Pensiones
Así son las pensiones en Europa: prestación definida, cuentas nocionales y hasta sistema de puntos
La reforma de las pensiones en la UE tiende a jubilar a los 67 años y computar toda la carrera
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La reforma de las pensiones públicas ha incendiado Francia, literal y figuradamente, poniendo de relieve las enormes presiones que sufren todos los países para hacer frente al pago de los derechos acumulados por los trabajadores a la hora del retiro. Ningún sistema parece estar a prueba de sobresaltos en Europa, pese a la gran variedad de modelos existentes.
El sistema público de pensiones español es de reparto (las cohortes activas financian con sus cotizaciones a las pasivas) y ofrece dos tipos de prestaciones (contributivas y asistenciales), que son sufragadas por las contribuciones sociales y por impuestos generales. Cubre la jubilación, el fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares) y la enfermedad (incapacidad permanente). La cuantía de las pensiones contributivas se calcula en función del historial laboral del individuo (años cotizados y bases a las que se cotizó) con un criterio de prestación definida. Además, existen pensiones contributivas mínimas (con complementos de mínimos financiados mediante impuestos generales) y máximas, que se fijan discrecionalmente cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Según detalla el informe anual del Banco de España (@BancoDeEspana), en 2018, el gasto en pensiones contributivas fue del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), con una tasa de dependencia del 29,8% (la ratio entre la población mayor de 64 años y la comprendida entre 16 y 64 años), una tasa de empleo del 58,5% (referida a la población de 16 a 64 años), una participación de los salarios en el PIB del 47,3% y una tasa de beneficio del 41,5%. El gasto en pensiones asistenciales ronda el 1% del PIB.
En conjunto, el sistema contributivo español presenta un déficit del 1,5% del PIB, que se ha ido cubriendo mediante aportaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (ahora prácticamente agotado) y, principalmente, con préstamos del Tesoro a la Seguridad Social. Y las alarmas no dejan de sonar sobre la urgencia de reformar el modelo actual para asegurar su sostenibilidad y preservar la solidaridad intergeneracional.
El último en alertar sobre la gravedad de la situación ha sido el Instituto de Actuarios Españoles (@IAE1959), que en un informe reciente aseguraba que el sistema de las pensiones públicas "no es sostenible actuarialmente, ni tampoco financieramente, y sin reformas de calado, en apenas 30 años, tres de cada cuatro euros (es decir el 75%) de pensión no tendrán cobertura financiera”, es decir, corren el riesgo de no poder pagarse. De hecho, Enrique Devesa, coordinador del informe y miembro del Instituto de Actuarios, considera que el desfase entre ingresos y gastos "prácticamente se multiplicará por tres en 30 años, en un escenario base con un IPC anual del 1,8% y suponiendo que se logre un crecimiento del PIB del 2%".
Gasto: desde el 17% del PIB de Grecia al 5% de Irlanda
La comparativa de los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa dibuja un panorama muy variado, con enormes diferencias en cuanto al gasto en relación al PIB, las edades de jubilación o los tipos de prestaciones (ver tabla inferior), ya que existen al menos cuatro clases: prestación definida (en 14 países, entre ellos España), prestación fija (en 5 Estados), cuentas nocionales (5 países), sistema de puntos (en 5 países: Alemania, Croacia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia).
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA
Los sistemas de prestación definida, como el español, son los más habituales en la UE ya que se desarrollaron desde el final de la II Guerra Mundial, coincidiendo con una prolongada etapa de crecimiento económico y demográfico. Consisten en que los trabajadores actuales sostienen con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados actuales, fijándose la cuantía según unos parámetros acordados y conocidos; motivo por el cual lo que se cobra una vez jubilado está definido con antelación.
En los modelos de prestación fija, como el irlandés, la cuantía se decide en función únicamente del periodo de cotización, a través de las contribuciones/ aportaciones medias anuales realizadas por el contribuyente, alcanzando el máximo (en Irlanda) con una media de 48 semanas de contribución en el año, y el mínimo con 10 semanas de contribuciones anuales. Además, existen suplementos fijos por alcanzar determinadas edades, por personas a cargo, por vivir solo, etc.
Las cuentas nocionales, que funcionan en Suecia o en Italia, son cuentas que se abren a cada trabajador la primera vez que se incorpora al mercado laboral y ahí se van sumando las cotizaciones a la Seguridad Social. A la hora de jubilarse, lo acumulado se dividie entre el número de años que resten según la esperanza vida media del país.
