordinaria de jubilación un año, lo que supondría (si también se retrasa la edad efectiva en un año), de un 4,5% (en valor actual actuarial) del gasto total: unos 260 millones", sentencia Devesa.

 

Fuente: Seguridad Social

 

En opinión de Emilio J. González, profesor de Economía de Comillas-Icade, "para afrontar el problema de las prejubilaciones no basta con penalizarlas. Hay que incidir también en todos aquellos aspectos de la normativa laboral que provocan que las empresas tiendan a despedir a los trabajadores de más edad". Se trataría, por ejemplo, de los mecanismos de formación de los salarios, de la adaptación de los salarios a la productividad, de la movilidad geográfica y funcional o de la formación a lo largo de toda la vida laboral.

"Si no se hace esto, el decir que se va a penalizar a las empresas que prejubilen no servirá de mucho para frenar las prejubilaciones. Además de actuar sobre las prejubilaciones, habría que hacer una segunda cosa: eliminar la jubilación forzosa a una determinada edad, y permitir que todo aquel que quiera pueda seguir trabajando más allá de los 70 años", afirma González. 

Subir las penalizaciones, pero sin hacerlas desorbitadas

Para José Antonio Herce (@_Herce), economista experto en pensiones y socio fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions), la medida avanzada por Escrivá de endurecer las jubilaciones anticipadas "ya toca, porque la legislación actual de penalizaciones se estableció hace décadas, y mientras tanto la esperanza de vida ha aumentado en seis-ocho años". Está convencido de que es preciso "subir las penalizaciones sensiblemente, algo que probablemente enfurecerá a los sindicatos y a los trabajadores, pero no queda más remedio. Y sería bueno que dejara de funcionar la cláusula UGT, que permite que mucha gente siga jubilándose en base al régimen anterior, y que todos los jubilados (a edad ordinaria o anticipada) lo hicieran con arreglo a la ley de 2011".

Ahora bien, José Antonio Herce advierte de que "las penalizaciones tampoco pueden ser desorbitadas, porque nadie querría jubilarse anticipadamente y habría que pagarles la pensión completa a a su edad legal, lo que podría salir muy caro al sistema de Seguridad Social".

Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research (@BBVAResearch), considera que "no se trata de endurecer por endurecer las jubilaciones anticipadas, sino de tener en cuenta el equilibrio actuarial de las pensiones, por una cuestión de equidad". Asegura que dos personas que hayan acumulado el mismo volumen de cotizaciones a lo largo de su carrera laboral, deben recibir pensiones diferentes si una de ellas se jubila antes que otra y, por lo tanto, va a estar durante más años recibiendo una pensión. "Con un sistema de reparto de cuentas nocionales individuales, como en Suecia, este problema no existe. Ambas personas recibirán del sistema la misma cantidad en términos de su valor presente acumulado", afirma.

Acabar con la actual reducción de pensión "regresiva"

Para Mariano Jiménez, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN @OCOPEN_), "está plenamente justificado que haya coeficientes correctores en la jubilación anticipada, porque esta fórmula significa disminuir los años de cotización y por contra, aumentar los años de percepción de la pensión. El problema es que, con la regulación actual, se produce una gran diferencia en el resultado en función del salario que cobre la persona". Así, los trabajadores con una base reguladora muy elevada, aunque les apliquen los coeficientes reductores por jubilación anticipada, es posible que sigan quedándose por encima de la pensión máxima.

"Sobre eso, se les aplica un 0,5% por cada trimestre, en definitiva, un 2% por cada año que adelanten el retiro. En cambio, los trabajadores con base media de cotización sufren una penalización entre el 6,5%-8% de reducción anual. Con lo que sabemos de la reforma prevista, creo que no se trata de introducir nuevos coeficientes reductores ni penalizarlos más, sino corregir la aplicación regresiva de los coeficientes tal como están diseñados", especifica Mariano Jiménez. 

Oposición de los sindicatos

Tal y como señala la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera (@mcarmenbarrera), los sindicatos están en contra de que se endurezcan las jubilaciones anticipadas, pues "la inmensa mayoría son jubilaciones forzadas por la situación del empleo en nuestro país, que expulsa a los mayores de 50 ańos aunque formalmente estas jubilaciones aparezcan como jubilaciones voluntarias.

Para UGT, el problema está en el mercado de trabajo, pues "desde la reforma laboral se ha permitido a las empresas despedir a los trabajadores mayores de 50 años, que ya nunca vuelven a trabajar, su tasa de inactividad crece al 70% por año, y acaban jubilándose. Conforman un colectivo de más de 500.000 personas que finalmente sufren recortes en su pensión de hasta el 40%", argumenta Barrera, que reclama dos medidas: la derogación de la reforma laboral (lo que impediría estos despidos) y la eliminación de los recortes de estas pensiones, para quienes además han cotizado por encima de 40 años.

Por su parte, CCOO, cuyo secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, también acudió recientemente ante la comisión del Pacto de Toledo, reclama que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones "y se corrija la reforma de pensiones de 2013, no solamente en relación a la revalorización y el factor de sostenibilidad. Es necesario también reequilibrar la situación financiera de la Seguridad Social, separando los gastos que proceden de hacer frente a la pandemia del COVID de lo que procede de la situación estructural de la Seguridad Social".