En los sistemas por puntos, como el que quiere implantar Francia, las cotizaciones se convierten en puntos, de forma que estos se acumulan a lo largo de la carrera laboral. Por ejemplo, en el caso ya probado en Rumanía, el contribuyente recibe cada año una serie de puntos con un valor en proporción al salario medio establecido por el Instituto Nacional de Estadística. A la jubilación, la suma del valor de los puntos se divide por el número de años de cotización. El importe de la pensión se obtiene multiplicando el número de puntos por el importe monetario del módulo establecido por la Cámara Nacional de Pensiones de acuerdo al saldo de los fondos de pensiones ese año.
España tiene la mayor tasa de sustitución pública
La tasa de sustitución se define como el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo. Es un factor clave, puesto que determina cuál será la pérdida de poder adquisitivo tras la jubilación, y es especialmente relevante en España ya que solo existe un pilar obligatorio para abordar las pensiones (las cotizaciones a la Seguridad Social), mientras que los pilares voluntarios (planes de pensiones de empresa y ahorro individual) están infradesarrollados.
En la actualidad, el sistema público español ofrece en torno al 80% de tasa de sustitución, que es una de las más generosas entre los Estados miembros de la OCDE. Dado que en unas pocas décadas nuestro país contará con una población fuertemente envejecida y una ratio de trabajadores activos respecto a inactivos mucho menos favorable, la cuestión es: ¿se podrá mantener el nivel de cobertura de la pensión pública en un futuro no tan lejano?
TASAS DE SUSTITUCIÓN DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA PÚBLICO
Las previsiones de varios organismos, como la Comisión Europea, vaticinan que, "en ausencia de reformas, en 2050 la tasa de sustitución caerá hasta el entorno del 49% del salario cobrado", según recordaba recientemente Elisa Ricón, directora general de Inverco (@INVERCOinfo). Más en detalle, el informe Envejecimiento 2018 de la Comisión Europea pronostica que se producirá un descenso gradual hasta situarse en el entorno del 58% en 2030, del 54% en 2040 y finalmente, del citado 49% a mitad de siglo. De cumplirse estas expectativas, la tasa de sustitución, y por tanto las pensiones de los próximos jubilados, disminuirían más de 29 puntos porcentuales.
Casi toda Europa retrasa el retiro a los 67 años
Si la legislación no cambia, en 2027 coexistirán en España dos edades legales de jubilación: los 65 años (si se han cotizado 38 años y 6 meses o más) y los 67 años (si se ha cotizado menos), según fija la reforma de las pensiones de 2013, mediante la cual se estableció un régimen progresivo para extender hasta los 67 la edad oficial.
Para el próximo año 2020, se endurecen las condiciones: a los 65 años únicamente podrán jubilarse quienes acrediten haber cotizado 37 años o más. Así las cosas, aquellos trabajadores con menos de 37 años cotizados habrán de esperar a cumplir los 65 años y 10 meses.
Pero, en la realidad, en nuestro país las jubilaciones antes de los 65 años todavía representan el 40% del total de las altas, según refleja un documento elaborado por la Dirección General de Economía del Banco de España y presentado por su director, Óscar Arce, quien reconoce que "la edad efectiva de jubilación ha aumentado en algo más de seis meses desde 2008" y defiende “reforzar” los incentivos para permanecer en el mercado de trabajo.
Este retraso en la edad de jubilación es característico de toda Europa, tal y como recoge KPMG (@KPMG_ES) en su estudio Situación de las pensiones en España, donde se detallan algunas de las medidas de reforma adoptadas en países vecinos. Entre ellas, existe coincidencia en retrasar la edad de jubilación; en computar todos los años de vida laboral para establecer la cuantía de la prestación; y también introducir modelos de capitalización (Suecia) y mixtos (Italia y Holanda) como complemento al sistema público.
En cuanto a los mecanismos de revalorización de las pensiones, la mayoría de países lo hace en función del IPC (en España esa es la intención del Gobierno en funciones para 2020, aunque de momento sigue en vigor el 0,25% establecido en la reforma de 2013), así como las subidas en función del crecimiento salarial (Alemania, Holanda o Suecia) y también de acuerdo al aumento del PIB, como en Portugal.
Preocupa la tasa de dependencia española
La tasa de dependencia (porcentaje de pensionistas sobre la población de entre 15 y 64 años) es también fundamental para evaluar los problemas de sostenibilidad de las pensiones públicas. Es un parámetro que va en aumento debido a la disminución de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida. En España, en los últimos 40 años ha evolucionado del 17,15% en 1976 al 29,61% en 2018, es decir, se ha incrementado en un 73%, según el mencionado informe de KPMG. "Según proyecciones efectuadas por la Comisión Europea, en 2056 en España podría haber 0,64 pensionistas por cada persona en edad de trabajar", alertan estos expertos.
